La denuncia por las subvenciones en Barcelona apunta a Pisarello y Asens
La Fiscalía y el Tribunal de Cuentas indagan la gestión de ayudas de Colau


La investigación sobre las subvenciones concedidas por Ada Colau a entidades afines amenaza con convertirse en una enmienda a su primer mandato. La asociación Abogados Catalanes por la Constitución presentó ayer, ante la fiscalía, una ampliación de su denuncia por presuntas irregularidades en las ayudas públicas. La entidad apunta ahora a dos personas del círculo más cercano a Colau, figuras centrales en la candidatura que la aupó a la alcaldía de Barcelona en 2015: los diputados de Podemos en el Congreso Gerardo Pisarello y Jaume Asens.
Pisarello fue primer teniente de alcalde y mano derecha de Colau en el primer mandato; Asens ocupó la tercera tenencia de alcaldía. La asociación les ha añadido a la denuncia, precisamente, por formar parte del gobierno municipal que concedió las subvenciones presuntamente irregulares.
Hace poco más de un mes, la Fiscalía de Barcelona abrió diligencias de investigación a raíz de la primera denuncia. La asociación considera que Colau regó con generosos fondos públicos colectivos con los que había colaborado y mantenido, incluso, vínculos profesionales en su etapa como activista. Antes de saltar a la política municipal, Colau fue la cara visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La Fiscalía debe decidir si incluye a Pisarello y a Asens en una investigación que señala, por ahora, a seis personas: Colau; la exconcejal de Ciutat Vella Gala Pin; la asesora municipal de vivienda Vanesa Valiño; la concejal Laia Ortiz, la teniente de alcalde Laura Pérez e Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC.
El observatorio DESC es uno de los colectivos que, según la denuncia, estuvo recibiendo “reiteradamente” y de forma “injustificada” ayudas públicas. Otras entidades presuntamente beneficiadas fueron la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF). Tras conocer la investigación abierta, Colau negó cualquier práctica irregular, aseguró que se siente “muy tranquila” porque “no hay caso” y se mostró dispuesta a colaborar con la justicia.
“Vínculos personales”
Según la denuncia, Pisarello y Asens, al igual que Colau, tuvieron “vínculos personales y profesionales” con las entidades que recibieron las ayudas. En caso de que la Fiscalía les incorpore en la investigación, vea indicios de delito y denuncia interponer una querella, es probable que el caso acabe en manos del Tribunal Supremo. Asens y Pisarello son diputados en el Congreso y, por tanto, aforados.
Además de la investigación de la fiscalía, la gestión de Colau debe abordar también un frente administrativo. El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre la concesión de subvenciones. La denuncia, impulsada por Aguas de Barcelona (Agbar), acusa a Colau y al concejal Eloi Badia de una serie de irregularidades para impulsar la municipalización del suministro de agua en la ciudad. El consistorio, siempre según Agbar, dio “subvenciones desproporcionadas” a asociaciones ligadas a los dirigentes municipales, como Ingenieros sin Fronteras.
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