División constitucionalista frente al bloqueo del Govern

El independentismo está tan profundamente fracturado que Esquerra y Junts llevan casi dos meses y medio negociando sin éxito la reedición del Govern. Las elecciones se convocarán el 26 de mayo si antes no cierran un pacto para investir president al republicano Pere Aragonès. Frente a esa desunión, los partidos constitucionalistas tampoco exhiben unidad alguna. Divididos y rivales para captar electorado, PSC, Ciudadanos y PP suman 42 diputados sobre 135. No pueden, ni desean por sus diferencias ideológicas, articular una alternativa; pero tampoco tejen complicidades para denunciar juntos el bloqueo. En Comú Podem, con ocho diputados, está al margen de ese bloque.

Los socialistas ganaron las elecciones del 14 de febrero con 33 escaños, empatados con ERC aunque superándoles en votos. Fue una victoria amarga porque el PSC querría gobernar con los comunes y el apoyo externo de ERC. Sin embargo, el partido de Ada Colau dice que no apoyará investiduras condenadas al fracaso. El pacto, además, es inviable a la derecha —seis diputados de Ciudadanos y tres del PP—. Los 11 diputados de Vox quedan fuera de cualquier conjetura.

Las matemáticas vuelven a dar la espalda al constitucionalismo aunque Salvador Illa ya ha pedido a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que le permita presentarse a la investidura. Sin embargo, es Borràs la que tiene que dar ese paso y en marzo lo rechazó porque constató que existía una mayoría de bloqueo contra Illa al comunicarle los tres partidos independentistas que no le iban a votar. El PSC insistirá en que Borràs les dé vía libre si Junts y ERC no firman antes del futuro debate un pacto.

Descartado un Gobierno de izquierdas por los vetos cruzados entre PSC y ERC —con los comunes sumarían una mayoría de 74 diputados—, la política parlamentaria en Cataluña está enfangada. Por un lado, está un Govern que no llega mientras al otro lado hay <CS8.8>una fractura de los partidos constitucionalistas, que critican la desunión secesionista pero tampoco muestran una estrategia común, aunque fuera simbólica. Enfrentados ya en el último mandato en el que venció Inés Arrimadas —PSC y PP le afearon que no se postulara— la realidad es que el constitucionalismo solo mostró un plan unitario en 2017 en respuesta a las leyes de desconexión, o en las protestas multitudinarias convocadas por Societat Civil contra la declaración de independencia.

El principal partidario de la unidad del movimiento, Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos, reconoce que ve “muy difícil” que se puedan plantear políticas conjuntas en esta coyuntura. “Pero deberíamos tener un acuerdo general de legislatura para que el nacionalismo encuentre una oposición basada en principios constitucionales”, dice. En el anterior mandato, intentó sin éxito una coalición junto a PSC y PP. Los socialistas la tacharon de maniobra electoral y los populares no creyeron en ella. Tras ser defenestrada, Lorena Roldán, entonces cabeza de lista de Cs, acabó en el PP. Fue el preludio de las fugas y la agria ruptura entre ambas fuerzas.

Carrizosa ve difícil promover políticas conjuntas en la actual coyuntura

Carrizosa sostiene que Illa no tiene la vocación de encabezar la oposición constitucionalista con la misma energía y sin “complejos” que Ciudadanos porque quiere mantener puentes con ERC y comunes. Y está seguro de que no podrá presentarse a la investidura porque, como le pasó a Arrimadas, no depende de él. “Ella nunca se postuló ni se reunió con nadie”, replica Alícia Romero, portavoz del PSC. La socialista expone que no están “cómodos” con según qué partidos y señala que su apuesta es un gobierno con los comunes y el apoyo de ERC. Miembros del PP apuntan que el constitucionalismo como movimiento no tiene futuro y que lo tuvo en 2017 como respuesta al procés y al aglutinarse en torno a Ciudadanos. Su sensación es que el eje derecha-izquierda empieza a emerger y desplazará al procés porque el tripartito ya ha aparecido como hipótesis. Carrizosa discrepa y avisa de que la CUP apoya el pacto de Govern pese a estar en las antípodas de Junts.

Con diagnósticos y soluciones diferentes, los tres partidos, con la mirada puesta en las elecciones de Madrid, solo coinciden en fiscalizar al Govern, en activar el Parlament y en rechazar que los soberanistas hayan aplicado una variante de la regla d’Hondt para dejar a Vox sin senador autonómico. El PSC sí firmó junto a los soberanistas el decálogo para formar un cordón sanitario en torno a Vox, aunque no comparten el veto al senador ni abandonarán el hemiciclo cuando hable.

Miembros del PP creen que el eje derecha-izquierda acabará desplazando al procés

Fernando Sánchez Costa, presidente de Societat Civil, satisfecho de que Illa haya empezado a hablar en castellano en los plenos o haya pedido la destitución del jefe de informativos de TV3, invita a que el movimiento no caiga en un proceso de “desánimo” y de “retraimiento como en el País Vasco”. “Ha costado mucho romper la hegemonía absoluta del pujolismo en el movimiento civil”, afirma, y apunta que han impulsado una mesa cívica constitucionalista con 21 entidades. Su tesis es que sus partidos afines deberían fijarse, al margen de su política parlamentaria, estas prioridades: “Es imprescindible, más allá del área metropolitana, que arraiguen en las provincias que son las que deciden las mayorías políticas”. El 14-F, el secesionismo superó el 50% de votos en todas las provincias salvo en Barcelona (47%). De 50 diputados en liza en Tarragona, Lleida y Girona, los tres partidos solo lograron 11 (10 el PSC y uno o Cs).