“No hay nada de esta causa que pueda salvarse”

La policía, a veces, se equivoca. Y los fiscales. Y los jueces. Una investigación penal puede sobrevivir a cierto número de errores cometidos de buena fe. Pero cuando se suceden y afectan a derechos fundamentales, todo se derrumba. Es lo que ha pasado en el caso sobre el supuesto desvío de fondos de la Associació Catalana de Municipis (ACM) al procés. Las irregularidades cometidas por el juez instructor y por la fiscal anticorrupción que pilotaron la investigación han llevado a la Audiencia de Barcelona a archivarla. Tres años y medio de trabajo que, ahora, no sirven para nada.

“No hay nada en esta causa que pueda salvarse (...) Es una irregularidad detrás de otra, y la consecuencia debe ser la nulidad de todo”, expuso con contundencia Judit Gené, la abogada que presentó los recursos, en la vista ante los magistrados que acabaron por darle la razón. “Ha sido todo irregular, desde el primer momento. Y esto no puede salir gratis. Hay que exigir un mínimo de rigor”, le siguió su colega Rafael Entrena, que también elaboró los recursos, a propósito de uno de los deslices más llamativos de la causa, a la que ha accedido EL PAÍS: la fiscalía incluyó en su querella los pagos del ente municipalista (5.000 euros) a la Asociación Internacional de Instructores de Tiro Táctico, que organiza “cursos de alta capacitación” para las fuerzas de seguridad polacas e israelíes y que “evidentemente no tiene relación alguna con los fines” de la ACM, según la querella. La fiscalía fue llevada al error de la mano de la Policía Nacional, que expuso la posibilidad de que esos pagos se utilizaran para sentar las bases de un hipotético Ejército catalán. Pero no. Resulta que el objetivo era, como recordó Entrena, formar a la policía local de Lleida.

La fiscal investigó a Buch pero solo se querelló cuando dejó de ser aforado

La fiscal investigó a Buch pero solo se querelló cuando dejó de ser aforado

Ese y otros malentendidos más o menos flagrantes —la querella confundió la fundación Carles Pi i Sunyer sobre estudios autonómicos y locales con la figura del jurista independentista Carles Viver Pi-Sunyer— podrían haberse solventado con facilidad. “Bastaba con buscar en Google”, afirmó Gené. O con que la fiscalía hubiera dado a los sospechosos la posibilidad de dar su versión. No lo hizo y, contra lo que marcan sus estatutos —así lo creen al menos los magistrados— ocultó que había abierto diligencias de investigación. Esa es una de las irregularidades que vulneraron derechos fundamentales de los sospechosos (a la defensa, a la intimidad) y que han echado por tierra los esfuerzos por comprobar si la ACM para canalizar fondos al procés en un caso que nació en diciembre de 2017 a raíz de una nota anónima enviada a los Mossos.

La policía, y también la fiscal, siguen convencidos de su tesis. El pasado marzo, los agentes entregaron su informe definitivo al juez tras analizar los documentos encontrados en el registro que, en octubre de 2019 —en plena oleada de protestas por la sentencia del procés— practicaron en la sede de la ACM y en una agencia de viajes de Vic (Barcelona). Concluyen que el ente destinó 613.573 euros de sus fondos (“mayoritariamente públicos”) a “sufragar el proceso secesionista” en Cataluña “en connivencia con la Generalitat”. Entre esos gastos se incluyen viajes (Dinamarca, Suiza, Italia) que, camuflados como “viajes de estudios”, sirvieron para “adquirir conocimientos” sobre referéndums.

Cuando presentó la querella en julio de 2019, la fiscalía señaló a nueve miembros de la ACM pero no a Miquel Buch, entonces consejero de Interior y diputado en el Parlament. Como tal, Buch era aforado, lo que hubiera obligado a llevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Desde el inicio de las pesquisas, sin embargo, Buch fue investigado, entre otras cosas porque presidió el ente municipalista afín al independentismo de 2011 a 2017. “Hasta se investigaron sus cuentas bancarias”, protestó, en la vista, Gené.

Prácticas de tiro para policías locales se confundieron con un “ejército” catalán

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Esa circunstancia no impidió que, el pasado abril, la fiscal ampliara su querella para incluir a Buch. Le considera el “ideólogo” de unos viajes que pretendían acumular conocimiento para organizar un referéndum con el que “modificar el orden constitucional español”. Según el informe final de la policía, el exconsejero “autorizó pagos” a think tanks suizos especializados en consultas y apoyó tanto el 9-N como el 1-O. El juez admitió la ampliación, pero el archivo de la causa ordenado por sus superiores jerárquicos implica también, de hecho, que también él queda exculpado.