La Fiscalía se querella contra Endesa por la muerte de aves electrocutadas en sus torres

La Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona se ha querellado contra Endesa y seis de sus directivos por la muerte de aves en torres de media tensión de la compañía. En una inédita querella, el ministerio público acusa a los directivos de la compañía eléctrica de un delito contra el medio ambiente y otro contra la protección de la fauna tras una investigación de casi dos años impulsada por el fiscal Antoni Pelegrín. La querella ha sido ya admitida por el Juzgado de Instrucción de Vic (Barcelona), que lo está investigando. Fuentes de la compañía evitan, por el momento, valorar la querella porque, explican, “no se ha recibido ninguna notificación oficial”.

La querella recuerda que la normativa obliga a la compañía a adoptar las “medidas necesarias” para evitar “riesgos o daños” que el transporte de la energía conlleva para la fauna y la flora. En particular, se vulnera un real decreto de 2008 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que fijaba medidas protectoras e instaba a las comunidades a elaborar una lista con los tendidos problemáticos en parajes protegidos. El fiscal solicitó información a la Dirección General de Políticas Ambientales de la Generalitat, que le remitió un mapa (de 2014) que localizaba 1.089 tendidos susceptibles de ser renovados en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El 95% pertenecían a Endesa.

Con la investigación ya avanzada tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona, la Generalitat abrió el pasado año más de un centenar de expedientes sancionadores por esta problemática en Cataluña, adelantó EL PAÍS el pasado 27 de febrero. Endesa, a su vez, adaptó en 2019 con dinero público al menos 89 tendidos ubicados en zonas protegidas de Cataluña tras recibir finalmente la subvención estipulada por ley, según datos de la Generalitat. Aparte, en 2020, la compañía invirtió para adecuar 350 tendidos más en todo el territorio catalán, según datos del Govern. La compañía, sin embargo, eleva en 2020 a 624 los apoyos ―las estructuras que forman los tendidos y donde suelen pararse las aves― adaptados. Hace tres semanas, la compañía anunció que invertiría 4,6 millones en adaptar los apoyos este año, más del doble de lo que había invertido en 2020 (2,2 millones).

El fiscal señala que en 2013 Endesa presentó a la Generalitat un proyecto para fijar los criterios de adaptación de las líneas eléctricas en las aéreas de media tensión en Cataluña. Pero supeditaba el proyecto a la financiación y a fecha del 16 de abril de 2018 no había procedido a corregir ninguna línea o tramo entero de línea eléctrica aérea ni cualquier otra que representara un riesgo para la salud de las aves. Únicamente procedió a la corrección de 68 soportes, 26 de los cuales no aparecían en ninguno de los listados incluidos en las dos resoluciones, pero cuya corrección había sido solicitada por los agentes rurales porque al menos dos aves se habían electrocutado en esas torres.

Antes, en 2014, la Dirección General de Medio Ambiente había enviado a Endesa escritos en los que se ponía de manifiesto los puntos peligrosos y reincidentes que habían causado la muerte de especies en peligro de extinción y se les requería que adoptasen medidas de corrección. Dicho requerimiento fue reiterado el 29 de abril de 2016, a la vista de que únicamente se habían corregido 5 de los 483 soportes peligrosos referenciados, explica el fiscal.

A pesar de estas comunicaciones, el fiscal considera que la empresa se ha limitado a realizar “intervenciones puntuales” en algunos supuestos puntos de reincidencia en la electrocución de aves en determinados soportes, sin ejecutar ni poner en práctica un decidido plan para la acomodación a la normativa legal de los soportes eléctricos aéreos, no solo de las zonas de protección indicadas en la resolución sino en todo el territorio catalán.

El riesgo que suponen para las aves los múltiples soportes, cuyas conducciones carecen de aislamiento, es grave y afecta a la biodiversidad y al equilibrio de los sistemas naturales. La omisión de las medidas exigidas ha dado lugar a un elevadísimo número de electrocuciones de aves silvestres, la mayoría de ellas aves rapaces que gozan de protección legal y que acostumbran a emplear las torres eléctricas como posadero, lugar de nidificación o lugar de descanso.

A pesar de ser perfectamente conocedora desde el primer momento del riesgo grave para la fauna, a criterio del fiscal, se considera que Endesa se limitó simplemente a adoptar una política de gestión de esa situación peligrosa promoviendo “correcciones puntuales y no actuaciones decididas, amplias y globales”. Además, algunas de las correcciones que han promovido en alguna de esas instalaciones no han resultado eficientes y no han eliminado el riesgo de electrocución para la avifauna.

Entre los días 3 y 6 de agosto de 2018 se produjo la muerte de 72 cigüeñas blancas (Ciconia ciconia) y tres más resultaron heridas como consecuencia de su electrocución con líneas y apoyos de tendidos eléctricos de media tensión de Endesa, situados en los municipios de Sant Quirze de Besora, Sorà, Orís y Les Masies de Voltregà, cuando una bandada de unas 700 cigüeñas blancas hizo una parada en la zona para su descanso nocturno en su proceso de migración anual a las zonas de hibernación, situadas en el sur de la península Ibérica y en África. Los soportes o torres que se vieron involucrados en las electrocuciones se cifraron en 34 y los mismos no habían sido objeto de corrección ni aislamiento por parte de la compañía querellada, con el consiguiente riesgo de electrocución que se materializó con ese siniestro fatal.