Opinión
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La madurez de Colau

La alcaldesa ha asumido que entre el blanco y el negro hay muchos grises. Para transformar hay que gobernar y también transaccionar sin traicionarse a uno mismo

Vecinos celebran la paralización de un desahucio en El Raval, Barcelona, en noviembre de 2020.
Vecinos celebran la paralización de un desahucio en El Raval, Barcelona, en noviembre de 2020.Albert Garcia / EL PAÍS

Ada Colau llega a la mitad de su segundo mandato sin descartar presentarse a una tercera reelección. En las formas, la alcaldesa ha eclipsado a la activista social, aunque en su gestión abunden esos principios que la han convertido en una primera edil peculiar. Son pasos hacia la madurez política. El pacto con los socialistas y la generosidad sin contrapartidas de Manuel Valls fue un primer peldaño para que Colau asumiera que entre el blanco y el negro hay muchos grises. Para transformar hay que gobernar y también transaccionar sin traicionarse a uno mismo. La expulsión del PSC del Ejecutivo municipal el anterior mandato por su apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña fue un estéril ejercicio purista de Colau. La historia se ha encargado de mostrar —independentistas incluidos— que no incurre en anatema quien pacta con los socialistas. A día de hoy el Gobierno municipal de Barcelona funciona razonablemente bien. Hay lógicas discrepancias, pero nada que ver con lo que ha sucedido y amenaza con seguir ocurriendo en la casa de enfrente, la Generalitat, entre independentistas.

En estos dos años, una estrategia que ha seguido desarrollando el equipo de Colau ha sido construir una ciudad vivible. La limitación de la circulación de vehículos y la conquista de la sostenibilidad están en la agenda de las principales capitales europeas, excepto Madrid. Son ejemplos de ello Anne Hidalgo en París, Sadiq Khan en Londres o Michael Müller en Berlín. En este terreno, plena homologación europea.

Colau ha arrinconado la equivalencia entre propietario y enemigo. La alcaldesa ha aprendido que las complicidades requieren acuerdos amplios. Hay flecos sueltos, como en el urbanismo táctico, aplicado en numerosas ciudades. Por económico, defendible y reversible que sea, cuando parte de los expertos lo considera infantil, chapucero y multicolor es que ha faltado consenso o mano izquierda.

Urbanismo aparte, en periodos duros y épocas de crisis —la reciente pandemia es un excelente paradigma de todo ello— es cuando quien ostenta el poder debe mostrar sensibilidad hacia los más vulnerables. Personas que pierden la vivienda, ciudadanos a quienes se cortan los suministros energéticos, jóvenes que no tienen acceso a una vivienda. Para ellos, las políticas practicadas en Barcelona son importantes: inversión pública en vivienda (construcción de 2.300 pisos públicos); información y protección sobre cortes de suministros (Puntos de Asesoramiento Energético); y acompañamiento y búsqueda de solución en los desahucios (Servicio de Información y Mediación Municipal).

Colau ha comprobado lo severa que es la interpretación de la legalidad cuando toca intereses de poderes existentes

La acción política de Colau ha comportado una cascada de querellas y denuncias. Ser de izquierdas no está de moda en las urnas o en los tribunales. El Gobierno municipal ha comprobado lo severa que es la interpretación de la legalidad cuando toca intereses de poderes realmente existentes. Un ejemplo paradigmático es la sentencia del Tribunal Supremo de 2019 para que Aigües de Barcelona fuera gestora del ciclo integral del agua en el área metropolitana hasta 2047, que fue un varapalo a la pretensión de municipalización.

La alcaldesa ha constatado que quien actúa políticamente debe atenerse a las consecuencias. Agbar, preocupada por el posible dispendio público, ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas los encargos realizados por el Ayuntamiento a entidades sociales para hacer informes sobre la municipalización del agua. Las adjudicatarias de la Generalitat que —con Agbar y sus filiales a la cabeza— engrasaron entre 2008 y 2013 la maquinaria de la fundación Catdem, de Convergència, con 7,1 millones de euros, encuentran intolerable que un ayuntamiento pague 875.000 euros a entidades que pueden amenazar sus intereses. En el frente penal, Colau ha chocado con Abogados Catalanes por la Constitución, que acusa a la alcaldesa de “desviar fondos públicos” a colectivos con los que ella o sus concejales tuvieron vínculos antes de llegar al cargo. Un total de 1,2 millones de euros se ha llevado el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingenieros sin Fronteras, entidades que tienen el común denominador de oponerse o evidenciar las arbitrariedades de fondos buitre o las grandes eléctricas.

El balance de estos dos años de Gobierno de Colau es una buena muestra del empeño y las dificultades de una Administración para revertir situaciones injustas. Es una lucha tan necesaria como incomprendida por parte del electorado que muchas veces valora la vistosidad del envoltorio por encima del deslucido contenido de la acción política.

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