TMB y FGC rechazan las cuentas de la concesionaria de la T-Mobilitat

Ni Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB)elpais socmobilitat, operador de la red de metro y autobuses públicos de la capital catalana, ni Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) dieron su visto bueno a las cuentas económicas de 2020 presentadas por SocMobilitat, la sociedad responsable de la implantación de la nueva tarjeta de transporte T-Mobilitat, que ha sufrido esta semana su enésimo contratiempo al detectarse un fallo de seguridad en la página web donde los usuarios podían registrarse. El director financiero de FGC, Lluís Huguet, rechazó firmar los números en mayo después de que el auditor apuntara “dudas significativas sobre la capacidad de la adjudicataria para continuar como empresa en funcionamiento”.

FGC, TMB y Metro de Barcelona tienen, en total, un 4% de las acciones de Societat Catalana per a la Mobilitat (SocMobilitat), una unión empresarial controlada por CaixaBank, Indra, Fujitsu y Moventia que maneja una adjudicación pública de 94,5 millones de euros. Los operadores de transporte esperan de la compañía el desarrollo de su nuevo sistema de pago, embrión también de un nuevo modelo tarifario para el conjunto del transporte público colectivo catalán. La T-Mobilitat acarrea seis años de retraso, un sobrecoste que dobla el presupuesto inicial y una crisis de reputación agravada la semana pasada por el cierre de su página web 24 horas después de su lanzamiento por un fallo de seguridad que afloró datos personales.

El director financiero de FGC desconfió de las cuentas de SocMobilitat “atendiendo a las salvedades” que consignó la auditora KPMG, tal y como sucedió un año antes, y se negó incluso a firmarlas. El representante de TMB, pese a ese voto en contra, sí firmó, dejando de manifiesto que lo hacía al entender que era su obligación, pero evidenciando su rechazo al contenido de las mismas.

En un informe con fecha del pasado 19 de mayo, el auditor expone que SocMobilitat presentó sus cuentas de 2020 con irregularidades. Concretamente, según el texto, la adjudicataria apuntó como deudas a largo plazo unos importes (61,4 millones en 2020 y 34,8 en 2019) que deberían haberse clasificado como deudas a corto plazo. Esto es así en virtud de que CaixaBank (que además de formar parte de la unión de empresas, es también la entidad financiera que financia sus operaciones) notificó a SocMobilitat que, debido a los retrasos se habían incumplido algunas obligaciones del contrato y existe una causa objetiva para hacer vencer la deuda antes de lo establecido en el contrato original. Este vencimiento todavía no se ha ejecutado, pero del contrato se desprende que la situación de incumplimientos hace que la entidad corte el grifo para cualquier financiación adicional que sea necesaria.

La deuda de SocMobilitat incluye todo el capital público comprometido, un 63% superior al valor pactado en 2014 tras dos renegociaciones de contrato. Hasta que la compañía no empiece a generar ingresos con la puesta en marcha de la T-Mobilitat (cobrará por cada validación de tarjeta hasta 2033) no podrá empezar a devolver el crédito.

KPMG indica que la sociedad no ha aportado documentación suficiente que permita evaluar los posibles efectos de los retrasos que acumula el proyecto desde hace seis años y, por lo tanto, no se puede estimar el efecto de las demoras. La fecha para la puesta en marcha del proyecto es una de las incógnitas que rodean a la T-Mobilitat. El exconsejero de Territorio, Damià Calvet, afirmó que sería el 1 de enero de 2022, pero su sucesor en el área, el actual vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, matizó hace unos meses que el estreno sería “esta legislatura”. Lo cierto es que la fecha está fijada en el contrato: según la última modificación del mismo, acometida en febrero de 2020, la implementación de la tarjeta tiene que estar lista en el año 2021.

Pérdidas a la espera de renegociar el contrato

Las cuentas auditadas arrojan unas pérdidas de 253.570 euros en 2019, y de 203.346 euros en 2020, pese a un significativo aumento del 44% en de la facturación, que se situó en los 8,3 millones de euros. Ese aumento se explicaría por el inicio de la instalación de infraestructura en estaciones y operadores de los validadores para activar la T-Mobilitat por parte de los usuarios.

Tras dos modificaciones del contrato (una en marzo de 2017 y otra en febrero de 2020, ambas solicitadas por la ATM y en las que se reevaluaron los costes añadiendo más inversión por parte del ente público), las dos partes negocian ahora un nuevo reequilibrio económico para determinar la compensación a la empresa por los retrasos derivados de la pandemia. SocMobilitat lo solicitó formalmente el 1 de febrero de 2021 y la ATM tenía 90 días, hasta el 1 de mayo, para resolver el procedimiento. El plazo ha vencido y sigue en negociación, como admiten los responsables del proyecto.