Jordi Turull, primer condenado por el ‘procés’ que acude a la justicia europea

El exconsejero de la Generalitat Jordi Turull será el primero de los nueve dirigentes independentistas condenados por el procés que acuda a la justicia europea. Turull ha anunciado este viernes que, en cuestión de dos semanas, sus abogados presentarán la demanda por vulneración de derechos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. El exconsejero, que permanece en prisión pero disfruta de permisos puntuales de salida, confía en que el voto particular de dos magistrados del Tribunal Constitucional sobre la sentencia del Tribunal Supremo sirva para convencer al TEDH. “Los dos votos particulares nos llenan de esperanza”, ha afirmado.

Ni Turull ni su abogado, Jordi Pina, han dado a conocer los detalles más técnicos de su escrito, aunque llevan tiempo trabajando las líneas maestras. El Tribunal Constitucional avaló la condena a Turull, pero el voto particular de dos magistrados será parte esencial de la demanda a Estrasburgo.

El exconsejero ha aprovechado esa circunstancia para volver a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que dé un paso al frente por la libertad de los políticos encarcelados. “¿A qué lado del Constitucional está el llamado ‘gobierno más progresista’? ¿Al lado del que, en aras de la unidad de España, destroza derechos? ¿O al lado del que defiende que, sin un escrupuloso respeto por las libertades, no hay Estado de Derecho?”, se ha preguntado Turull en una rueda de prensa telemática.

El miércoles, el Constitucional dio a conocer la sentencia que avala la condena impuesta a Turull por su “su activa participación en la promoción del referéndum” del 1-O y su “contumaz oposición” a respetar la legalidad. La resolución avala que haya sido condenado por un delito de sedición y niega uno de los argumentos de la defensa: que la pena a elevadas penas de prisión tenga un “efecto desalentador” en movilizaciones ciudadanas que reivindiquen derechos.

El texto, sin embargo, contiene el voto contrario al delito de sedición de dos magistrados. El exconsejero considera que ese posicionamiento crítico le refuerza ante Europa porque prueba que el Tribunal Supremo “se valió de Vox [que ejerció la acusación popular en la causa del procés] para dictar una sentencia que es un escarnio y una venganza”. Turull basa este argumento en que el voto particular del Constitucional considera “desproporcionada” la pena de 12 años porque es superior a la pedida por la Abogacía del Estado (11 años y medio), la única acusación que formuló una petición concreta para la condena de sedición en concurso medial con malversación, el delito que finalmente se atribuyó a Turull. Para imponer un castigo más alto, el Supremo se amparó en Vox, que aunque no había establecido una petición concreta para sedición en concurso medial con malversación, había solicitado 15 años de cárcel para cada uno de estos dos delitos por separado. Los magistrados discrepantes advierten que “no deja de llamar la atención” que la pena impuesta por el Supremo se valga de “una petición realizada por una acusación popular que, por ser ejercida por un partido político, la propia sentencia impugnada califica como perturbadora y respecto de la que insta al Gobierno la conveniencia de su supresión en la legislación procesal penal”. “En definitiva”, señala el voto particular, “incluso en el marco legal de la individualización concreta de la pena el órgano judicial contaba con los suficientes instrumentos normativos como para haber adecuado la cuantificación de la pena, al menos, al mínimo legal posible de diez años”.

Demanda en dos semanas

El exconsejero pidió al Gobierno que, si de verdad quiere “excluir a la derecha de las instituciones”, exprese su rechazo a la sentencia del Supremo. “Empezamos un nuevo camino, será largo, lo viviremos desde la prisión, pero valdrá la pena. También para toda la gente que tiene causas pendientes por el 1-O”, ha dicho Turull en alusión, entre otros, a los ex cargos y altos cargos del Govern que están a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por la organización del referéndum independentista.

El abogado Jordi Pina ha aclarado que, aunque dispone de un plazo legal de cuatro meses, presentará el texto ante el TEDH en cuestión de dos semanas. Pina ha explicado que las defensas están trabajando conjuntamente para analizar los recursos, pero que cada uno de los afectados presentará un texto por su cuenta, sin esperar a que el Constitucional se haya pronunciado sobre todos ellos. “Consideramos que es mejor que cada uno presente su demanda a medida que vaya conociendo la decisión”, ha apuntado. En opinión de Pina, los votos particulares confirman la tesis de la defensa sobre la vulneración de derechos fundamentales (reunión, expresión, manifestación) de Turull.