La oficina de empleo de Barcelona estudia subcontratar personal

Las entidades que dependen de las administraciones públicas y se ocupan de gestionar los programas de políticas activas de ocupación y orientación laboral se encuentran en una encrucijada. Su función, en un contexto de crisis sanitaria, social y económica que lleva a un aumento del paro, es más importante que nunca y, gracias a los fondos de recuperación europeos, recibirán una potente inversión pública. Pero el funcionamiento de estos programas, que van por convocatorias de subvenciones con inicio y fin, dificulta a las entidades tener una plantilla estable y dimensionar bien los recursos.

El caso más paradigmático es Barcelona Activa, la agencia de desarrollo del Ayuntamiento: para este tipo de programas usaba la fórmula del contrato por obra y servicio con la que los empleados entraban y salían intermitentemente. Pero, tras varias sentencias que certifican que estos trabajadores son estructurales y deben contar con un contrato fijo, y ante la imposibilidad, por la ley de Presupuestos Generales, de hacer contratos indefinidos, la entidad ha decidido no optar a nuevos proyectos y prescindir de 102 trabajadores temporales. Ahora estudia externalizar algunos de estos programas y reclama a la administración un cambio legislativo.

Si en algún momento son necesarias las políticas de ocupación y de orientación laboral es en este contexto de crisis sanitaria y económica. La pandemia ha diezmado el trabajo: más de 445.000 personas están en situación de desempleo en Cataluña y, desde que empezó la pandemia, más de 1,13 millones de trabajadores catalanes han pasado en algún momento por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Esta medida, que protege el puesto de trabajo, termina en septiembre y los sindicatos temen que algunos ERTE se conviertan en ERE, en despidos derivados de expedientes de regulación de empleo.

El nuevo Gobierno catalán, a través de los fondos europeos de recuperación, lo ha identificado como una prioridad, y ha puesto en marcha un plan de choque sin precedentes: 917 millones destinados sobre todo a ayudas de 5.000 euros a las empresas que contraten jóvenes, mujeres o personas mayores de 45 años, pero también a reforzar el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) con políticas activas de empleo que se gestionan a través de entidades.

Esta inyección de dinero, no obstante, choca con el funcionamiento del día a día, y ha estallado en Barcelona Activa. La agencia municipal ha decidido no renovar a los temporales, lo que implica que, a medida que vayan terminando los programas en los que trabajan (entre este mes de julio y hasta dentro de siete meses), la plantilla se irá adelgazando hasta prescindir de 102 trabajadores, un 22% del total, hasta llegar a los 324 empleados.

“Tenemos una plantilla fija con la que podremos seguir haciendo programas, pero no podremos escalar ni abordar nuevos proyectos, porque es imposible renovar contratos temporales o contratar indefinidos”, explica Fèlix Ortega, director general de Barcelona Activa, que lamenta que, a partir de una “situación compleja y totalmente involuntaria”, la agencia no podrá optar a los nuevos fondos en un momento de tanta necesidad.

”Hemos ido funcionando con contrataciones según las convocatorias que se abrían, y ha habido denuncias de trabajadores que piden ser estructurales. Los jueces han empezado a darles la razón. Por lo tanto, si seguimos contratando a temporales estamos en fraude de ley. Pero, por otro lado, no podemos contratar indefinidos por la ley de Presupuestos Generales que solo permite la tasa de reposición por parte del sector público”, detalla sobre la situación.

Barcelona Activa reclama una solución. “Tenemos que encontrar fórmulas para evitar poner en peligro la gestión de estas políticas activas. Por ejemplo, que a través de un consorcio con el SOC, se pueda optar a convocatorias en concierto con otras entidades para que sean estas las que aporten los trabajadores. Llevamos tiempo estudiando cómo hacerlo”, explica. Esta opción de externalizar los programas es lo que preocupa al sindicato de profesionales de ocupación en Cataluña (SPOC). Natxo Parra, abogado del Col·lectiu Ronda que asesora al sindicato y lleva decenas de casos de trabajadores de Barcelona Activa, considera que sería “bastante grave”.

”Es verdad que trabajan con subvenciones finalistas y acotadas en el tiempo, pero se reiteran año tras año, son estructurales. Tendrían que contratar a fijos, y si se terminan los programas y no se renuevan, el Estatuto de los Trabajadores prevé el despido por causas objetivas”, señala.

“El problema de la temporalidad en la administración pública no es ningún secreto”, recuerda Parra: según CC OO, la temporalidad afecta a más de 115.000 trabajadores públicos en Cataluña. La solución de renunciar a programas para evitar el problema tiene según Parra un doble efecto: “Primero, la gente de Barcelona Activa que se queda en la calle, y después, la propia labor de la agencia, en un momento en que el paro es tan elevado”.