El alquiler de habitaciones en Barcelona divide a PSC y comunes

Barcelona se enfrenta a una decisión de calado: permitir o no que en la ciudad exista la figura legal del hogar compartido, la nueva categoría que contempla el decreto de turismo de la Generalitat de 2020, creada para que vecinos particulares puedan alquilar habitaciones. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau está dividido respecto a la cuestión.

El PSC defiende regular los hogares compartidos con una ordenanza municipal específica y de manera restrictiva: con una cifra máxima de licencias, que tengan una limitación temporal, que no se pueda alquilar más de 31 días al año, acorde con las zonas del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) —cuanto más céntrico, menos oferta—, y criterios de inspección y control.

Los comunes, que eran partidarios de la fórmula del bed and breakfast cuando llegaron al poder en 2015, han cambiado de opinión y se niegan a que cualquier uso residencial pueda serlo también turístico. Hace un año anunciaron que son partidarios de prohibir la fórmula. Y recordaron que es legal alquilar habitaciones a partir de 31 días a quien necesite vivir en la ciudad. El debate está abierto entre los socios del Gobierno.

La cuestión llega en vísperas a la aprobación definitiva de la revisión del PEUAT, el plan de 2017 que prohíbe abrir nuevos hoteles en el centro y centrifuga los nuevos a zonas periféricas.

Hace casi un año, en enero pasado, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, informó de la aprobación inicial de la segunda versión del PEUAT y anunció que la intención es prohibir el alquiler de habitaciones a turistas. El argumento: que en los últimos años han constatado el impacto negativo del alquiler de habitaciones sobre el mercado residencial y que, con la experiencia de los pisos turísticos ilegales, se han dado cuenta de lo difícil que es controlar qué ocurre en las viviendas de la ciudad. De hecho, la petición de licencias para esta modalidad está suspendida desde que en agosto de 2020 la Generalitat le dio paraguas legal.

La discrepancia entre socios de Gobierno se visualizó la semana pasada, en el pleno de noviembre. Ante una proposición de Barcelona pel canvi que pedía redactar una ordenanza, el PSC se mostró favorable, como Junts, Ciutadans y el PP, sumando mayoría. En cambio, comunes y ERC votaron en contra.

Proyecto de ordenanza

El PSC está dispuesto a presentar un proyecto de ordenanza y sería insólito que lo hiciera un solo partido de la coalición de gobierno. Pese a ser gobierno, los socialistas presentaron incluso una alegación al PEUAT durante el periodo de exposición pública planteando la ordenanza. Los comunes lanzan un mensaje contradictorio y ambiguo: negativa total al alquiler de habitaciones, pero abiertos a estudiar una ordenanza, pero para la que ni concretan ni fijan fecha.

El concejal de Turismo, Xavier Marcé, del PSC, defiende legalizar la práctica de vecinos que alquilan habitaciones a turistas o a personas que necesitan vivir por un periodo corto en la ciudad. Sostiene que la fórmula no solo está pensada para alquilar a vecinos: “El hogar compartido es el derecho que tiene una persona que vive en su casa, sea propietario o inquilino —pero una persona física, no una empresa—, a alquilar una habitación por un periodo de 31 días al año”, defiende y apela a los vecinos que lo hacen para completar sus ingresos o porque viven solos. “Vecinos que pueden alquilar una habitación a un amigo, un turista, un camionero o un técnico de sonido que está de gira en la ciudad. Cubre una realidad que tiene un problema social y económico detrás que no tiene ninguna afectación sobre el mercado residencial”, asegura.

Marcé apunta a dos escenarios: que el PEUAT las prohíba hasta que haya ordenanza; o que se alargue la actual moratoria de licencias hasta que haya ordenanza. En cualquier caso, precisa, no respondería a las demandas de las asociaciones de anfitriones, que piden el alquiler sin límite de días al año.

El día que la cuestión se debatió en el pleno, la teniente de alcalde de los comunes argumentó: “El modelo turístico de la barra libre ha hecho historia, y no volverá, no es bueno para los barrios ni la ciudad”. “Claro que hay que regular, el PEUAT lo regula”, dijo en referencia a la prohibición pendiente de aprobar definitivamente. “Creemos que Barcelona no necesita más habitaciones turísticas, 154.000 camas en la ciudad son suficientes para la demanda turística”, afirmó. Fuentes de los comunes insisten en que la principal traba para legalizar el alquiler de habitaciones a turistas es “cómo se controla en domicilios privados”. El equipo de Sanz trabaja con los servicios jurídicos qué acabará diciendo el PEUAT al respecto.