El Gobierno catalán nace sin política fiscal por la discrepancia entre los socios

El acuerdo de Gobierno entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya revela más por lo que omite que por lo que dice. Algunos asuntos fundamentales en materia económica y social —por ejemplo, la fiscalidad— han sido obviados en un texto que es la base para investir a Pere Aragonès como president. Los socios han aparcado esas cuestiones clave por innegables diferencias ideológicas, que el concurso de la CUP —necesaria para desarrollar cualquier política pública— solo agrava. El acuerdo también pasa de puntillas por el orden público, que estará en manos de ERC y que es un foco constante de choques.

Sin esbozo de política fiscal. Los dos partidos, como ya sucedió en campaña, no acaban de desarrollar el capítulo de la fiscalidad, en el que Junts y ERC, además de la CUP en 2017, han tenido encontradas posiciones. Mientras la patronal Foment del Treball presiona para rebajar impuestos en defensa de la competitividad, el acuerdo pasa por encima. No hay referencia más allá de un supuesto reforzamiento de la fiscalidad verde del Govern, en línea con la UE, y la creación de un nuevo impuesto que grave el comercio electrónico.

Inversiones estratégicas. El acuerdo plantea ahondar en la participación de la Generalitat en empresas estratégicas e impulsar un fondo de inversión ya creado por el Govern. El Instituto Catalán de Finanzas continuará la carrera por conseguir ficha bancaria. Y se plantea la enésima remodelación del Servicio de Ocupación de Cataluña. El programa destina 1.000 millones a vivienda, incluida la compra de 500 pisos para protección oficial.

Bonos verdes. Sobre finanzas públicas, el Govern insiste en su intención de superar el límite del Fondo de Liquidez Autonómica, la línea de crédito de rescate de las comunidades autónomas en apuros, y buscar financiación alternativa. Por ejemplo, con la emisión de bonos verdes, pese a que la calificación crediticia de la Generalitat continúa en bono basura. El Govern plantea elaborar unas cuentas propias de una “Cataluña-Estado” para hacerse una idea de lo que supondría, en términos económicos, la independencia.

Asuntos sociales: cartera propia. Con la crisis económica y social que trae la pandemia, el Govern tendrá una consejería dedicada en exclusiva a asuntos sociales que, además, cambia de manos: pasa de ERC a Junts. En el anterior ejecutivo, con la premisa de que la mejor respuesta social es el empleo, los asuntos sociales estaban ligados al Departamento de Trabajo. Los efectos del coronavirus desbordaron a la administración, y Trabajo fue duramente criticado por la gestión de la crisis en las residencias y de las ayudas sociales.

Una agencia para coordinar. El acuerdo prevé mejorar la coordinación entre el Departamento de Derechos Sociales y el de Salud con la creación de una agencia que gestionará los recursos para personas mayores y con discapacidades. Esa colaboración beberá de los 5.000 millones de euros extra que, en cinco años, el Govern quiere destinar a políticas sanitarias y sociales. Pero para eso, advierte el texto, es necesaria una mejora de la financiación. El pacto prevé aprobar una ley para promover la autonomía personal y crear nuevas plazas de residencias.

Rescate de 700 millones. Derechos Sociales quiere movilizar, de entrada, 700 millones para un plan de rescate de la crisis social derivada de la pandemia, con programas para la ocupación, ayudas contra la pobreza y reducción de las listas de espera de dependencia. El documento también pretende desplegar un plan estratégico (917 millones) para reformar todo el sistema de servicios sociales: ley del Tercer Sector, economía social y solidaria, renta garantizada e ingreso mínimo vital, sinhogarismo. En infancia y juventud, el Govern quiere crear un plan de apoyo a las familias y un plan de choque contra el paro juvenil.

Más dinero para Salud. El acuerdo busca reforzar el sistema de sanitario y aumentar, especialmente, la partida destinada a la atención primaria. El presupuesto actual de Salud es de casi 9.800 millones, de los que 1.569 van a atención primaria. El Govern pretende dotar a este sector con 300 millones más en tres años “con el objetivo de alcanzar el 25% del presupuesto”, una reclamación histórica. Con el incremento previsto, sin embargo, apenas se alcanzaría el 19%. El pacto para investir a Aragonès, además, pretende aprobar un Pacto Nacional para la Salud Mental e incrementar las retribuciones de los profesionales “hasta igualarlo a la media de la UE”. El documento habla de “incorporar nuevos profesionales”, pero no lo concreta. Tampoco queda claro el plan de renovación de las infraestructuras, iniciado durante la pandemia.

Interior: ni rastro de foam. El acuerdo entre ERC y Junts per Catalunya pasa de puntillas sobre el elemento más polémico que afecta a los Mossos: la prohibición del uso del foam, las pelotas de espuma viscoelástica que utilizan los antidisturbios de la policía catalana en los desórdenes públicos. Estuvieron en boca de todos los partidos durante las negociaciones, después de una joven perdiese un ojo presuntamente por el impacto de una bala de foam en las manifestaciones contra la detención del rapero Pablo Hasél. Incluso ERC se comprometió con la CUP a congelar su uso. El pacto cerrado entre ambas formaciones, que evita mencionar los proyectiles, se emplaza a debatir el modelo de orden público en el Parlament y defiende mejorar “el modelo de policía democrática” e incorporar “nuevos elementos de prevención y mediación” para solucionar “conflictos”.

Contener las acusaciones. Sí menciona el papel que ha de tener la Generalitat como acusación pública cuando hay altercados. Acuerda una “modificación legislativa” para que no se persone contra “participantes en movilizaciones sociales y políticas”, excepto si hay “lesiones a agentes acreditadas con certificado médico”. El resto de puntos incluyen proyectos históricos, que han pasado de un mandato a otro sin materializarse, como una Ley del Sistema de Policía de Cataluña, una actualización del modelo de seguridad pública, promover la paridad o alcanzar los 22.000 efectivos.

