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“Tratamos de que los niños no se den cuenta, pero lo saben todo”

Cuatro de cada 10 familias con hijos en el área de Barcelona vive en riesgo de exclusión, una situación agravada por la pandemia y el difícil acceso a la vivienda

Josep Catà Figuls
Yesenia Anaya, usuaria de Cáritas, junto a dos de sus sobrinos en el salón de su casa el pasado viernes.
Yesenia Anaya, usuaria de Cáritas, junto a dos de sus sobrinos en el salón de su casa el pasado viernes.Albert Garcia Gallego

En casa son nueve y un gato. “Si lo entrevistas a él, te dirá que está harto de todas nosotras”, bromea Yesenia Anaya, a quien, con solo 37 años, las circunstancias la han convertido en la matriarca del piso en el que vive cerca de la plaza de Espanya de Barcelona. Vino sola desde El Salvador en 2016, en busca de un trabajo que le permitiese traer a su hijo y salvarlo de ser captado por las pandillas violentas que hay en su país. Lo consiguió in extremis: “Cuando lo vi en el aeropuerto al llegar, me quedé muy mal, le había cambiado la forma de caminar, le habían empezado a lavar el cerebro. Ahora por suerte eso ya pasó”. Después vino su hija, su hermana, su cuñado, su sobrino, dos primas y el hijo de una de estas. Nueve en total en un piso de unos 60 metros cuadrados, en el que todos dependen en mayor o menor medida de ella, la única que ha conseguido papeles.

Su caso, afirma, es “afortunado” con respecto a la situación en la que están otras familias. Anaya vive en un piso digno, al que llegan ingresos de su contrato de trabajo y de los empleos sin contrato que van teniendo los demás familiares. Y en los momentos en los que no ha habido tanta gente en casa, ha podido realquilar una habitación. Pero llegar a esta “estabilidad” no ha sido fácil, y su periplo muestra las dificultades a las que se enfrentan las familias vulnerables, especialmente las que tienen menores a cargo. Principalmente, tres, que se retroalimentan: el dificilísimo acceso a la vivienda, la inestabilidad de los ingresos y la complejidad para conseguir una situación administrativa regulada, tanto para los adultos como para los menores.

“Para mí, el tema de la vivienda ha sido el más complicado”, dice Anaya. Empezó viviendo en un local comercial en Badalona en el que el propietario alquilaba cinco habitaciones, a 200 euros cada una. No les dejaba salir mucho para que no se viese que ahí vivía gente. Luego, ya con su hijo, que ahora tiene 22 años, y su hija (18), pasó por dos pisos, en los que vivían en una habitación realquilada. “Aunque quisiéramos, no podíamos alquilar nosotros solos, porque yo todavía no tenía papeles. Necesitas tres años de padrón y un contrato de trabajo, pero no te hacen el contrato si no tienes papeles. Es un círculo muy difícil”, explica. El piso actual se lo alquila la suegra de su primera jefa, lo que le ha permitido tener cierta estabilidad. Y tras muchas dificultades, consiguió un contrato de trabajo como asistenta del hogar. “Tenía unas condiciones que no eran buenas, pero tenía que aguantar para que me tramitasen los papeles”, recuerda. También tuvo que sufrir la caída en picado de sus ingresos por la pandemia, y pasó el virus, con ingreso en el hospital incluido. Fue en estas circunstancias que acudió a Cáritas, que la ha estado ayudando con alimentos y acompañamiento.

Tener el padrón es “fundamental”: “Hay gente que paga un dinero para que le empadrone en un piso en el que no vive”. Ella lo consiguió sin pagar, gracias a una amiga, y ahora intenta hacer lo mismo con los suyos: “En mi casa tengo a 12 empadronados. Es muy importante que empiece a correr el tiempo”. Por esta razón el Ayuntamiento de Barcelona habilita un padrón sin domicilio fijo.

Todas estas dificultades tienen un impacto importante en los menores de edad. En su casa están los niños de su hermana y de su prima. “Tratamos de que los niños no se den cuenta, pero lo saben todo. El otro día el hijo de mi prima me dijo que cómo lo haríamos si no podíamos pagar el alquiler”, dice Anaya. Al no estar empadronado aún (pese a que la familia lo ha intentado), este niño no va a la escuela y no tiene acceso a la sanidad. “Es muy difícil organizarse, yo me siento con mucha presión, hay momentos muy estresantes”, explica. Su hija Marjorie, de 18 años, está estudiando el bachiller. Quiere estudiar derecho o periodismo. “Es difícil concentrarse, intento hacer los trabajos en el instituto, entre una clase y otra, porque aquí no puedo”, dice.

Menores sin empadronar

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El pasado viernes, un avance de los datos del informe Foessa 2021 mostraba cómo las grietas de la pobreza se hacen cada vez más profundas. El informe, realizado por Cáritas, es el primer análisis estadístico que ya aporta datos sobre el impacto que ha tenido la pandemia. Los resultados completos de Cataluña se conocerán en febrero, pero el avance ya da pistas sobre la situación en la que están las familias con hijos: cuatro de cada diez hogares con menores en el área de la diócesis de Barcelona (territorio que comprende a 2,6 millones de personas) están en riesgo de exclusión social. En el caso de las familias monoparentales, es una de cada dos las que están en esta situación. Un 43% de las familias con hijos no dispone de ingresos para gastos imprevistos, y a la mitad le cuesta llegar a fin de mes. El informe también muestra que alrededor de un tercio de las familias con menores han tenido impagos relacionados con la vivienda, no han podido garantizar una dieta equilibrada o no han podido pagar el material escolar. El 11%, como en el caso de la familia de Anaya, ha tenido que compartir piso con desconocidos o ha tenido que abandonar el domicilio, y el 14% ha sufrido cortes de suministros.

El director de Cáritas, Salvador Busquets, señaló que la pandemia ha agravado la condición hereditaria de la pobreza, un círculo del que cada vez es más difícil salir, y que impacta directamente en los hijos. Y destacó dos causas: la endémica falta de un parque público de vivienda (en Cataluña no llega al 2% cuando la media europea está en el 15%), y los obstáculos que pone la ley de Extranjería para tener una situación regulada. Entre las medidas que reivindica la entidad está la de conceder un permiso de residencia a los menores con independencia de la situación administrativa de los adultos. Estos dos problemas, la vivienda y las dificultades para conseguir los papeles, son los que acechaban a la familia que hace tres semanas murió en el incendio del local que ocupaban en la plaza de Tetuan, un desenlace extremo de una historia de dificultades. “Mientras no se hagan políticas de verdad en vivienda y en la protección de menores, seguirá habiendo las condiciones para que ocurran desgracias como aquella”, dijo Busquets.

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Sobre la firma

Josep Catà Figuls
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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