El alquiler, la piedra en el zapato de Colau

La última polémica entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Podemos) sobre la fórmula para incidir en el mercado del alquiler es el último capítulo de una demanda que sale de Barcelona y sobre la que la alcaldesa Ada Colau insiste desde hace cinco años. Activista por la vivienda y fundadora de la PAH antes de dar el paso a la institución, la regulación del alquiler es la piedra en el zapato de Colau.

Los comunes y Podemos apuestan porque la regulación pase por limitar los precios, como está vigente en Cataluña, aunque recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el socialista José Luis Ábalos, en cambio, defiende bonificaciones fiscales de hasta un 90% a los propietarios que bajen las rentas.

Al conocer la propuesta de Ábalos, el pasado miércoles, Colau recordó al PSOE su compromiso de regular el sector, tachó la fórmula de las bonificaciones de “inaceptable” y aseguró que llegado el momento, los comunes no la van a votar. Con la norma catalana recurrida, los comunes admiten que el mayor blindaje que podría tener es el paraguas de una regulación estatal.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa ha pedido insistentemente la regulación del mercado del alquiler desde 2016, al año de su investidura. Propuso que se limitaran las rentas con una Ley estatal para evitar la burbuja de precios que se estaba hinchando desde 2013. Y citó el caso de los países europeos donde ya existe la regulación.

En 2018 fue el ejecutivo de Colau quien estudió cómo hacerlo. El preacuerdo sobre presupuestos que alcanzaron en otoño Sánchez, en su primer mandato como presidente, y Pablo Iglesias, contemplaba que los Ayuntamientos pudieran limitar las subidas, previa habilitación del Gobierno. La referencia de precios la marcaría el índice oficial y las ciudades podrían declarar zonas de mercado tensionado que justificaran los límites. Una propuesta en línea con la ley que acabó aprobando el Parlament en septiembre (trabajada por ERC y el Sindicato de Inquilinos tomando como marco el Código Civil catalán).

Semanas más tarde, en diciembre de 2018, cuando se celebró un Consejo de Ministros en Barcelona, Colau salió de desayunar con el presidente con su compromiso, de nuevo, de regular los “alquileres abusivos”. En el segundo mandato de Sánchez, que comenzó en enero de 2020, también la regulación de los alquileres es la principal demanda de la capital catalana al Gobierno. Y está en el texto del acuerdo del actual ejecutivo entre PSOE y Podemos, como recuerdan en el partido de Pablo Iglesias y los comunes cada vez que los socialistas apuntan a la fórmula de las bonificaciones fiscales a los caseros.

El Sindicato de Inquilinos ha convocado una manifestación el próximo sábado para presionar al PSOE y el miércoles lamentó la opción de Ábalos. “Se basa en perdonar impuestos a los que más tienen a costa de los que menos tienen”, afirmó en un comunicado alertando de que esta fórmula impactaría en la financiación de los servicios públicos. “Recordamos que Pedro Sánchez no sería presidente sin el acuerdo de gobierno en que se comprometía a regular los alquileres”, recordó el sindicato.

Fuentes de la consejería de Justicia de la Generalitat, que redactó el texto vigente en Cataluña, destacan la vigencia de una “Ley que congela y rebaja el precio de los alquileres con competencias propias y que fue aprobada en el Parlament con el apoyo de los movimientos sociales”.