Grandes bancos rechazan avalar a 34 encausados por el Tribunal de Cuentas por gastos del ‘procés’

La Generalitat no logra que el Santander, BBVA, Caixabank y el Sabadell apoyen su plan

Fachada del edificio del Tribunal de Cuentas, en Madrid.
Fachada del edificio del Tribunal de Cuentas, en Madrid.Óscar Cañas / Europa Press

El mecanismo financiero ideado por el Gobierno catalán para proteger a los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas —que les reclama una fianza de 5,4 millones de euros antes de mañana por supuestos gastos indebidos en la promoción exterior del procés independentista— ha topado con un obstáculo mayor. Algunos de los principales bancos, que son el intermediario necesario para ejecutar el plan, se niegan a colaborar con la Generalitat.

El Gobierno de Pere Aragonès creó hace dos semanas un fondo gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dotado con 10 millones de euros, que técnicamente da garantías a las entidades financieras para avalar a exdirigentes y servidores públicos que deban responder ante la justicia por actos derivados de su trabajo. Esa fórmula se pensó para beneficiar a los excargos investigados por el Tribunal de Cuentas.

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La Generalitat apartó 10 millones para los contraavales, que son las garantías de cobro que están ofreciendo a los bancos para que entren en la operación. Fuentes del mercado financiero aseguraron el lunes a EL PAÍS que el Ejecutivo catalán se ha puesto en contacto con cuatro de las principales entidades financieras del país: Caixabank, BBVA, Sabadell y Santander. Ninguna de ellas ha querido asumir la operación diseñada por el Departamento de Economía catalán, que pilota Jaume Giró. El Govern se queda sin tiempo, después de que el Tribunal de Cuentas haya descartado aplazar el abono de las fianzas, como habían solicitado algunos de los afectados. El plazo concluye mañana, miércoles 21 de julio.

Las entidades no ven clara la operación. No tanto por un posible daño reputacional —han asumido muchas otras operaciones con los gobiernos independentistas catalanes en los últimos años—, sino porque al riesgo jurídico de una medida que puede ser recurrida y suspendida por los tribunales se añadiría el riesgo financiero en caso de impago, según fuentes del sector.

El mecanismo establece que la Generalitat, que contraavala a los investigados, solo reclamará el dinero (con intereses y gastos de gestión) en caso de sentencia condenatoria firme y una vez agotadas todas las vías de recurso nacionales “e internacionales”. Así, según el Ejecutivo autónomo, no habrá daño al erario público. En caso de impago por insolvencia, el Govern dispone de los mismos mecanismos que el Tribunal de Cuentas para hacer efectivo el cobro.

Todos los ojos están puestos ahora sobre el Instituto Catalán de Finanzas, adonde los interesados han de hacer llegar su solicitud. El Departamento de Economía se escuda en la ley de protección de datos para no dar a conocer detalles sobre qué encausados por los gastos del procés han pedido acogerse al fondo. Tampoco ofrece datos sobre el número de posibles beneficiarios.

Fuentes judiciales constatan, sin embargo, que ya se han producido numerosas solicitudes. Dos de los afectados —el exdirector del Diplocat Albert Royo y el exdelegado de la Generalitat en Suiza Manuel Manonelles— aseguraron a TV3 que ya habían completado el procedimiento burocrático para acceder al contraaval de la Generalitat.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirmó el lunes que no le “consta” que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras o el exconsejero de Acción Exterior Raül Romeva (otros dos de los afectados) se hayan acogido al mecanismo diseñado por el Govern, si bien se mostró confiada en que sea útil. Una versión similar ofrece Junts per Catalunya.

Contra reloj

El Departamento catalán de Economía asegura que continúa trabajando contra reloj para encontrar una entidad financiera que avale a los procesados (que a su vez también tienen que negociar con los bancos), pero el proceso no está siendo fácil.

Con la puerta de los grandes bancos cerrada, el Govern aún tiene margen de maniobra con otras entidades. Por ejemplo, la Caixa d’Enginyers, con la que el Instituto Catalán de Finanzas tiene firmados convenios y con sede en Cataluña. “Por temas de confidencialidad, y por normas de la propia entidad, no hablamos de operaciones, pasadas o futuras de clientes o potenciales clientes”, señaló una portavoz de la entidad. Mientras que en 2017 CaixaBank y Banco Sabadell trasladaron sus sedes fuera del territorio catalán —para protegerse ante una hipotética secesión y el riesgo de salir del euro—, la Caixa d’Enginyers decidió quedarse tras el mandato de sus socios. Esto la llevó a aumentar en más de 10% sus clientes.

Con el tiempo en contra y sin un banco que abiertamente asuma el aval, se abre otro camino que contempla el decreto ley. Una disposición adicional del texto recoge que, si no es posible encontrar una entidad, el ICF “puede otorgar la garantía mediante cualquier medio admitido en derecho”, es decir, dar el aval directamente. Esta vía, sin embargo, genera más dudas legales. La norma también está pendiente de ser convalidada por el Parlament y de un informe no preceptivo del Consejo de Garantías Estatutarias (que verifica que las normas catalanas se ajusten a ley) solicitado por el PSC.

La otra opción en el horizonte es la llamada caja de solidaridad, una hucha creada por las entidades soberanistas para recoger fondos y hacer frente a los costes de los procesos judiciales o a las multas impuestas a los “represaliados por el procés”, como les denomina el independentismo. En los últimos días, la entidad que gestiona esa caja ha reunido un millón de euros.

La partida de 10 millones que sostiene el fondo tampoco ha estado exenta de polémica. La Generalitat ha movilizado los recursos del dinero extra que entró a sus arcas gracias a la relajación del déficit aprobada por el Gobierno, en plena pandemia, para dar liquidez a las comunidades autónomas. Esos fondos, sin embargo, no eran finalistas y el Govern creó una partida que pese a estar enmarcada en la lucha contra la covid puede dedicarse a “mejoras en las políticas públicas”.

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