El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inhabilita seis meses a un diputado de la CUP

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a Pau Juvillà, diputado de la CUP y secretario cuarto de la Mesa del Parlament, a seis meses de inhabilitación y a una multa diaria de 12 euros durante tres meses -1080 euros en total- por haber cometido un delito de desobediencia al no haber retirado del despacho que tenía en el Ayuntamiento de Lleida unos lazos amarillos. Los símbolos pendían de la fachada de La Paeria y eran visibles desde el exterior durante la primavera de 2019, coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones generales. Laura Borràs, presidenta del Parlament, ya ha avanzado que no piensa retirarle el escaño al anticapitalista si la Junta Electoral reclama el cumplimiento del fallo.

Tras conocerse la sentencia, Juvillà ha participado esta mañana en la reunión de la Mesa de la Cámara y ha anunciado después que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. “Decidimos en asamblea mantener los lazos y no agachar la cabeza. No son símbolos partidistas: son de solidaridad. Lo hicimos y lo haríamos mil veces: desobedecer un acto que era injusto”, ha afirmado el parlamentario arropado por los nueve compañeros de su grupo. La CUP no concurrió a aquellas elecciones. Borràs ha convocado este mediodía otra reunión del órgano de gobierno después de que los anticapitalistas instaran a la Cámara a una dar una “respuesta colectiva”.

Ciudadanos y Vox ya han avanzado que solicitarán al órgano electoral que inste a Borràs a retirar ya el acta a Juvillà. Nacho Martín Blanco, diputado de la formación naranja, se ha amparado en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Regimen Electoral para despojarle del escaño. El caso evoca en parte a lo sucedido con la inhabilitación del expresidente Quim Torra cuando la Junta Electoral Central pidió que se le retirara el acta. El entonces presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent, ahora consejero de Empresa y Trabajo, asumió la decisión ahondando la fractura con sus socios de Junts. Borràs ya ha avanzado que no actuará igual.

En unas declaraciones en los pasillos del Parlament, Borràs ha inscrito la condena en la “causa general” contra el independentismo y ha reiterado que siempre ha afirmado que su obligación es defender los derechos y libertades de todos los diputados y que no tiene la “voluntad ni la potestad” de retirarle el acta a Juvillà si lo requiere la junta electoral. “El caso debe tener un recorrido judicial y hay que preservar la presunción de inocencia. Hasta que no haya una sentencia firme, Juvillà es diputado”, ha dicho apuntando que la junta electoral es una “entidad administrativa”.

El Parlament celebra este martes por la tarde un pleno específico sobre la salud mental y Borras, en una breve alocución, ha dado todo su apoyo a Juvillà. Los diputados independentistas se han puesto en pie brindándole una ovación. En ese momento, se ha producido un tenso diálogo entre los parlamentarios de Ciudadanos que han acusado a Borràs de falta de imparcialidad. La presidenta ha acabado expulsando del hemiciclo a Martín Blanco por insistir en hablar cuando la presidenta afirmaba que no tenía la palabra. Los diputados naranjas han repicado con palmas sobre los pupitres.

La Mesa, de mayoría independentista, ya se ha reunido este mediodía para anticipar una respuesta a la hipoética petición de la Junta electoral. La comisión del estatuto de los diputados ha convocado este jueves para elaborar un dictamen sobre la compatibilidad de Juvillà para mantener el acta mientras recurre la sentencia. El informe se elevará al Pleno. Con ese tetxo, la CUP quiere que la Cámara disponga de argumentos y lo contraponga a los de la junta electoral. En el caso de Torra, el Tribunal Supremo habilitó a ese órgano para pedir la retirada del escaño sin sentencia firme pero a la vez afirmó que el Parlament ambos compartían competencias.

El caso volverá a poner a prueba la solidez de la mayoría del independentismo, rota en el Debate de Política General y con los Presupuestos. “Es un atentado contra el derecho a la libertad de expresión y es una muestra más de la causa general contra el independentismo”, ha afirmado la portavoz Patrícia Plaja. a Marta Vilalta, portavoz de ERC, ha planteado no adelantar escenarios sobre la decisión de Borràs pero se ha decantado por dar una respuesta consensuada con Junts y ERC.

Borràs ha expulsado del hemiciclo a un diputado de Ciudadanos que quería tomar la palabra para reprocharle “su falta de neutralidad”

La CUP ha emitido a primera hora de la mañana un comunicado en el que pide al Parlament una respuesta “clara, contundente y conjunta”. “A ojos de cualquier persona con valores democráticos (la inhabilitación) es un ataque a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales”, afirman los anticapitalistas. Montse Venturòs, exalcaldesa de Berga, de la CUP, ya fue condenada a seis meses de inhabilitación por no haber retirado una estelada del Ayuntamiento en campaña electoral.

La sentencia sostiene que Juvillà tenía en su despacho de La Paeria, en la última planta, una estelada y unos lazos amarillos desde 2017 en protesta por los encarcelamientos relacionados con el procés. En 2019, la concejal de Ciudadanos, Elisa Ribes, presentó la denuncia por considerarlas “partidistas”. El ahora diputado desoyó entonces el requerimiento de la juez de Lleida para que los retirara hasta que fueron requisados por la policía. El fiscal interpuso entonces una querella en contra de Juvillà.

“La conducta inobediente del acusado en este caso puede considerarse sin discusion de contumaz y persistente, opuesta a las prescripciones de las juntas electorales””, dicen los jueces en una sentencia de más de 40 páginas. Tras la intervención policial y judicial, Juvillà escribió un artículo en el que admitía su decisión de desobedecer. La CUP ha convocado esta tarde una protesta ante La Paeria. Jéssica Albiach, líder de los comunes en la Cámara, ha expresado su apoyo a Juvillà: “Es un ataque flagrante contra la llbertad de expressión”.