La CUP quiere incluir la “dimisión” de Grande-Marlaska en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña

La Junta de Seguridad de Cataluña, el máximo organismo de coordinación entre los cuerpos policiales de todas las Administraciones, se reúne este viernes en Barcelona y la CUP quiere aprovechar el encuentro para marcar territorio sobre el tema de la seguridad. En una carta, los anticapitalistas han solicitado que en el orden del día del encuentro se incluyan, entre otras cosas, la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la retirada de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que aún están destinados a esa comunidad autónoma. La CUP pide que se tomen en cuenta sus peticiones teniendo en cuenta “el buen entendimiento” entre el Gobierno central y el catalán, ironizando así sobre la decisión de ERC de no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado.

En la misiva, la CUP insiste en la dimisión del ministro argumentando que “un juez condenado de forma reiterada por los tribunales europeos como encubridor de torturas por parte de los cuerpos policiales no puede tener cabida en la administración pública de ningún Estado que se quiera considerar mínimamente democrático”. Esto haría parte de un proceso de “reparación” en la que Interior, según los anticapitalistas, deberían pedir perdón por varios incidentes como “las torturas durante la Operación Garzón de 1992″ o “la violencia y brutalidad del 1 de octubre de 2017″.

La última reunión entre el Ministerio y el Departamento de Interior fue en septiembre de 2018 y entonces se aprobó que los Mossos hiciera parte del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. La reunión de este viernes será la primera con el Ejecutivo de Pere Aragonès al frente de la Generalitat y especialmente con ERC al mando de Interior. De ahí que la CUP quiera presionar a los republicanos y también pidan que en el encuentro se trate lo que consideran la “retirada de las fuerzas de ocupación”, en referencia específica a los 7.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil destinados a Cataluña.

Los anticapitalistas lograron arrancarle a ERC el compromiso de revisar en el Parlament el modelo de seguridad pública en Cataluña pero no han logrado que se imponga una moratoria a los proyectiles de ‘foam’ utilizados para dispersar manifestaciones. En la carta van más allá y solicitan también que se inicien las conversaciones para que la comisaría de la Via Laietana y otras instalaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil pasen a manos de la Generalitat.