Sin mención a las prisiones. La principal competencia del Departamento de Justicia es la gestión de las prisiones. Tiene la capacidad, entre otras cosas, para flexibilizar el régimen de vida de los presos, como ocurrió con los líderes independentistas condenados por el procés. Junts atacó a la consejera Ester Capella (ERC) por un tercer grado demasiado tardío. Ahora será Junts quien decida. Pese a todo, el acuerdo no hace una sola mención al sistema penitenciario. Sí, en cambio, a cuestiones que exceden las competencias del Govern: el texto propone “promover una justicia independiente, que garantice las libertades y derechos de todos”. También incluye reivindicaciones de ayer y de hoy: que el catalán sea un requisito en la justicia, así como “modernizar y digitalizar” la administración.

Renovables ‘versus’ agricultores. Las políticas de medio ambiente, hasta ahora diluidas en una secretaría, no recuperarán la consejería que tuvieron hace una década. Pero sí ganan peso. Esquerra asumirá Acción Climática, Agricultura y Alimentación. El gran reto será poner de acuerdo al sector agrícola y al ecologista, en constante choque en todo el territorio. El pacto apuesta por cumplir el objetivo marcado por Bruselas (100% de energía renovable en 2050), pero modificará el decreto que facilita el impulso de las renovables y que tiene en pie de guerra a Unió de Pagesos, contrario a perder terrenos a favor de placas fotovoltaicas o molinos de viento. El Ejecutivo busca un “pacto nacional” que dibuje las zonas “más convenientes” para su implantación.

Salvar los deltas. El pacto entre ERC y Junts anuncia una batería de leyes: una Ley de Biodiversidad y el Patrimonio Natural, una ley de Transición energética y una nueva nueva de Gestión de Residuos. Además, los partidos ven prioritario un plan para la protección del delta del Ebre, que todavía sufre los perjuicios económicos del temporal Glòria en 2020; e impulsar la recuperación del delta de Llobregat (pendiente desde 1994) tras el varapalo de la Comisión Europea por su desprotección.

Un 6% del PIB para Educación. El Departamento de Educación, que seguirá en manos de ERC, prevé aumentar el presupuesto para llegar al 6% del PIB (ahora es del 2,5%). El departamento busca un pacto contra la segregación escolar, garantizar la universalidad y gratuidad en la etapa de 0 a 3 años, apostar por las vocaciones científicas y tecnológicas de los alumnos y desplegar un plan de choque contra el fracaso escolar y por la escuela inclusiva. También quiere fortalecer la inmersión lingüística con la defensa del catalán como lenga vehicular en escuelas e institutos. En Formación Profesional, el nuevo Govern quiere impulsar la formación dual, con más participación de las empresas, donde los alumnos hagan las prácticas.

Universidades gana peso. La configuración del nuevo Ejecutivo vuelve a dedicar una consejería en exclusiva a las universidades y la investigación, tal como reclamaban los rectores. Entre otros puntos, se compromete a blindar la rebaja del 30% en las tasas universitarias; conseguir una financiación sólida hasta el 0,58% del PIB en cinco años; potenciar el relevo generacional y la innovación en los centros; o aprobar la ley de la Ciencia y la ley del Mecenazgo para impulsar la investigación, con el objetivo de llegar a una inversión del 2,12% del PIB cuando termine la legislatura (la financiación pública sería del 0,75%).

Cultura: los proyectos de siempre. ERC recupera el Departamento de Cultura por primera vez desde el tripartito. Convergència y sus herederos de Junts la han ocupado con consejeros volátiles, seis en cinco años, que han aprovechado el cargo para hacer carrera política, como Laura Borràs, presidenta del Parlament. El pacto busca los mismos objetivos, nunca alcanzados, que han estado en el horizonte de Cultura los últimos años, como conseguir que el presupuesto destinado a la cultura sea del 2% (no llega al 1%) y que se aumente el gasto cultural a 200 euros por habitante (en 2020 se destinaban 40).

Eliminar el IVA cultural. En el acuerdo también se contempla reclamar la desaparición del IVA cultural y dotar económicamente los planes integrales de impulso de la música, la danza, las artes escénicas y visuales y el circo, puestos en marcha por Junts con pocos o nulos recursos. Entre los objetivos principales, además de incrementar las ayudas al tejido cultural, afectado por la pandemia, están: crear una ley de políticas y derechos culturales, elaborar una nueva ley de patrimonio, mejorando la de 1983 e impulsar una nueva regulación del mecenazgo cultural, algo que siempre se ha reclamado al Estado, pese a tener la Generalitat competencias para regular una parte.

Más catalán y TV-3. En cuanto al catalán, se propone impulsar su uso en todos los sectores mediante un Pacto Nacional para la Lengua; potenciarlo en el mundo audiovisual, en las redes sociales y en los videojuegos y conseguir aumentar la cuota de pantalla en el sector del cine. Los socios también aseguran que fortalecerán el liderazgo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales dotándola de un nuevo modelo: con una dirección profesional, con recursos suficientes y plantilla proporcionada, rejuvenecida y de estructura sencilla. Apostarán, de forma decidida, por los contenidos dirigidos al público infantil y juvenil que sean ejemplares en el uso de la lengua e impulsarán un plan de choque para reactivar el sector audiovisual.

Con información de Dani Cordero, Josep Catà, Bernat Coll, Rebeca Carranco, Carlos Garfella, José Ángel Montañés y Jesús García.