La ley catalana de transparencia arrastra siete años a medio desplegar

La revelación del sistema de prejubilaciones con 100% del sueldo en el Parlament no solo es un escándalo político sino también un espejo poco halagüeño para la salud de la ley catalana de transparencia. Según el último informe del Síndic de Greuges, de abril del año pasado, el avance de la norma en sus siete años de vigencia se ha “estancado”, mientras que la Oficina de Antifrau de Catalunya pone el foco en que no haya herramientas específicas para que las malas prácticas e incumplimientos no queden impunes. Su despliegue está a medias. Los expertos coinciden en la necesidad de apurar el proceso para tener un texto acorde con los nuevos tiempos.

Aunque el Parlament tenga su propio mecanismo de control en los temas de transparencia (para respetar la separación de poderes), la normativa deja claro que las adaptaciones que se hagan “no pueden comportar un régimen de garantía inferior” al que ya se prevé. La ley, aprobada en 2014 al calor de las reivindicaciones del 15-M y de la ola de fiscalización de los poderes públicos, tiene dos componentes principales: por un lado, garantizar el acceso a la información e incidir en las prácticas del buen gobierno.

En el caso de las prejubilaciones de la Cámara fallaron ambas patas, pero en el Ejecutivo también hay ejemplos de incumplimientos flagrantes. Los periodistas del diario Ara que expusieron las jubilaciones de oro de la Cámara se enfrentaron a una versión extrema del viacrucis al que en muchas ocasiones se enfrentan los medios o los ciudadanos que apelan a los mecanismos para solicitar información. En su caso, el recorrido incluyó nueve meses desde que se pidieron los datos sobre los prejubilados y el cobro de trienios; la discrepancia entre los órganos de garantía de la transparencia (con la dimisión en bloque de los que estaban de acuerdo con entregar la información) y la entrega de dos archivos sin la información completa.

“En temas como los salarios, y sobre todo cuando hay incentivos, el modelo debería ir a obligar a dar más información de manera activa”, cree Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del capítulo español de Transparencia Internacional. La ley establece el principio de publicidad activa, es decir, el catálogo de datos que se tiene que presentar de manera obligatoria en las web de las Administraciones. Para el resto de informaciones sí hay que hacer una petición formal, con un proceso pautado. Según el informe del Síndic del año pasado, el conjunto de las Administraciones catalanas recibió 11.199 solicitudes de acceso a la información, 2,3% más que en 2021 y con especial incidencia en el mundo local.

Las trabas para obtener la información también las refleja el Síndic en su informe, que realiza con base en 860 encuestas a diferentes entes. El texto recoge 63 denuncias (ninguna contra la Generalitat) de ciudadanos que creen que se vulnera su derecho a acceder a datos públicos. En seis de ellas se incoó expediente sancionador pero no hay constancia de ninguna sanción. La Comisión de Garantías del Derecho de Acceso a la Información Pública también hace un recuento, pero en este caso de personas que presentan una queja formal: 1.155 reclamaciones en 2019. Un 71% contra el silencio administrativo.

La propia ley incluye sanciones en el caso de que no se cumplan los plazos, pero las cifras reflejan pocos correctivos. Para Óscar Roca, director de prevención Antifrau, esto va en contra de la filosofía de la norma. “Sin castigo, sube la sensación de impunidad y eso es contraproducente para la transparencia”, asegura. En muchos casos, añade Roca, por falta de recursos y de claridad en la ley la misma instancia que niega la una información termina siendo la misma que tiene que dar respuesta a la queja por la no respuesta.

Parte de estos problemas radican en la falta de despliegue de la ley. Roca recuerda que hace un año se aprobó un decreto que desarrollaba, por ejemplo, temas respecto a las condiciones de acceso a la información. En lo que respecta al régimen sancionador queda mucho por hacer. EL Govern lleva dos legislaturas incumpliendo el plazo para publicar los patrimonios de sus miembros, como adelantó este diario.

“Estamos viendo cómo se descubren muchos escándalos, pero aún falta trabajar la mentalidad hacia la transparencia”, tercia José Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia. Una crítica que recoge el propio Síndic en su informe: hay que revisar la ejecución de un modelo que no avanza globalmente al mismo ritmo.

El límite de la protección de datos

La complejidad de garantizar la transparencia no pasa solo por el acceso sino también por la calidad de la información que se recibe. Invocar la normativa de protección de datos es uno de los principales argumentos en los que se escudan las Administraciones para evitar dar datos. No se trata del todo de una excusa: el informe de 2019 de la Comisión de Garantías del Derecho de Acceso a la Información Pública muestra que 87 de las 824 reclamaciones resueltas por ese ente implicaron valorar una colisión de derechos con el de acceso a la información.

En el caso de las jubilaciones del Parlament, se argumentó que revelar ciertos datos sobre las retribuciones implicarían identificar indirectamente al servidor público. El límite entre ambas cosas aún genera debate. El profesor Manuel Villoria, de la Universidad Rey Juan Carlos, recuerda que será uno de los retos de la nueva ley de transparencia a nivel estatal si se quiere, por ejemplo, poner luz sobre los pluses de productividad.

Óscar Roca, director de prevención de la Oficina Antifrau, recuerda que la protección de datos está reconocida como derecho fundamental mientras que el acceso a la información, no. Si bien es usual que se anonimicen datos como el lugar de residencia, hay situaciones en las que es imposible obviar la identidad y ahí Roca cree que se usa la protección de datos como comodín. “La ley establece que se tiene que dar acceso a cierta información personal si está estrictamente relacionada con la actividad del servidor público. Denegar el acceso solo puede ser excepcional”, dice.