Las heladas dejan sin trabajo a miles de temporeros en Lleida

La campaña de la fruta de Lleida necesita 30.000 temporeros —a 6,68 euros la hora— para recoger y almacenar melocotones, nectarinas, peras y manzanas. En mayo de 2020 los agricultores hicieron un llamamiento reclamando jornaleros en plena pandemia. La plana de Lleida se saturó. Miles de trabajadores del campo comenzaron a malvivir en las calles. Hubo brotes de covid y varias comarcas fueron confinadas. Este año las heladas han herido la campaña y el sector mantiene que se recogerá entre un 30% y un 40% menos que en 2020. Las previsiones más optimistas aseguran que solo necesitarán entre 20.000 y 23.000 temporeros.

Mamadoy Coulibalz tiene 49 años, viene de Mali y en 2005 cruzó el estrecho en patera buscando otra vida. Hoy envía, cuando puede, dinero a los tres hijos que viven en su país. Malvive de campaña agrícola en campaña agrícola. Lleva ya varias semanas en Lleida, tiene papeles y está apuntado en las listas de Unió de Pagesos para, en cuanto haya demanda de temporeros, recoger nectarinas. “La vida del inmigrante en España es triste y muy dura”, se lamenta Coulibalz. Ha dormido unas noches en la parroquia de Sant Ignasi de Loiola de Lleida, donde varias entidades improvisaron un albergue hasta que el Ayuntamiento puso esta semana en funcionamiento varias camas en un pabellón de la Fira de Lleida. “Este año no hay mucho trabajo. Antes estuve en Jaén, donde la campaña de aceituna acabó pronto y después mi intención es ir a Logroño a recoger uva. Para mí solo es obligatorio ganar dinero y enviarlo a mi casa. No me importa si lo paso mal”, confiesa.

El año pasado en las calles de la capital del Segrià se concentraban centenares de temporeros en busca de trabajo. Tras la declaración de pandemia, los agricultores hicieron un llamamiento advirtiendo de que si no venía mano de obra no se podría recoger la fruta. Todo se desbordó. Hasta la capital del Segrià se desplazaron centenares de temporeros ocasionales. Personas que antes de la covid eran manteros, chatarreros o trabajaban en la restauración. Algunos de los que fueron, con papeles, pudieron trabajar y los que no tenían su situación regularizada dormían al raso en busca de que algún agricultor que se saltara la ley y les diera trabajo.

Omar Ndiaye tiene 35 años y es de Senegal. Lleva seis años en España, pero nunca ha conseguido regularizar su situación. “Vivo de lo que me dan los amigos y poco más”, se sincera. Ha pasado la noche durmiendo al raso en Lleida. “Para los que no tenemos papeles es incluso más complicado. Cada mañana vamos a esa plaza (señala) a esperar que vengan las furgonetas, los conductores nos señalen y nos lleven —si tenemos suerte— a trabajar”, confiesa. Asegura que sin papeles los contratan por menos de cinco euros la hora. “Pero también nos cobran, al menos siete euros, por los gastos de llevarnos en la furgoneta hasta el campo”, denuncia. Junto a él se encuentra un compatriota de Senegal que tampoco tiene papeles. “Yo vivo en Barcelona, en el Raval. Vine el año pasado y no me cogieron para trabajar ni un día. Espero este año tener más suerte”, sonríe.

La vacuna única

Pere Roqué, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Lleida, advierte que este año las heladas de invierno han afectado, y mucho, a la futura cosecha. “A diferencia de 2020, este año todas las sedes de ASAJA hemos estado pregonando en todas las provincias que esta campaña no necesitamos tanta gente en Lleida”, explica. Roqué defiende que este año hay mucho control gracias a la vacunación de trabajadores y descarta grandes brotes de covid como los que el año pasado marcaron la comarca del Segrià.

Para evitar los contagios este año, la Generalitat está vacunando —con Janssen, de única dosis— a temporeros y personal agrícola. Esta semana ya han vacunado más de 3.300, sobre todo temporeros que trabajan en los almacenes y cámaras, precisamente donde se dispararon los contagios, de la zona del Baix Segrià.

Uno de los primeros lugares en llegar jornaleros, como cada año, es Aitona donde cada campaña llegan —a un municipio con 2.500 habitantes— unos 4.000 trabajadores. “Pueblos como el nuestro se han sentido muy abandonados por las administraciones. Nosotros hemos tenido que inventarnos, por ejemplo, la instalación de 15 módulos prefabricados por si hay que aislar temporeros. Un alquiler que supone 4.000 euros al mes y que estamos costeando sin ayudas”, lamenta la alcaldesa Rosa Pujol.