TV3

La batalla independentista por controlar TV3 dispara las alarmas de la plantilla

Los trabajadores se niegan a ser como una “consejería” y recuerdan que se tiene que cumplir la ley de la elección de la gobernanza de la cadena

Exterior de las instalaciones de TV3 en Sant Joan Despí (Barcelona).
Exterior de las instalaciones de TV3 en Sant Joan Despí (Barcelona).Albert Garcia / EL PAÍS

La batalla independentista entre ERC y Junts por hacerse con el control de los medios de comunicación públicos de la Generalitat —y especialmente para nombrar a la dirección de TV3 y Catalunya Ràdio— se está librando en las negociaciones abiertas entre las dos formaciones para formar Govern. Una situación que ha disparado las alarmas de las plantillas de los respectivos medios, que exigen que se cumpla escrupulosamente la ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y se elija a sus responsables por méritos.

Esa ley, aprobada en 2019, estipulaba que la dirección del ente público debía ser elegida por dos tercios del Parlamento catalán y, posteriormente, los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por concurso público entre profesionales reconocidos. “Junts no quiere soltar el mando de TV3”, apunta un conocedor de la casa. Algo que reafirman fuentes de la dirección de ERC, pese a que dan por hecho el relevo del actual director, Vicent Sanchis, considerado afín a los de Carles Puigdemont. Esquerra comparte buena parte de la línea editorial de la cadena, pero, según las fuentes consultadas, considera que el canal no puede seguir encorsetado en un discurso independentista que en muchas ocasiones coincide punto por punto con la estrategia de Junts. “Hay programas que se limitan a repetir consignas que llegan del entorno de Puigdemont y esto daña, sobre todo, a la propia cadena”, explican. Los dirigentes de Junts, por su parte, imputan algo parecido a la radio pública, cuyo director, Saül Gordillo, es de la máxima confianza de ERC.

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“Sospechamos que quieren que seamos como una consejería más, a lo que nos negamos, claro”, afirma un destacado miembro del comité de empresa de TV3. El malestar ha arreciado estas últimas semanas a medida que se ha tenido conciencia de que en las negociaciones entre las dos formaciones independentistas se han barajado incluso nombres para sustituir a Sanchis y Gordillo. Y todo sin pasar por el Parlament. “Lo que pedimos es responsabilidad política y exigimos que se cumpla la ley”, añaden fuentes del Consejo Profesional de la televisión catalana.

Esa ley, que supuso la vuelta al sistema de nombramientos por mayoría cualificada anulado en 2012 por Artur Mas, establece que los siete consejeros de la CCMA —ahora solo quedan cuatro y todos ellos tienen su mandato caducado hace años— deben ser elegidos por dos tercios del Parlament a propuesta, como mínimo, de tres grupos parlamentarios. Es decir, que ERC y Junts necesitarían del concurso de un tercer partido para proponer nombres, algo que con la actual composición de la Cámara catalana apunta hacia el PSC.

“Mercadeo político”

Algún movimiento ya se ha producido en ese sentido: “Tanto Junts como ERC ya nos han planteado la cuestión, aunque por separado. Nosotros no queremos hablar de nombres, sino de modelo”, apunta Alicia Romero, portavoz del grupo socialista del Parlament.

“Con ese sistema se pretende poner fin a un mercadeo político tan descarado”, apuntan fuentes sindicales, que señalan que la injerencia in crescendo del Govern ha agudizado el sesgo independentista que tiene la cadena pública, con una audiencia mayoritariamente de esa ideología. Según datos del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, la audiencia de los informativos de votantes no independentistas ha bajado del 24% al 13,5% en los últimos seis años. “Somos una cadena pública y nos debemos a toda la población, no solo a una parte”, subraya la misma voz sindical.

La CCMA replica, en su defensa, que los informes del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) —el órgano de control de los contenidos de los medios públicos, que también tiene a sus cuatro miembros con el mandato caducado— certifican que “TV3 y Catalunya Ràdio están comprometidos con la pluralidad y la diversidad política y social”. Ese retrato es negado por los dos consejeros del CAC que suelen pronunciarse a través de sus votos particulares a los dictámenes favorables a TV3. “El CAC se ha convertido en una coartada. Y lo peor es que hay cierto pasotismo, cada vez hay menos denuncias que sí se hacen en las redes pero no llegan al CAC”, apunta Daniel Sirera, vocal a propuesta del PP, que se ha cansado de criticar que en la cadena pública se habla “de presos políticos y de exiliados, cuando no son ni una cosa ni la otra”.

Carme Figueras, vocal a propuesta del PSC, pone el acento más en algunos programas que incluyen tertulias y contenidos políticos “donde hay un claro desequilibrio entre participantes independentistas y los que no lo son”. Y pone ejemplos: “Entre marzo y agosto de 2020, el FAQS [espacio de actualidad de la noche del sábado] entrevistó a 17 personas identificadas como independentistas frente a cuatro que no lo son. En Tot es mou [magacín de tarde] fueron 53 independentistas frente a 15 y en las entrevistas del Més 324 [programa diario de análisis] la proporción fue de 17 a seis”. Figueras destaca que la periodista y escritora Pilar Rahola, muy próxima a Junts, participó entre marzo y agosto de 2020 durante 12 horas y 18 minutos en los programas Tot es mou y FAQS expresando “su opinión personal sin réplica ni contraste”.


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