Cataluña limitará las renovables en terrenos agrícolas y pedirá tener el apoyo de los ayuntamientos

La consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña, Teresa Jordà, ha anunciado este jueves en el Parlament la modificación “en otoño” del decreto de 2019 de energías renovables. Tras dos años de críticas del sector agrícola y ayuntamientos, que se quejaban de perder terreno en favor de grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos, la nueva normativa supondrá el veto para instalar en terrenos agrícolas. También la introducción de otro requisito remarcable para tramitar los proyectos: que los promotores de los parques cuenten con el apoyo de al menos el 85% de la propiedad de los terrenos y el beneplácito de los consistorios. “Es evidente que el decreto [de 2019] ha creado un malestar general por no tenerlos en cuenta”, ha dicho Jordà. La comunidad, con el 10%, está hoy a la mitad del objetivo del 20% dictado por la Unión Europea en la implantación de renovables.

Si bien la consejera, que en esta legislatura estrena competencias en materia energética, ambiental, agrícola y pesquera tras la creación de la nueva consejería, ha enfatizado que no se trata de “que unos ganen y otros pierdan”, en la práctica la modificación de esta norma supone un espaldarazo al sector agrícola y a la CUP, que pedía una moratoria de los grandes proyectos para evitar oligopolios y fue el único partido del Parlament que votó en contra del decreto ley 16/2019. En su comparecencia, Jordà ha hablado de “democratización” de la energía y del “fenómeno absolutamente especulativo” que, a su juicio, se ha producido en Cataluña con el actual modelo. El sector ecologista también abogaba por implantar un modelo renovable pero sin crear oligopolios.

La nueva regulación perseguirá sobre todo proteger a los campos de cultivo. El sindicato mayoritario Unió de Pagesos pedía que la implantación de renovables se hiciera respetando el espacio agrario “sin especular con el valor de la tierra”. Ahora, el nuevo decreto incluirá que los campos más favorables a la agricultura, según los criterios del Instituto Cartográfico, no podrán “en ningún caso utilizar para plantas fotovoltaicas ni eólicas”. En cuanto a suelos con menos calidad para la siembra, el nuevo decreto estipulará que solo se podrán ocupar un máximo del 5% en la superficie de regadío y de un 10% en el de secano.

La nueva norma también quiere evitar situaciones como la del municipio de La Jonquera, que pese a estar en contra, en sus terrenos sobrevuela un proyecto de Enel Greenpower España para construir un parque eólico en parajes boscosos con la modificación de 7,86 km de caminos existentes y la construcción de 3,64 km de nuevos y la construcción de una línea eléctrica de evacuación de la energía de 132 kV y de 20,6 kilómetros. Jordà ha anunciado que a partir de la modificación los proyectos fotovoltaticos y eólicos solo podrán iniciar la tramitación del proyecto si cuentan con el acuerdo del 85% de la propiedad de los terrenos y los ayuntamientos. Con esto, defiende la Generalitat, se busca impedir que proliferen proyectos sin “el acuerdo de propietarios y con el desconocimiento de los ayuntamientos”.