El jefe de la oficina de Puigdemont afronta una petición de tres años de cárcel por malversación

Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, afronta una petición de tres años de cárcel por malversación y prevaricación. Alay irá a juicio por hacer que la Generalitat pagase, con dinero público, un viaje que hizo en noviembre de 2018 a Nueva Caledonia. El historiador y amigo de Puigdemont asistió como invitado al referéndum de autodeterminación de Francia que celebró esta isla del Pacífico Sur. La expedición, de una semana, costó 4.732 euros, incluidos los billetes de avión, el desplazamiento al aeropuerto y los gastos de manutención.

Tras la petición de la Fiscalía, el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona ha abierto juicio oral contra el jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo (Bélgica), que permanece investigado en otros procesos principales. Uno de ellos es el caso Voloh, que indaga entre otras cosas la búsqueda de apoyos internacionales al proceso independentista catalán de 2017. En el sumario figuran conversaciones de Alay que ponen de manifiesto los esfuerzos para lograr el apoyo de diversos países, incluida Rusia, a la secesión. En el auto sobre el viaje a Nueva Caledonia, el juez ha acordado que Alay permanezca en libertad, pero le obliga a prestar una fianza de 4.732 euros para cubrir su responsabilidad civil en caso de condena.

La fiscalía considera que Alay fue invitado “a título personal” a asistir al referéndum en esa región francesa, pero no como responsable de la oficina del expresidente catalán. El historiador, siempre según la acusación, explicó a los responsables de la Generalitat encargados de autorizar el gasto que se trataba de una actividad pública y propia de sus funciones y no de un viaje personal.

La causa comenzó con una querella de la fiscalía, que acusó a Alay de “abusar” de su cargo para lograr que el Gobierno catalán le pagara el viaje, con lo que obtuvo un “enriquecimiento ilícito”. El escrito se dirigía también contra la secretaria general de Presidència, Meritxell Masó, por autorizar los gastos bajo sospecha, pero su caso fue archivado al considerar que no autorizó el gasto y que es el Parlamento catalán el que debe controlar las asignaciones a las oficinas de los expresidentes.