El pozo sin fondo de la T-Mobilitat: 115 millones para una tarjeta del transporte catalán sin fecha de estreno

El largo proceso para que Barcelona pase de los billetes de transporte de cartón a las tarjetas de plástico y conectadas está plagado de contratiempos. El último, el cierre esta semana de la recién inaugurada página web después de que un fallo expusiese datos personales de los usuarios. Pero también es un agujero negro millonario. Desde que la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) firmó en 2014 el primer contrato con la empresa adjudicataria para el proyecto, la compañía Socmobilitat (formada por CaixaBank, Indra, Fujitsu y Moventia), los sobrecostes y los gastos asociados se han disparado. En total son 115 millones de euros, más del doble del presupuesto inicial. De esta cantidad, destacan 20,8 millones en contratos paralelos.

La fecha de estreno de la tarjeta está todavía en el aire. Pese a que el exconsejero Damià Calvet aseguró que estaría operativa en enero de 2022, hace pocos meses el vicepresidente Jordi Puigneró dijo que sería “esta legislatura”. La causa de los retrasos se encuentra en las relaciones contractuales entre SocMoblitat y la ATM, un consorcio liderado por la Generalitat con las administraciones locales del área metropolitana de Barcelona, que han sido desde el inicio un tira y afloja. En 2014 se firmó el primer contrato, con un presupuesto de 58 millones de euros. En marzo de 2017, la ATM pidió una modificación para garantizar la exclusiva del ente público en el uso comercial de la base de datos, y para establecer mecanismos de control público en la gestión. A raíz del nuevo contrato, la empresa recibió 12 millones de euros por el cambio de condiciones del contrato (costes añadidos en tecnología y equipamientos) y 12 millones como indemnización por la demora que generaba el nuevo acuerdo.

Entonces quien se demoró fue la empresa. Hasta abril de 2019 fue acumulando penalizaciones (por retrasos en la ejecución, incumplimientos del contrato y hasta incomparecencia en las reuniones) por valor de 650.000 euros, según el informe que entregó la Generalitat al Parlament. Sin embargo, la tramitación de algunas de estas multas se paralizó, porque la empresa aceptó, tras una petición de la ATM, volver a revisar el contrato. El director de la T-Mobilitat, Ramon Bacardí, que estuvo al frente del proyecto hasta 2016 y el pasado julio volvió al cargo, reconoce que no sabe cuántas se llegaron a cobrar.

En febrero de 2020 se hizo la nueva modificación, y se estableció que SocMobilitat tendría que pagar una indemnización de 14 millones de euros por los retrasos ocasionados. Estos, no se han pagado: se irán restando de la tarifa de gestión durante los años de explotación de la tarjeta. Y en la misma modificación se volvieron a revisar al alza los costes de la infraestructura: la ATM se comprometió a pagar un máximo de 6,9 millones de sobrecoste, de los cuales 1,9 millones se pagarían mediante una ampliación de la concesión de 18 meses, hasta abril de 2033. Además, se acordó un ajuste económico de 5,6 millones como gastos de explotación. En total, 12,5 millones de coste añadido, que sumados a los anteriores, suman 94,5 millones. Bacardí cuenta que la empresa tenía unas estimaciones de la oferta y la demanda y estas cambian, lo que explica parte de los sobrecostes. “Luego está la obsolescencia de muchas cosas, la foto que haces al principio no es la misma, las circunstancias cambian”, detalla sobre la tecnología, que ha evolucionado desde el inicio del proyecto.

En junio de 2020 la empresa pidió una compensación por los retrasos ocasionados por la pandemia, y en febrero de 2021, como consta en las actas del consejo de administración de la ATM, solicitó formalmente un reequilibrio económico del contrato tras el episodio de la pandemia. Ambas partes están negociando.

Aparte del coste añadido al contrato con SocMobilitat, desde el inicio del proyecto y durante los sucesivos retrasos, se han adjudicado otros 20,8 millones de euros a soporte informático al proyecto y a servicios de consultoría a empresas como Deloitte o Informática El Corte Inglés.

Precisamente, el revés del cierre de la web esta semana llega después de un año en el que la ATM ha invertido cuatro millones de euros en asistencia tecnológica al despliegue de la T-Mobilitat, más allá del contrato principal. Destaca una adjudicación de 700.000 euros a Projects & Facilities Management y la de 875.000 a una UTE formada por Teka Ingenieros y Everis.

Desde 2017, se han adjudicado por lo menos 11,8 millones a este tipo de acuerdos paralelos. Los dos de más magnitud son los que pone ATM como ejemplo en los pliegues técnicos de algunas de sus licitaciones, con los que explica su filosofía de abrirse a proveedores informáticos más allá de SocMobilitat. Son la inversión de 2,5 millones en la tecnología NFC de la T-Mobilitat (Smart Engineering) y la de las validadoras instaladas en los autobuses (2,6 millones), que gestiona Informática El Corte Inglés. A todos estos contratos se suman otros 9 millones en licitaciones previas a 2017.

“Todo esto, caro no es”

El director de la T-Mobilitat, Ramon Bacardí, admite que los retrasos en la puesta en marcha del proyecto pueden generar frustración. Pero considera que, dada la complejidad de la infraestructura, el coste que está generando no es excesivo. “Entiendo que la gente diga ‘ostras, esto está tardando mucho’, pero esto, caro no es”, asegura. “Quizá es porque al ciudadano no se le ha informado adecuadamente, no sé lo que le costará al metro de París cambiar su sistema tarifario, pero esto cuesta mucho dinero: muchos operadores, proveedores, muchas máquinas y diferentes... todo esto hace que sea complejo. Los que somos especialistas en estas cosas sabemos que esto es lo que cuesta la operación”, añade.

Los ingresos de SocMobilitat se derivarán del uso de la tarjeta. La empresa ingresará 0,0182 euros cada vez que un usuario del transporte público pase la T-Mobilitat por el lector. La cifra es 0,0011 euros inferior a la pactada inicialmente, ya que de esta forma la adjudicataria irá pagando a plazos la multa de 14 millones. Según los cálculos de los activistas de la plataforma T-Mobilitat.info, que reclama la gestión pública del proyecto, la empresa puede ingresar más de 20 millones al año desde que se ponga en marcha, no solo por la validación de las tarjetas sino por ingresos de la venta de los títulos de transporte, la publicidad y otros conceptos.