La fiscalía rechaza que se investigue a Aragonès por los avales del ‘procés’

La Fiscalía rechaza que la justicia investigue al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por la aprobación de los avales a cargos del Govern encausados en el Tribunal de Cuentas. En un informe, el fiscal Pedro Ariche concluye que no hay indicios de prevaricación ni malversación y pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no admita trámite las querellas de Vox, Ciudadanos y de la entidad Convivencia Cívica Catalana. Las querellas se dirigen contra Aragonès y contra los consejeros Jaume Giró (Economía) y Laura Vilagrà (Presidencia).

El informe concluye que no puede haber delito porque el decreto aprobado por el Gobierno es un “acto político” y no administrativo, de modo que queda excluido del delito de prevaricación. El aval es uno de los mecanismos previstos en el decreto que aprobó el Gobierno catalán para proteger a funcionarios y cargos inmersos en procesos judiciales. El consejero Giró intentó que las entidades financieras avalaran la prestación de fianzas, pero no lo logró y recurrió al aval directo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Hace unos días, el Tribunal de Cuentas rechazó los avales con los que el Govern pretendía hacer frente al pago de los 5,4 millones de euros que la institución reclama a 34 ex altos cargos y funcionarios por el procés.

El fiscal Ariche concluye que la creación del mecanismo de aval “no implica en sí misma la causación de un perjuicio al patrimonio público”. El escrito recuerda que, más allá de dictar el decreto del Govern, los denunciantes no han expuesto ningún perjuicio económico y recuerda que “corresponde a la Generalitat adoptar las cautelas oportunas” para garantizar que los condenados por un delito paguen las responsabilidades civiles que se les impongan. El fiscal reprocha a los denunciantes que hayan hecho “un apresurado e irreflexivo ejercicio de la acción penal”.

Mientras el horizonte penal queda despejado para Aragonès y los consejeros, la fiscalía mantiene abierta la investigación para averiguar si la junta de gobierno del ICF cometió un delito en la aprobación del mecanismo del aval. La votación fue muy dividida en el seno de ese organismo público y se produjo solo dos días después de que tres de sus miembros independientes presentaran la dimisión. Fuentes judiciales consideran que no hay contradicción entre la petición de archivo, por un lado, y las diligencias de investigación, por el otro, ya que las decisiones del ICF “sí son actos administrativos” que pueden ser delito de prevaricación y malversación. La investigación sigue abierta y la fiscalía no ha decidido por ahora si la archivará o si seguirá adelante y presentará denuncia en el juzgado, según las mismas fuentes.