Cataluña en la disputa por el poder en España

En la batalla en torno a los indultos de los presos independentistas anunciados por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, la ecuación política es la misma que se dio hace ya 15 años contra la aprobación del Estatuto catalán de 2006. Es una disputa por el poder en España. Por una parte, el PP encabeza el frente del nacionalismo español conservador formado con Ciudadanos y Vox que rechaza frontalmente la medida de gracia, como entonces se oponía al Estatuto. Es la coalición informal de la derecha nacionalista española que se unió en 2019 para gobernar en Andalucía, Castilla-León, Murcia y Madrid, y que ahora aspira a retornar al Gobierno de España. En la otra parte está la mayoría parlamentaria progresista encabezada por el PSOE, cuajada hace justamente tres años en la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy a propósito de los escándalos de corrupción del PP. En esa alianza con los socialistas están Unidas Podemos, los nacionalistas periféricos progresistas, el PNV y Esquerra Republicana.

El PP tiene motivos para creer que su campaña de 2006 contra la reforma del Estatuto catalán contribuyó decisivamente a su victoria electoral de 2010, la que llevó a Rajoy a la presidencia del Gobierno de España. Ahora intenta que una repetición de la jugada contribuya también a una futura victoria electoral de Pablo Casado sobre Pedro Sánchez.

Ahora se argumenta que el derecho de gracia será el pago del PSOE a ERC por su apoyo a la investidura de Sánchez

Ahora se argumenta que el derecho de gracia será el pago del PSOE a ERC por su apoyo a la investidura de Sánchez

¿En qué consiste la repetición de la jugada? Entonces se acusaba al Gobierno del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero de plegarse a las exigencias del nacionalismo catalán, al que se presentaba como sempiterno perseguidor de privilegios y se acusaba de atentar contra la igualdad de los españoles. Se argumentaba sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del nuevo Estatuto y se anunciaba que sería recurrido ante el Tribunal Constitucional. Ahora se argumenta que los indultos serán el pago de la factura debida por los socialistas a Esquerra Republicana (ERC) por su apoyo a la investidura presidencial de Pedro Sánchez y se anuncia la futura presentación de recursos ante el Tribunal Supremo para que este los anule.

La ecuación es la misma que la de 2006: el conservadurismo encabezado por el PP batallando ferozmente contra el progresismo liderado por el PSOE, con el conflicto catalán como motivo de la disputa. Sin negar un ápice la importancia política general que tienen tanto el Estatuto como los indultos, lo cierto es que en ambos casos se trata de excusas, elementos a los que se recurre para dirimir la cuestión central, la que de verdad importa a quien los agita: la disputa del poder en España. Un álibi. Una coartada para plantear un marco de discusión que se estima ventajoso para los propios intereses de parte.

El principal riesgo es que, de álibi en álibi, lo que ha conseguido es que la minoría independentista crezca

El principal riesgo es que, de álibi en álibi, lo que ha conseguido es que la minoría independentista crezca

Al mismo tiempo, sin embargo, el viejo truco al que se recurre sin escrúpulo alguno, es también una apuesta cargada de riesgos para el bien que se proclama perseguir: la estabilidad constitucional de España. El principal riesgo es que, de álibi en álibi, recogiendo firmas contra los catalanes en 2006, promoviendo el boicot a productos comerciales catalanes, pidiendo la cárcel para los independentistas, dejando en manos de jueces y fiscales el manejo de la crisis política de 2017, lo que el PP ha conseguido al cabo de 15 o 20 años es que la minoría independentista catalana crezca sin cesar. El independentismo que en las elecciones generales del año 2000 obtenía el 5,7% de los votos ascendió al 36,8% en las primeras elecciones generales de 2019 y al 42% en las segundas. El nacionalismo autonomista catalán coautor del consenso constitucional de 1978 abraza ahora la causa independentista. En las elecciones autonómicas del 14 de febrero de este año se ha enfilado hasta el 52% si se cuenta el 2,5% de votos del PDeCAT, que quedó fuera de reparto de escaños.

Este es el resultado de la política del PP de José María Aznar y Mariano Rajoy sobre los asuntos catalanes que ahora Pablo Casado retoma. Y cualquier observador medianamente sensato y frío puede darse cuenta de que, por inverosímil que sea la creación de un nuevo estado en la actual Unión Europea, la expansión política del independentismo en Cataluña no deja de crecer. Es de carácter reactivo. Es un reflejo defensivo de una sociedad que se considera maltratada por el Gobierno de España, malquerida por los segmentos de población que corean el “¡a por ellos!” y que considera fracasados los sucesivos empeños políticos de acomodo en la arquitectura institucional española. Apuestas como la del presidente Pedro Sánchez con los indultos son una buena fórmula para revertir una tendencia muy negativa para las perspectivas constitucionales de España. Lo contrario es seguir alimentando el problema.