TRIBUNAL DE CUENTAS

La Fiscalía investiga el aval de la Generalitat a los encausados por el Tribunal de Cuentas

El ministerio público indagará la legalidad de la actuación del Instituto Catalán de Finanzas tras una denuncia de Ciudadanos

El presidente de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, presenta la denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña.
El presidente de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, presenta la denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña.Quique Garcia / EFE

El aval concedido por la Generalitat a los 34 excargos del Gobierno catalán encausados por el Tribunal de Cuentas amenaza con desplegar un nuevo frente judicial vinculado al procés. El primer paso lo ha dado este miércoles la Fiscalía, que abrió diligencias de investigación para averiguar si ha habido delito en la concesión de un aval por parte del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para que los afectados cubran los 5,4 millones de fianza que les ha impuesto el órgano fiscalizador del Estado.

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El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha ordenado a la Fiscalía de Barcelona que “practique las actuaciones procedentes para el esclarecimiento de los hechos”. En un plazo máximo de seis meses, las diligencias pueden ser archivadas o bien transformarse en una denuncia o querella ante los juzgados. La investigación del ministerio público es fruto de una denuncia presentada por Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, que denuncia que el aval —uno de los mecanismos previstos en el decreto aprobado por el Gobierno catalán para salir en auxilio de los encausados— es una “operación fraudulenta”.

Las diligencias se ciñen solamente a la junta de gobierno del ICF, el órgano que la semana pasada aprobó el mecanismo del aval en una votación muy dividida y solo dos días después de que tres de sus miembros independientes presentaran la dimisión. El partido naranja también había incluido en su denuncia a tres miembros del Govern: el presidente Pere Aragonès, el consejero de Economía Jaume Giró y la consejera de Presidencia Laura Vilagrà. La Fiscalía, sin embargo, ha ordenado que esa parte se archive porque ya existe un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impulsado por Vox.

En vídeo, el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ha dicho este miércoles que el decreto tiene una solidez jurídica total y absoluta.ANDREU DALMAU / EFE

El alto tribunal catalán ha aclarado, en un comunicado, que tiene sobre la mesa dos querellas contra miembros del Govern por el aval en el Tribunal de Cuentas. Ninguna de las dos ha sido aún admitida a trámite, lo que significa que ni siquiera en el plano formal se ha iniciado, por ahora, una investigación. Solo la de Vox ha sido registrada, paso previo para que se reparta al magistrado ponente y este recabe la opinión del fiscal antes de decidir sobre su admisión.

Tras conocer las diligencias abiertas por la Fiscalía, el consejero Giró ha insistido en que el aval del ICF “tiene una solidez jurídica total y absoluta”. “Respeto las decisiones de todo el mundo, incluso de aquellos partidos que quieren sacar rédito político del sufrimiento de las personas, ya estamos acostumbrados”, dijo en alusión a las denuncias de Ciudadanos y Vox. Giró lamentó lo que califica de un nuevo intento de “judicializar la política”, informa Camilo S. Baquero.

El aval es uno de los mecanismos previstos en el decreto que aprobó el Gobierno catalán para proteger a funcionarios y cargos públicos inmersos en procesos judiciales. Giró intentó que alguna entidad financiera española avalara las fianzas pero, al no lograrlo, tuvo que recurrir al aval directo del ICF.

La investigación de la Fiscalía y las querellas ante el TSJC se unen a las dudas que el aval ha suscitado en el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador duda de la legalidad de afianzar con dinero público las cantidades presuntamente malgastadas por ex altos cargos catalanes en la gestión de fondos públicos: 5,4 millones de euros en la promoción exterior del procés.

Informes clave

El tribunal ha pedido un informe a la Abogacía del Estado, que en los próximos días deberá analizar si el aval cumple con la ley. Con ese informe en la mano, los instructores decidirán si aceptan el aval del ICF presentado por 29 de los 34 ex altos cargos. De lo contrario, y si los afectados no prestan fianza suficiente —mediante cuentas bancarias o propiedades—, iniciará el proceso de embargo.

Otro informe jurídico clave —aunque no es vinculante— es el que debe emitir esta misma semana el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. El consejo analiza las características del fondo creado por el Govern para avalar a encausados y se pronunciará, también, sobre si se ajusta a le ley. El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, aseguró que su grupo apoyaría esta iniciativa si contaba con el aval de ese organismo de control.

La Generalitat tomó la determinación de avalar directamente a los 34 ex altos cargos cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera el plazo dado por el Tribunal de Cuentas para presentar las fianzas. Giró había asegurado, en rueda de prensa, que el Govern no recurriría al ICF para no poner en riesgo a los funcionarios. Solo un día después, y tras no hallar una salida en el sistema bancario, rectificó.

La votación en el ICF dividió al organismo. El consejero delegado, Víctor Guardiola, se abstuvo. Los tres consejeros dominicales (nombrados por la Generalitat) votaron a favor de la operación, mientras que tres independientes lo hicieron en contra. El empate a tres lo deshizo, con su voto de calidad, Albert Castellanos, presidente de la junta de gobierno. Se dio otra circunstancia singular: otros tres miembros independientes de la junta (Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger) dimitieron de sus cargos dos días antes de que se aprobara el aval. El consejero Giró recordó ayer que esos tres consejeros tenían el mandato caducado y se mostró comprensivo con su dimisión: “Estaban en su derecho al ver la que se ha montado en la opinión pública”.

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