Interior lanza un guiño a la CUP y desactiva el gabinete jurídico que defiende a los Mossos

El Govern ha lanzado este miércoles en el Parlament un guiño a la CUP que reivindica desde hace meses un giro de 180 grados en la política del Departamento de Interior. El consejero Joan Ignasi Elena ha anunciado que en los próximos días o como muy tarde la primera semana de agosto traspasará la defensa jurídica de los agentes de los Mossos d’Esquadra del departamento al Gabinete Jurídico Central. Elena ha insistido en que seguirán defendiendo a los mossos con toda claridad cuando sufren agresiones. Xavier Pellicer, diputado de la CUP, ha considerado que es una primera medida del acuerdo de mínimos que alcanzaron con ERC el pasado mes de marzo. El cambio deberá pasar por Govern porque requiere un decreto de reestructuración del Departamento de Interior.

En un momento de la sesión de control en el Parlament, Elena ha anunciado el traspaso del gabinete jurídico y ha sostenido que su obligación es proteger de proteger a los Mossos cuando padecen lesiones y también el derecho de los ciudadanos a manifestarse. Con todo, el consejero ha sostenido que en las movilizaciones suele haber escasa conflictividad al revelar que antes de 2018 se registraban 14.000 movilizaciones al año y ahora se han elevado a 25.000 de las que solo 33 acabaron en sanciones.

Elena ha anunciado así el traspaso de las funciones de ese gabinete a preguntas de Pellicer, que considera que su sola existencia es una “anomalía en toda regla”. “Históricamente, ese gabinete es una correa de transmisión de las peores dinámicas policiales, ha afirmado. El cambio, según explica el Departamento de Interior, afecta a un equipo de cinco letrados del área penal. La intención es que incluso físicamente estén junto al resto del gabinete jurídico de Presidencia. Para hacer efectivo su nueva dependencia jerárquica de Presidencia, será necesario que lo apruebe el Consell Executiu mediante un decreto de reestructuración. Como muy tarde, es que se incluya en el último Consell antes de las vacaciones de verano, el del 3 de agosto.

La filosofía del cambio es que los letrados que hasta ahora actuaban bajo el paraguas de la secretaría general de Interior, de manera autónoma, lo hagan siguiendo las directrices del gabinete jurídico centralizado de Presidencia. De esta manera, Presidencia podrá decidir en qué casos la Generalitat se persona en una causa o qué peticiones de prisión se formulan, sobre todo tras las últimas polémicas en las que la Generalitat ha pedido penas de prisión para personas encausadas por protestas vinculadas al procés. Mandos policiales ven con suspicacia el cambio, que atribuyen exclusivamente a contentar a la CUP.

La CUP reivindica desde hace meses que la Generalitat deje de ejercer la acusación particular y pedir prisión en los casos en los que son juzgados independentistas o activistas sociales detenidos en manifestaciones. Los anticapitalistas consideran que es una contradicción que la Generalitat haya animado a protestas contra la “represión” y a la vez se persone en la causa y pida prisión como ocurrió por ejemplo el lunes en un juicio contra un militante de ERC. El joven fue acompañado a las puertas del juzgado por la plana mayor de su partido, empezando por Oriol Junqueras, pero el letrado de la Generalitat pidió seis meses de prisión.

“La decisión de Interior es un primer paso, pero debe haber más”, ha dicho Pellicer, que ha reclamado la retirada total de acusaciones manifestantes; la desaparición de ficheros policiales ideológicos y la práctica de fotografiar manifestantes y que la Brimo y la Arro, deja de tratar la emergencia habitacional como problema de orden público”, ha afirmado el diputado.

Elena ha insistido que su departamento defiende los derechos y los deberes de todos los ciudadanos y que seguirá defendiendo a los mossos cuando sufran lesiones. Ese punto figuraba en el acuerdo entre CUP y ERC, pero Pellicer ha solicitado que se revise también la acusación que ejerce Interior cuando se trata de delitos de atentado a la autoridad que no es una lesión.

La reconversión o traspaso del gabinete jurídico fue tratado hace días en la comisión de Interior del Parlament. El diputado de Units Ramon Espadaler presentó una propuesta de resolución para mantener ese gabinete. Alegó que los Mossos no son como el resto de los funcionarios, ya que su trabajo tiene “particularidades diferentes” del resto, vinculadas al uso de la fuerza. E insistió que el cambio puede acabar con la especialidad de unos abogados que hace años que defienden a los Mossos. “Se consolida una tendencia que es que ante determinadas acusaciones particulares que incomodaban al Gobierno, se sustraía del Departamento de Interior la capacidad de hacer esa defensa de los Mossos, y se situaban en el entorno de Presidencia de manera que en algunos casos se podía ser más flexible”, lamentó Espadaler. “Se pasa de hacer una defensa técnica a hacer una defensa más política, discriminando en qué casos sí y en qué casos no. Con lo que se genera una gran inseguridad hacia los Mossos d’Esquadra”, añadió.