El regalo de la ‘no venta’ de la Torre Ramonet

El tiempo y los tribunales han acabado dando la razón a la Generalitat, que finalmente podrá quedarse 15,9 millones de euros del anticipo que el grupo israelí Nadlan BCN pagó por la Torre Ramonet, sede del Departamento de Empresa en el paseo de Gràcia, y el edificio que en la calle Sepúlveda alberga las oficinas de Trabajo. La sociedad no desembolsó la totalidad de la cuantía pactada (63,5 millones) en el periodo especificado y la Administración decidió dar por liquidado el acuerdo, lo que abrió una batalla legal. Una sentencia del Tribunal Supremo parece haber puesto final a ese litigio que se dilataba desde 2015, cuando el Gobierno catalán cursaba un proceso de liquidación patrimonial para luchar contra la flaqueza de sus finanzas y el exceso de déficit presupuestario.

El Supremo ratifica una sentencia previa del Tribunal Superior de Cataluña, que señalaba la validez del contrato de adjudicación de los inmuebles tal y como defendían los letrados de la Generalitat. El fallo no adjudica costas a ninguna de las dos partes.

La operación de Nadlan era arriesgada. Acudió al concurso de la Administración con el objetivo de convertir el edificio del paseo de Gràcia, una de las arteras más codiciadas de la capital catalana, en un conjunto de locales comerciales y apartamentos de lujo. Por eso estaba dispuesto a pagar 41,6 millones de euros solo en la adquisición de los 10.045 metros cuadrados de la Torre Ramonet. Entonces, sin embargo, la Generalitat se había asegurado un contrato de alquiler de 20 años por los que pagaría en torno a 1,5 millones de euros anuales de rentas.

Los objetivos a futuro de Nadlan para construir vivienda prémium tenían una objeción. Para que el edificio pudiera albergar esos pisos de lujo y rentabilizar la inversión el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat tenían que modificar los usos del inmueble, hasta entonces e incluso ahora calificado como equipamiento. Un problema adicional se produjo unos días antes de la adjudicación: el Gobierno municipal cambió de manos y lo tomaron los comunes de Ada Colau, que se estrenaba en la arena política con la lucha contra la especulación inmobiliaria como una de sus banderas.

Una vez adjudicado el contrato, Nadlan pidió una prórroga para zanjar el pago de la cuantía total para la adquisición de los inmuebles. E incluso una segunda que la Generalitat se negó a dar, ya en noviembre de aquel año. Además de demandar a la empresa para reclamar daños y perjuicios, el Departamento de Economía y Finanzas se planteaba adjudicar los dos inmuebles a otros inversores. Ni una cosa ni la otra. Los dos edificios continúan en manos de la Administración autonómica y fue Nadlan la que acudió a los tribunales en un intento de recuperar sus casi 16 millones de euros.

Privatizaciones

Las ventas de los dos inmuebles formaban un plan del Gobierno de Artur Mas que pasaba por conseguir 550 millones de euros a través de la venta de un total de 37 inmuebles, racionalizar costes y mantener su ocupación hasta que fuera posible el traslado y agrupación en el distrito administrativo de la Zona Franca. Algunos de los concursos acabaron con descuentos sobre los precios de salida ante la imposibilidad de venderlos.

La mudanza a la Zona Franca se inició el año pasado (como muchas otras cuestiones se vio trastocada por la crisis sanitaria del coronavirus) y supuso una importante liberación de suelo en el centro de Barcelona: 48.000 metros cuadrados en apenas dos años.

La realidad hoy es que la comercialización de aquellos inmuebles ha generado más movimientos en el negocio de oficinas a causa de la tensión existente en el mercado de oficinas de Barcelona. La última es la adquisición por parte del fondo alemán KanAm de cinco edificios de la Generalitat por un importe de 280 millones de euros, según adelantó la semana pasada Expansión.