Las políticas de Ada Colau desatan una ofensiva en los juzgados

En las dos últimas semanas el plan de hoteles o la creación de un dentista municipal, con precios por debajo de mercado, han recibido varapalos judiciales.

El hotel que la cadena Meliá está construyendo en la calle Casp de Barcelona. Carles Ribas
El hotel que la cadena Meliá está construyendo en la calle Casp de Barcelona. Carles RibasCarles Ribas / EL PAÍS

Desde que Ada Colau llegó al poder, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona no paran. Las políticas impulsadas por la alcaldesa en urbanismo, turismo, movilidad o gestión del agua han molestado a empresas, colegios profesionales y patronales que, al ver peligrar sus intereses, han tratado de derribarlas en los juzgados. Los pleitos se acumulan. En el ámbito contencioso, esos grupos han esgrimido (a menudo con éxito) la falta de competencia municipal. Pero la ofensiva se libra, cada vez más, en la vía penal, donde Colau y sus concejales acumulan denuncias por injurias, prevaricación o irregularidades en la gestión.

En las dos últimas semanas, el plan de hoteles (PEUAT) que impide la apertura de nuevos establecimientos en el centro o la creación de un dentista municipal, con precios por debajo de mercado —ambos proyectos estrella de Colau— han recibido varapalos judiciales.

El PEUAT ha sido anulado definitivamente esta semana por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por cuestiones de forma. La aprobación inicial de una segunda versión del texto que corrige aspectos censurados por los juzgados supone, con todo, que sigue vigente en su espíritu inicial. En el caso del dentista, por ahora no se ha podido materializar. Un juzgado contencioso-administrativo ha tumbado también esa iniciativa al concluir que el consistorio carece de competencias.

EL PAÍS ha analizado una treintena de procesos judiciales de calado que tienen al Ayuntamiento de Barcelona en la diana. Colegios profesionales y patronales han pleiteado con especial ímpetu contra las políticas de Colau. A menudo, con éxito. Los hoteleros han conseguido modificar el PEUAT. Las patronales inmobiliarias han recurrido la decisión de que el 30% de las nuevas viviendas sean sociales. Y la Cámara de la Propiedad ha doblegado la tasa municipal a los pisos vacíos con el mismo argumento que los dentistas: la falta de competencias de un gobierno que, en su afán por ampliar el abanico de políticas públicas, ha cruzado algunos límites.

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El director general del Gremio de Hoteles, Manel Casals, recuerda que “solo los hoteles presentaron más de 150 contenciosos contra el plan que prohibía nuevas aperturas en el centro”. La situación fue “tan excepcional” que el gremio buscó a un jurista especializado en urbanismo para asesorar a las empresas. Ahora se muestran satisfechos y reconocen, dice Casals, que ellos no gobiernan y que han de aceptar que el ejecutivo de comunes y PSC “no quiere hoteles en el centro”.

Desde la patronal de los promotores (APCE), su director general, Marc Torrent, explica que en su recurso contra la modificación urbanística que impone el 30% de vivienda social en nuevos edificios, los argumentos jurídicos señalaron “desde cuestiones de falta de competencias municipales, hasta formales en el proceso de tramitación”. También Airbnb recurrió la multa que Colau les impuso en 2016, de 600.000 euros, por anunciar pisos turísticos que no tienen licencia. Fuentes de la plataforma explican que no hay novedades y que el proceso judicial sigue abierto.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos celebró “el primer y contundente pronunciamiento judicial, que garantiza que el Ayuntamiento debe parar cualquier iniciativa de construir o abrir centros dentales”, dice su presidente, Antoni Gómez.

“Cuando intentas revertir privilegios, la reacción es fuerte. Las multinacionales, las cadenas hoteleras o los fondos de inversión impulsan muchas de las denuncias”, replica Marc Serra, concejal de Participación y Derechos de Ciudadanía. “La paradoja”, añade, “es que hay empresas que usan los beneficios que obtienen al gestionar un bien público para inundar de recursos y querellas a la administración”. Serra se refiere, sobre todo, a Aigües de Barcelona, que en su opinión ha lanzado una “ofensiva judicial” contra el ejecutivo municipal. Consultada por este diario, la empresa ha declinado responder a las palabras del concejal.

La batalla del agua

Cuando llegó a la alcaldía en 2015, Colau se propuso abrir el debate sobre la gestión del agua y plantearlo en una consulta ciudadana. Los comunes cuestionaban la creación, durante el mandato de Xavier Trias, de una sociedad público-privada controlada por Agbar. El TSJC anuló la adjudicación a Agbar del suministro de agua en Barcelona, que había sido recurrido por empresas del sector. Pero en 2019, y tras un recurso de Agbar, el Tribunal Supremo (TS) avaló la entidad mixta. Durante la disputa, Agbar se querelló dos veces contra el principal impulsor de la consulta sobre la gestión pública del agua, el concejal Eloi Badia, por injurias y revelación de secretos; ambas fueron archivadas.

La sentencia favorable del TS no frenó a la compañía, que ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por el supuesto “perjuicio” a las cuentas públicas (que cifra en 875.000 euros), fruto de los informes encargados por el Ayuntamiento sobre la posible municipalización del suministro de agua potable. La denuncia incluye subvenciones a “asociaciones afines”, como Ingenieros sin Fronteras, donde trabajó Badia.

Todos los ayuntamientos lidian con pleitos. Sobre todo en la vía contenciosa, donde empresas y particulares recurren decisiones de las que discrepan. Su número se ha disparado, en línea con la creciente judicialización de los conflictos: en 2020 aumentaron el 15% y en lo que va de año se contabilizan 626, frente a los 402 del mismo periodo del año pasado. La novedad, ahora, es que se ha pasado a dar la batalla en la vía penal.

La asociación Abogados Catalanes por la Constitución ilustra ese cambio de tendencia. Impugnó en lo contencioso, con éxito (por un defecto de forma) el reglamento de participación para las consultas ciudadanas. Ahora, la asociación ha llevado a Colau y a otros concejales —incluidos estrechos colaboradores durante el primer mandato, los hoy diputados Gerardo Pisarello y Jaume Asens— a la fiscalía. Los abogados denuncian que el consistorio otorgó subvenciones de forma irregular a entidades afines, como la citada Ingenieros sin Fronteras, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Observatorio DESC, de donde proceden Colau y parte de su equipo. Aunque fuentes municipales sostienen que todas las subvenciones se ajustan a la ley, la fiscalía está investigando a fondo.

A diferencia de lo que ocurre en lo contencioso, muchas querellas han acabado archivándose. La semana pasada, coincidiendo con la ofensiva en la fiscalía y en el Tribunal de Cuentas, Colau dio a conocer el carpetazo a procesos penales: contra ella misma (la patronal de las VTC), contra la concejal Janet Sanz (una empresa hotelera la denunció por prevaricación al no conceder una licencia) o contra la exedil Gala Pin (acusada de injurias por una inversora patrimonial). “Judicializan la gestión cotidiana. Abusan del derecho penal para conseguir no tanto el resultado jurídico como la difamación mediática”, lamenta Serra, jurista de formación.

Servicios jurídicos

La llegada de los comunes también supuso una apuesta por los servicios jurídicos municipales, que ahora soportan una carga de trabajo mayor. Para las cuestiones penales, sin embargo, recurren a abogados externos, porque los letrados del Ayuntamiento solo pueden defender la institución, no a concejales. El trabajo de los servicios jurídicos no es siempre a la defensiva: grandes procesos en los que ejerce como acusación —los atentados de La Rambla del 17-A o el caso 3% de corrupción— también consumen parte de su tiempo.


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