La química que explotó en Tarragona recupera la plena actividad mientras los vecinos se sienten inseguros

La planta de la empresa Iqoxe en el polígono petroquímico de Tarragona humea a toda máquina y no muestra cicatrices de la violenta explosión que, hace dos años, hizo saltar por los aires un reactor donde se mezclaba óxido de etileno. La dirección de la compañía dice haber invertido 40 millones de euros en la reconstrucción de sus instalaciones, y afirma que los trabajos realizados “han incluido la implementación de mejoras técnicas para la adecuación de las instalaciones por encima de la normativa vigente”. Pero la rehabilitación no difumina el recuerdo ni el susto de los vecinos de Tarragona y de la Canonja, que siguen con la incertidumbre de convivir con un polvorín que dio muestras de su capacidad destructora. Más aun, cuando las causas que provocaron la explosión continúan sin aclararse.

“Dormimos con miedo”, manifiesta Loli Gutiérrez, una de las portavoces vecinales. Los desperfectos por el estallido alcanzaron a más de 150 viviendas. Este viernes se ha convocado una manifestación delante de la planta, para exigir unos protocolos de seguridad acordes con el peligro potencial que implica el complejo industrial de Tarragona, considerado el motor petroquímico más importante del sur de Europa. “La empresa no ha reconocido su responsabilidad ni ha pedido perdón a las familias de las víctimas, ni a los vecinos”, rezaba el manifiesto que se leyó a las puertas de la fábrica. Un comunicado apoyado por los ayuntamientos de Tarragona, Constantí y Vila-seca, y donde se exigía a la Generalitat y al Gobierno del Estado “que se pongan las pilas”.

El 14 de enero de 2020, dos trabajadores murieron por el estallido del reactor de Iqoxe, y también falleció un vecino del barrio de Torreforta, que quedó sepultado dentro de su propio piso por efecto de la onda expansiva. Una plancha de hierro voló una distancia de casi tres kilómetros hasta que impactó contra la fachada de la vivienda de la víctima. “Todo sigue igual”, critica Alfonso López, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT). Denuncia que sigue sin haber un reglamento claro que guíe a los vecinos para protegerse ante un nuevo siniestro. “No sabemos si nos tenemos que confinar o qué hacer, y haríamos lo mismo: salir corriendo”. En la concentración ante la empresa han estado el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, y varios cargos municipales, pero ha sido poco concurrida. Apenas había 150 personas. El desapego se valoró con disgusto por los convocantes: “La seguridad de ahora es la de nuestros hijos y nietos”, advirtió Alfonso López. No ayudó a movilizar a gente la desunión que hay entre varias asociaciones vecinales, desde que Iqoxe ofreció al barrio de Bonavista, el que queda más pegado a la fábrica, ayuda económica y donaciones de material, como por ejemplo centenares de geles hidroalcohólicos para las entidades.

Coincidiendo con el segundo aniversario del accidente, la empresa informó que la plantilla haría un minuto de silencio, pero sin detener la producción. No se convocó al personal, 130 trabajadores, en un mismo punto y a una misma hora “para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones”. La cúpula de Iqoxe, comandada por José Luis Morlanes, se ha visto salpicada de manera recurrente por la polémica, desde que la planta explotó. Incluso se les acusó de no dar información con presteza al centro de emergencias, tras el accidente químico. Hay una investigación judicial en trámite. “No se han hecho avances significativos con respecto a las reivindicaciones sindicales y ciudadanas para mejorar la seguridad y garantizar que no se vuelva a producir un suceso como aquel”, denuncia el sindicato CCOO. “Los simulacros, el plan de comunicación y los SMS son claves para recuperar la confianza”, sostiene el alcalde de Tarragona.

La explosión marcó un punto de inflexión en la relación de los vecinos con la petroquímica. Aquella tarde, las sirenas no sonaron y el desconcierto ante la posibilidad de que se cerniera una nube tóxica sobre las casas agitó el pánico. Ricomà demanda la habilitación de un sistema de avisos por SMS que pongan sobre alerta a la ciudadanía en caso de emergencia. Culpa al Gobierno central del retraso. La Generalitat ha instalado 56 sensores de cloro y de sulfuro de hidrógeno para detectar escapes tóxicos de las industrias hacia el exterior.

24 meses después del accidente químico, la fábrica funciona a pleno rendimiento, con las preceptivas autorizaciones de la Generalitat. “La autorización llegó una vez satisfechos todos los requerimientos administrativos en materia de implementación de medidas de seguridad adicionales”, alega la empresa.

Iqoxe es la única industria de la península que produce óxido de etileno, un compuesto altamente tóxico y que es básico para la elaboración de productos químicos orgánicos, como el etilenglicol, detergentes, fibras de poliéster o anticongelantes.

Sin el suministro de Iqoxe, las empresas químicas españolas tuvieron que buscar proveedores fuera, lo que disparó sus costes de producción.