Joan Ridao: “Un referéndum con todos los pormenores es la solución”

Joan Ridao, de 53 años (Rubí, Barcelona), ha renunciado al cargo de letrado mayor del Parlament tras ganar una plaza de profesor permanente de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona. Acaba de publicar el compendio Lleis Polítiques de Catalunya. Comentaris. Fue diputado y exsecretario general de ERC. Defiende que el referéndum pactado es la única vía para solucionar el conflicto político en Cataluña.

Pregunta. ¿Por qué ha renunciado al cargo?

Respuesta. Gané las oposiciones en 2016 a letrado del Parlament, pero siempre tuve un ojo puesto en la universidad, a la que he estado vinculado muchos años. En julio se convocaron plazas y decidí optar. La gané antes del 14-F. Tampoco niego que sabía que la legislatura sería compleja y polarizada.

P. Su antecesor dimitió por presiones de grupos independentistas. ¿No es su caso entonces?

R. No, yo he tenido siempre esa componente bífida porque me gusta la academia. ¿Si los letrados nos sentimos escrutados? A veces se nos imputa una responsabilidad que no es. Nuestra función es consultiva y no vinculante. Alguien nos ha proyectado como una especie de Guardia Urbana que puede placar como un jugador de rugby al político. Las decisiones las toman ellos.

P. Ciudadanos criticó su nombramiento. ¿Le dolió?

R. Acepto con naturalidad que mi condición anterior de dirigente político pesara. La prueba de algodón es que hemos recibido críticas a diestro y siniestro.

P. ¿Cómo vivió las sesiones del 6 y 7 de septiembre cuando se aprobaron las leyes de desconexión? Los diputados independentistas no les hicieron caso.

R. Ese debate pudo cuestionar el derecho de algunas minorías y no respetó el procedimiento. No quiero exonerar de ninguna responsabilidad a los actores políticos que hicieron caso omiso de las advertencias del Tribunal Constitucional. Las formas en democracia forman parte del fondo. Sin embargo, no podemos perder de vista el contexto: se llega tras una etapa que arranca con el desenlace infeliz del Estatut y se preconiza el diálogo con el pacto fiscal o el 9-N. El Estado fue refractario. El PP judicializó el conflicto y convierte al Constitucional en el único del mundo con poder coercitivo.

P. ¿Imaginó que acabarían en prisión?

R. Me sorprendió. Se ha actuado con una severidad y escarnio con los presos. La solución definitiva es la amnistía o la reforma del Código Penal como propone Podemos. El indulto puede contribuir a desinflamar el conflicto a corto plazo, pero deja fuera de esos beneficios a otros muchos encausados. Es de agradecer, pero no será el desatascador. Y con elecciones, se atrasará hasta verano u otoño.

P. Ha sido diputado y letrado. ¿Le ve solución?

R. Se podría haber canalizado. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional —la 42/2014— que anula una resolución del Parlament del inicio del procés e invoca el fallo de la Corte Suprema del Canadá de 1998 que dice que no se puede despreciar la expresión democrática de una parte significativa del pueblo del Quebec. El Constitucional apunta que se debe encauzar a través de una reforma constitucional. Cataluña no tiene suficiente peso demográfico ni político, pero puede forzar un acuerdo con el Estado, que es lo que los federalistas de Canadá hicieron con la ley de la claridad o David Cameron y Alex Salmon en Escocia.

P. Pero el Constitucional se ha distanciado de esa vía.

R. Ha sufrido una involución y ha hecho cosas insólitas. Ha atribuido a las Mesas [del parlamento] capacidad para controlar el contenido de las iniciativas y los ha convertido en minitribunales constitucionales. En los 90, el TC decía que el control debía ser formal. Esa doctrina se ha aplicado en el Congreso para no tramitar la ley de amnistía. Y ahora las iniciativas de impulso político y declarativo tienen eficacia jurídica sin ser vinculantes. Es un error. Hace treinta años se aprobaban resoluciones en favor de la autodeterminación y no pasaba nada.

P. ¿Ve futuro o cree en la mesa del diálogo con el Gobierno?

R. La solución debe venir de la mano de un acuerdo político, del estilo de Canadá o del Reino Unido. Y este esquema pasa inexorablemente por un referéndum. Cuando sea y con sus pormenores: en los términos de la Comisión de Venecia, con cuórum de mayorías y participación. Necesariamente tendrá que ser con un acuerdo político porque si no, nos abocamos de nuevo a la vía de la unilateralidad, que se ha revelado fracasada y sus consecuencias coercitivas están a la vista.

P. El Gobierno dice que el referéndum es inconstitucional...

R. Entiendo que una Constitución esté hecha para preservar la unidad de un Estado. Pero si apelas a la unidad lo único que hace es perpetuar el conflicto.

P. ¿Debe aceptar el Parlament que Lluís Puig, diputado y exconsejero huido en Bélgica, puede delegar el voto?

R. Dimos la opinión de acuerdo con la previsión del reglamento [no contempla el supuesto de Puig]. Sobre la delegación de voto pesa una complejidad extraordinaria: el juez Llarena habilitó al Parlament para que los presos votaran y no se alteraran mayorías. No es una cuestión fácil.

P. Junts ha apartado de la mesa a Jaume Alonso-Cuevillas por no querer ser inhabilitado por resoluciones que “no van a ningún lado.” ¿Le sorprende?

R. No valoro decisiones personales. Pero ilustra la complejidad de la actuación de la mesa. Hace diez años no habría pasado.