10.000 personas viven en pisos de entidades sociales ante la falta de vivienda pública en Cataluña

Ante la falta endémica de pisos públicos en Cataluña, las entidades del tercer sector asumen una parte importante de las necesidades de acceso a la vivienda que tienen los colectivos más vulnerables. Pero el aumento de la demanda a causa del empeoramiento de las condiciones de vida hace que tampoco lleguen a cubrir todo lo urgente. Actualmente, 9.952 personas —familias en situación de riesgo de exclusión y pobreza extrema, personas con problemas de salud mental o discapacidades, víctimas de violencia machista, entre otros— viven en pisos sociales que gestionan las entidades, un 40% más de usuarios que en 2015. Para ofrecer una solución habitacional urgente a personas que aún no la tienen, las entidades calculan que necesitan 1.400 viviendas más en los próximos tres años, que se sumarían a las 4.098 que ya gestionan.

Estas son las conclusiones de un informe presentado este martes por la Taula del Tercer Sector y Cohabitac, que aglutina a las entidades que gestionan vivienda social para los colectivos con los que trabajan. En Cataluña hay, según este informe (que actualiza los datos recogidos en el último estudio, de 2015), 78 entidades que gestionan vivienda social, como Cáritas, la fundación Habitatge Social o la fundación Hàbitat 3, cuya presidenta, Carme Trilla, ha presentado los datos del estudio. “Este estudio no habla de las necesidades de vivienda generales de la población que no puede acceder a un piso de mercado, sino de aquellas personas que necesitan vivienda y, además, un acompañamiento por las dificultades que tienen, más allá de estrictamente las económicas”, ha destacado Trilla.

Las 4.098 viviendas de estas entidades (en 2015 gestionaban 1.522) se han conseguido mediante cesiones de la Generalitat o de particulares, y por la incorporación de nuevas entidades a la Taula. De las casi 10.000 personas, el 26% son menores de edad. Más de la mitad de los pisos están en el área de Barcelona. El 44% de las viviendas son propiedad de las entidades, un 43% son de alquiler y un 13% cesiones temporales.

Aunque el 14,8% de los usuarios son atendidos porque están en situación de pobreza, otros necesitan una vivienda social por otras razones, y las entidades se hacen cargo de ello porque no hay alternativa completamente pública: el 13,6% por problemas de salud mental, el 10,4% por discapacidad, entre otros. Entre las personas en situación de pobreza, algunos, al no tener una situación administrativa regulada o no cumplir con los requisitos, no pueden optar a un piso de emergencia gubernamental (como era el caso de la familia fallecida en un local ocupado en la plaza de Tetuan de Barcelona hace dos semanas). Otra parte de los usuarios sí que proviene de las listas de espera que acumulan las mesas de emergencia habitacional en Cataluña (que dan una vivienda social a personas que han sido desahuciadas y se han quedado sin vivienda), unas listas que superan las 2.000 personas en el conjunto de Cataluña, y las 650 familias solo en Barcelona.

“Tragedias como la de Tetuan son fruto de la pobreza, y en muchos casos el problema de base es el mismo: la vulneración del derecho a la vivienda”, ha expresado la presidenta de la Taula, Francina Alsina. “Hace muchos años que tratamos de dar soluciones, pero nuestra capacidad es limitada, y ahora no podemos hacer frente a las necesidades. Por eso pedimos a las entidades financieras que colaboren con la venta o cesión de pisos, porque es inaceptable que siga habiendo pisos vacíos”, ha reclamado.

El problema de fondo es el escasísimo parque de viviendas públicas, que no llega al 2%, cuando la media europea está en el 15%. Esto impide que la mayoría de usuarios de las entidades puedan pasar de sus pisos (para los que la mayoría o no pagan nada o pagan menos de 300 euros), directamente a un piso a precio de mercado. “Se produce un cuello de botella y la mayoría de usuarios están seis años o más en estos pisos, porque no hay una solución habitacional de continuación”, ha afirmado Trilla. “Los fondos europeos de recuperación son una gran oportunidad para hacer vivienda en régimen especial, a 5 euros el metro cuadrado, una solución intermedia entre la vivienda de las entidades y la vivienda de protección social o a precio de mercado”, ha añadido.