Abogados constitucionalistas instan al Govern a cumplir las sentencias del catalán

Mientras el procés pierde fuelle, la pugna entre independentistas y constitucionalistas se mantiene en el seno de algunos colegios profesionales. Más de 1.800 personas, la mayoría abogados, han firmado un manifiesto en el que instan a la Generalitat a dar cumplimiento a las sentencias que obligan a impartir al menos un 25% de castellano en las aulas. Los firmantes, muchos de ellos miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) piden a los políticos que no difundan mensajes “poco rigurosos” que “confunden y confrontan”. El texto reclama a la Generalitat que “cumpla” su función y facilite el “ajuste del sistema educativo a la legalidad”.

Una representación de los firmantes se concentró este jueves en la sede del ICAB en un acto de demostración de fuerza que tiene su origen en una polémica con el sector independentista del colegio. El pasado 21 de diciembre, la Sección de Derecho Constitucional del ICAB expresó su preocupación por la respuesta de las autoridades de la Generalitat ante la sentencia que reconoció el derecho de unos padres a que su hija reciba al menos el 25% de clases en castellano en una escuela de Canet de Mar (Barcelona). El consejero de Educación, Josep González Cambray, instó a incumplir la resolución.

El diputado de Junts per Catalunya Jaume Alonso-Cuevillas, que también es abogado, lideró una campaña que culminó con la firma, por 200 abogados, de un manifiesto contrario a los postulados de la Sección de Derecho Constitucional. Se les acusaba de haber difundido un texto “estrictamente político” y de estar “alineados con las tesis ultranacionalistas”.

La respuesta de los constitucionalistas a la iniciativa de Cuevillas —que fue decano del ICAB y, en las últimas elecciones, trató de encumbrar sin éxito a un candidato independentista— no se hizo esperar. El abogado Javier Berzosa lideró una campaña en Change.org que hasta el jueves había recogido más de 1.800 firmas.

El texto difundido este jueves señala que, si la administración no cumple su función, serán los abogados quienes tengan que “solicitar la ejecución de la sentencia en nombre de las familias afectadas”. El grupo de abogados resalta que el Govern debe “tomar las medidas necesarias” para que se cumpla la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que marca un 25% de castellano para el conjunto de la enseñanza. La plataforma ha condenado también cualquier forma de “discriminación” contra los menores afectados por estas medidas, en alusión al acoso sufrido en redes sociales por la familia de Canet de Mar.