La Generalitat anuncia la T-Mobilitat para 2022, con seis años de retraso

La T-Mobilitat ya tiene, al fin, fecha definitiva para entrar en servicio. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, afirmó este jueves que la tarjeta plástica llamada a sustituir los desfasados billetes de cartón, y que debe reordenar las tarifas del transporte urbano, entrará en funcionamiento el próximo mes de enero de 2022 en Barcelona y el área metropolitana. El nuevo sistema, en el que la tarificación será por trayectos y no por zonas, acumula seis años de retraso y de sucesivos aplazamientos. El último traspié de un proyecto lleno de desmentidos y de incidentes obligó a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) a cancelar la puesta en servicio prevista para el pasado 21 de abril.

Calvet asegura ahora que la T-Mobilitat, un título pensado para simplificar el uso del transporte público y mediante el que se paga por distancia recorrida y no por zonas, entrará en fase de pruebas piloto el mes que viene y “tiene una hoja de ruta clarísima”. Los vaticinios del consejero chocan con las dificultades que ha encontrado la T-Mobilitat para dar con el rumbo correcto.

En noviembre pasado el director del Metro de Barcelona, Ramon Bacardí, criticó el proyecto por presentar deficiencias de planificación. Las dificultades para coordinar a operadores y administraciones han lastrado su puesta en marcha, a la vez que se multiplicaban los problemas técnicos para ejecutarlo. “La T-Mobilitat es un proyecto de I+D muy osado y, bajo mi punto de vista, muy mal planificado”, lamentó Bacardí. El presupuesto inicial, de 58 millones de euros más IVA, se ha disparado más de un 40%. Los virajes que han dado las administraciones que integran la ATM (Generalitat, ayuntamientos, Área Metropolitana de Barcelona y Estado) desembocaron en modificaciones del contrato de adjudicación. Fruto de aquellos cambios la concesionaria SocMobilitat (integrada por CaixaBank, Fujitsu, Indra y Moventia) se embolsó 24 millones de euros en indemnizaciones.

La Generalitat trabaja con la idea de que la tarjeta se empiece a desplegar en la capital y en el entorno del área metropolitana para, en una segunda fase, implementarse en toda Cataluña. “Cambiará radicalmente la manera como los usuarios usan el transporte público”, defiende la consejería de Territorio. La nueva tarjeta funciona acorde a la “movilidad real” de cada ciudadano, sostiene la Autoridad del Transporte Municipal (ATM). De carácter unipersonal, la T-Mobilitat calcula la tarifa de manera personalizada. Cada viajero paga en función de los kilómetros recorridos y de la frecuencia con que se mueve en transporte público. El modelo supone apartar el actual sistema de zonas tarifarias. Se contemplan unos estímulos económicos para aquellos usuarios más asiduos del transporte colectivo y la ATM defiende que permitirá rebajar precios de manera flexible cuando se precise, por ejemplo durante episodios de alta contaminación atmosférica, en los que interesa desincentivar el uso de vehículos privados.

Cuando la T-Mobilitat se empezó a esbozar en 2013 se publicitó como algo revolucionario para dinamizar el transporte público y para beneficiar a los usuarios más fieles del tren, metro o del autobús. Con el paso del tiempo y la sucesión de excusas, la pandemia fue la última causa alegada para aplicar una nueva demora, el concepto ha perdido atractivo e imagen de modernidad. La presentación de un soporte físico para poder viajar en transporte público deberá convivir con la proliferación de los dispositivos contactless. La no inclusión en la T-Mobilitat de medios de transporte urbano que se han hecho muy populares, caso de los patinetes eléctricos por horas y las bicis de alquiler, alimenta las dudas sobre la capacidad de servicio que pueda ofrecer este billete universal.

Una única tarjeta válida por usuario

La simplificación del pago es una de las ventajas que se le atribuyen a la T-Mobilitat. Elimina el complejo abanico de títulos de viaje — más de 80 distintos— y lo reduce a una sola tarjeta válida por usuario. Permite el prepago, la domiciliación bancaria, la recarga por internet y el abono de la tarifa a través del teléfono móvil. El objetivo es que su entrada en funcionamiento suponga aumentar el uso del transporte público, que ha caído un 40% desde la pandemia.