El Consejo de Seguridad Nuclear eleva un problema en la central catalana Vandellós II al nivel 1

La central de Vandellós II (Tarragona) sufrió el pasado miércoles una “anomalía” en un transmisor de presión que proporciona señal en el panel de parada remota, que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo público que vela por la seguridad en las centrales, decidió elevar ayer al nivel 1 (que lo define como “anomalía”) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos. El ente advirtió ayer asimismo de que se podría haber evitado “con los controles habituales”, aunque define el problema como “puntual” y cree que no hay evidencias de un problema “de cultura de seguridad generalizado en la planta”. El suceso no tuvo impacto en los trabajadores, la población ni en el medioambiente.

El CSN había clasificado la incidencia con el nivel 0, pero una vez revisada la información, ayer comunicó su decisión de elevarla a 1 en una escala de 7. El CSN considera que se produjo una anomalía en el transmisor, que estaba operativo desde el 19 de junio, “por lo que se superó de forma inadvertida el tiempo de acción establecido en las condiciones límite de operación”. En la escala de riesgo se establecen siete niveles: 0 (sin significación para la seguridad), 1 (anomalía), 2 (incidente), 3 (incidente importante), 4 (accidente con consecuencias locales), 5 (accidente con consecuencias de mayor alcance), 6 (accidente importante) y 7 (grave).

Vandellós II fue autorizada en junio de 2020 para renovar su actividad 10 años más. Junto a la central de Ascó, también situada en Tarragona, la central nuclear produce en torno al 50% de la energía eléctrica consumida en Cataluña. El último gran problema en sus instalaciones ocurrió en 2008, cuando un incendio obligó a parar su actividad durante semanas. En junio de 2020, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, advirtió de supuestas “carencias” de seguridad ante accidentes. Antes, la seguridad había sido objeto de disputa entre la Generalitat y el Gobierno, cuando el Govern acusó en 2019 al Ejecutivo central de no querer trasponer una directiva europea de 2014 porque, según él, obligaría a los municipios a hacer simulacros con población “cada tres años”.