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El retraso en la T-Mobilitat lastra a Barcelona como capital innovadora

La Autoridad del Transporte Metropolitano no prevé su completa implantación hasta 2021, lo que implica un sobrecoste de 24 millones

Un usuario del metro de Barcelona, con la T-10.
Un usuario del metro de Barcelona, con la T-10.

Barcelona es la capital mundial de la tecnología móvil y ha sido designada para serlo de la movilidad en Europa. Pero las administraciones han sido incapaces de ponerla en la vanguardia de los billetes de transporte. La T-Mobilitat, adjudicada en 2014 con la innovación en la forma de pago y en el acceso al transporte público como bandera, debía relevar a los actuales títulos, tal y como ha sucedido en otras ciudades. Pero acumula dos años de retrasos y ahora la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) no prevé su completa implantación hasta 2021. Su retraso supondrá un sobrecoste de 24 millones de euros.

En un primer momento la demora se debió a los virajes que han hecho las administraciones que integran la ATM (Generalitat, Área Metropolitana de Barcelona y Estado). Se modificó el contrato y fruto de aquellos cambios la concesionaria SocMobilitat (integrada por CaixaBank, Fujitsu, Indra y Moventia) se embolsó 24 millones de euros en indemnizaciones. Ahora el retraso se debe, según reflejan las actas de las reuniones en la ATM, a la falta de preparación de la empresa concesionaria, que ha pagado multas por valor de 120.000 euros. El presupuesto inicial, de 58 millones de euros más IVA, se ha disparado, de momento, un 41%. Fuentes vinculadas al proceso señalan que no descartan que el coste continúe creciendo.

“La T-Mobilitat es un proyecto muy importante, pero también muy sensible y que puede generar desconfianza, por el registro y el uso de los datos personales y de los recorridos”, explica Ricard Riol, de la plataforma Promoció del Transport Públic. La nueva tarjeta, cuyo prototipo se presentó en el Mobile World Congress del año pasado como un estandarte tecnológico de Barcelona, quiere ir más allá de la integración tarifaria que se llevó a cabo en 2001. No solo por la tecnología contactless (a través de tarjetas sin contacto o del teléfono móvil) que utiliza, con la que se podrán integrar los datos de la tarjeta en el móvil, sino porque el registro y el uso de los datos de los usuarios y sus recorridos permitirá por fin primar los kilómetros recorridos y la recurrencia en el transporte público, ofreciendo descuentos según la recurrencia de uso.

“Esto ofrece ventajas como el postpago mediante domiciliación bancaria, que permite descuentos, o el registro de los datos, que acabará con problemas como que si ahora pierdes una T-Trimestre no te la devuelven, porque no hay base de datos. Pero estoy elucubrando, porque todavía nadie sabe bien qué se quiere hacer", añade Riol. Fuentes de las administraciones participantes admiten que el principal obstáculo ha sido lo ambicioso y complejo que era el proyecto original.

En 2017, la fecha límite para completar el proyecto anunciado en 2014, los titubeos políticos sobre este sistema retrasaron dos años su despliegue. La ATM modificó el contrato con SocMobilitat para garantizar que la exclusiva en el uso comercial de la base de datos fuese de la ATM y no de la empresa, y para establecer mecanismos de control público en la gestión. Por los cambios en el acuerdo, la administración pagó a la empresa 12 millones de euros, y 12 millones en concepto de indemnización por la demora. Además, hasta ahora la ATM ha gastado nueve millones de euros en la licitación de estudios sobre la T-Mobilitat.

A finales de octubre de este año, el consejero de Territorio Damià Calvet pospuso el despliegue total del proyecto hasta 2021, esta vez por culpa de la empresa y su falta de preparación, como reflejan las actas de la ATM. Por esta demora la administración ha impuesto multas (dos de las cuales han sido recurridas por la empresa) por un importe de 120.000 euros.

Una multitud de opciones de tarjetas

Los diferentes retrasos que arrastra la T-Mobilitat han dejado a Barcelona en la cola de las ciudades que han renovado sus títulos de transporte de cartón. Aunque no en todas las ciudades las tarjetas tienen las funciones a las que aspira la T-Mobilitat. La Oyster Card de Londres, el ejemplo que quiere seguir Barcelona, empezó a usarse en 2003. Sus funciones se han ido ampliando de la misma forma que la NaviGo de Paris, que empezó en 2001. En España, Tarragona (T-Avança, lanzada en 2013) y Zaragoza (tarjetas Ciudadana y Lazo) ofrecen tarjetas contactless con algunas funciones de postpago. En el caso de Zaragoza, como en Madrid, la tarjeta integra el sistema de bicicletas municipales. En Madrid, la tarjeta sin contacto se empezó a desplegar en 2012 y solo tiene la función de cargar los títulos de transporte.

Esta demora se explica en parte, según fuentes cercanas a la negociación, por los desacuerdos entre las empresas que forman el consorcio, y por la falta de recursos que han dedicado al proyecto.

En este, explican las mismas fuentes, “se ha optado demasiado por delegarlo a la empresa concesionaria”. Además, todas las homologaciones van tarde. Aunque el año que viene debía empezar a implantarse la tarjeta, no fue hasta marzo y julio de 2018 que la Generalitat resolvió la creación de los sistemas para habilitar a proveedores o fabricantes de la tarjeta y de los equipos. Hasta que no se homologuen, no se podrá abrir el concurso para su fabricación.

“Dado que este retraso solo es imputable al contratista, no se le garantizarán los ingresos de las validaciones del nuevo soporte [correspondientes a 2019]”, recoge además un acta del mes de junio del comité ejecutivo de la ATM. La empresa tiene asegurados ingresos durante 15 años con una tarifa de gestión de dos céntimos de euro por validación y otros ingresos por la venta de los títulos, la publicidad y otros conceptos. “Tirando a la baja, serán más de 20 millones de euros al año. Además, en la modificación del contrato se estipula que el inicio de la adjudicación pasa de 2014 a 2016”, explica Ariadna Cotén, de la plataforma T-Mobilitat.info. Esta página web es el resultado de la colaboración de las plataformas Stop Pujades, Críptica, Pirates de Catalunya y el sindicato COS. Todos sus integrantes demandan una gestión pública de la T-Mobilitat.

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