Condenada a seis meses de inhabilitación la alcaldesa de Berga

Un juez de Manresa ha condenado a seis meses de inhabilitación a la alcaldesa de Berga, Montse Venturós (CUP), por negarse a retirar una bandera estelada de la fachada del Ayuntamiento. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y fuentes de la defensa, Venturós ha sido condenada por un delito de desobediencia a la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y también al pago de una multa. La sentencia no es firme y cabe recurso contra ella.

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En el juicio, celebrado el pasado mayo, Venturós denunció ser víctima de un "juicio político" y puso en entredicho la "neutralidad" de la fiscalía. La alcaldesa de la Candidatura d'Unitat Popular defendió su decisión de mantener la bandera independentista en el consistorio para responder al "mandato del pueblo". Venturós anunció ya entonces que, en caso de ser condenada, desobedecerá el mandato judicial y continuará como primera edil de la localidad.

Este jueves, tras conocer la sentencia, la alcaldesa ha dejado la puerta abierta a desobedecer la sentencia si ésta es firme: "No acataremos que el Estado español o un juzgado sean quienes impongan a un pueblo quién ha de ser su alcalde", ha expresado la alcaldesa. Venturós ha denunciado que el juez "inhabilite unas votaciones hechas de manera democrática" y ha avanzado que los colectivos independentistas darán "una respuesta unitaria" a la resolución. La defensa ha anunciado que estudiará la presentación de un recurso ante la Audiencia de Barcelona en los próximos días.

La Plataforma Democracia Vs Tribunals, de Berga, ha convocado para esta tarde una concentración de apoyo a la alcaldesa. "El tribunal se ha erigido en propietario de la voluntad de los ciudadanos. Inhabilitar a la alcaldesa que el pueblo ha votado significa invalidar lo que expresaron democráticamente en las urnas en 2015", dice la plataforma en un comunicado. "Otra vez la voluntad política de nuestro pueblo ha sido secuestrada por organismos e instituciones que han decidido que tienen el derecho de limitarla si lo que pensamos no les gusta".

Los hechos se remontan a 2015. En septiembre, la Junta Electoral de Berga requirió a diversos ayuntamientos -entre ellos el de Berga- para que retirasen las banderas independentistas de los edificios municipales. La Junta les advirtió de que, en caso de no hacerlo, podrían incurrir en un delito electoral ante la proximidad de las elecciones al Parlamento catalán del 27-S. Advertida de ello, Venturós hizo caso omiso y la estelada tuvo que ser retirada por los Mossos el mismo día de las elecciones, a las 10 de la mañana.

La escena se repitió en diciembre con las elecciones generales. La estelada seguía en el Ayuntamiento y de nuevo la Junta ordenó su retirada. Ante la pasividad de Venturós, según considera probada la sentencia, fue un policía quien tuvo que retirar la bandera pasadas ya las 16.45 horas.

El delito de desobediencia castiga a las autoridades y funcionarios que se niegan "abiertamente" a cumplir resoluciones judiciales y otras órdenes de la autoridad. En el caso de Venturós, recoge la sentencia, su negativa a retirar la bandera fue “franca, clara, patente, indudable, indisimulada, evidente e inequívoca”. La resolución recuerda que, en su interrogatorio, la alcaldesa de Berga admitió que su decisión venía motivada por una convicción política -derivada de un acuerdo del pleno en ese sentido- pero también por su voluntad de "hacer caso omiso a todo lo que viniese de los tribunales y juzgados".

El juez de Manresa considera que los hechos tienen escasa entidad y por ello le impone "la pena mínima": los seis meses de inhabilitación especial para ejercer "cualquier ocupación o cargo público" y una multa total de 540 euros. La sentencia recuerda a Venturós que, si no paga la multa, puede afrontar su ingreso en prisión o bien medidas de localización permanente y de trabajos en beneficio de la comunidad.

El exdiputado de la CUP Benet Salellas, abogado de Venturós, ha anunciado que estudian recurri la sentencia, primero ante la Audiencia de Barcelona para que deje sin efecto la condena, un proceso que abriría la puerta a la posibilidad de que la inhabilitación no sea firme antes de que la alcaldesa finalice su mandato en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.