Un salvavidas para Picasso, Miró y Tàpies
Ayuntamiento y Generalitat trabajan para dotar de un nuevo modelo de financiación a las fundaciones barcelonesas de los tres pintores, en números rojos tras un año de pandemia
En su último año como director del Museo Picasso de Barcelona, Pepe Serra reclamaba una mayor autonomía para el centro: “No tiene NIF, ni presupuesto propio, depende de las asignaciones del Ayuntamiento, no es ágil, no puede crecer y le complica la relación con otros museos y buscar recursos”, se quejaba. En 2014 el Picasso consiguió el cambio jurídico y pasó a ser una fundación. Y desde entonces las aportaciones públicas descendieron conforme se gestionaban los ingresos que dejaban más de un millón de visitantes anuales. En 2019 los 9,5 millones de su presupuesto salieron de la venta de entradas y el alquiler de espacios al 100%, sin ayudas públicas.
La llegada de la pandemia obligó, ahora hace un año, a los museos a cerrar de forma brusca para evitar contagios y la situación cambió de forma radical. Al final del año en el Museo Picasso las visitas fueron solo de 194.000 personas (un 89% menos) y los ingresos descendieron 7,8 millones (un 85%), por lo que el Ayuntamiento tuvo que inyectar seis millones de euros para que el museo pueda seguir adelante. Este año aportará tres millones más.
La Fundación Joan Miró era el otro centro barcelonés dedicado a un artista, que hasta la pandemia podía sacar pecho tras financiarse con sus visitantes, entre el 70 y el 80% del total. Pero acabó 2020 con un déficit de 2,2 millones. “No puede ser que durante 45 años hayan sido los turistas los que hayan pagado la protección de ese patrimonio. Ahora que no es posible, este patrimonio que dio Miró a la ciudad tiene que recibir el apoyo público. Hay que buscar un nuevo modelo de colaboración”, ha dicho Marko Daniel, director la Fundación Miró, en varias ocasiones.
“Está sobre la mesa reformular el modelo. En las reuniones con el Ayuntamiento, la última el 1 de marzo, se trató el tema. Ahora es puntual por la pandemia, pero tenemos que ver cómo formulamos un nuevo modelo de financiación para estas tres fundaciones privadas, con interés público”, explica Elsa Ibar, directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat.
La tercera es la Fundación Tàpies, con una situación, si cabe, más complicada, por la presencia de la familia del pintor en los órganos de gobierno del centro; la falta de recursos histórica —cuentan con dos millones de presupuesto, el 50% por ayudas públicas— y, desde enero de 2020, por la falta de director, tras la marcha de Carles Guerra que defendía, antes de su salida pactada “una transición hacía otros modelos de financiación y funcionamiento, ante la dificultad de aumentar los recursos propios”.
“En el caso de la Miró conservar la colección cuesta más de tres millones al año. Esta cantidad ha de estar garantizada, haya público o no. En la Miró tenemos los números más claros que en la Tàpies, pero hemos inyectado y seguiremos haciéndolo, porque el que la colección sea de la familia no cambia nada. La crisis pasará y los visitantes volverán, pero son centros que cuentan con un patrimonio de todos y se les ha de dar apoyo”, prosigue Ibar, que reconoce: “No sabemos cuál es el modelo, pero encontraremos la solución, con unas aportaciones que den cobertura a su funcionamiento, para que no vuelva a suceder una situación como la actual y se destinen los recursos que generan en potenciar sus exposiciones y proyectos educativos, no en conservar la colección y los edificios”.
La Generalitat destinaba en 2020 un total de 553.000 euros para la Miró y 478.733 para la Tàpies, pero, al final, han sido un total de 1,6 millones y 778.733 euros a cada una, para hacer frente a la situación creada por el virus.
Desde el Ayuntamiento, Joan Subirats, responsable de la cultura municipal, corrobora que trabaja con la Generalitat en busca de un nuevo modelo. “Las tres fundaciones son distintas a nivel jurídico y funcionamiento. Solo las une el estar especializadas en un solo autor y las aportaciones públicas vienen determinadas por la gobernanza de cada una, pero hemos de hacer que sea viable la continuidad de cada una”.
“El Ayuntamiento aportó, de forma ordinaria en 2020 alrededor de un millón en la Miró y 500.000 en la Tàpies. Y las aportaciones extraordinarias, para asegurar su funcionamiento, de 700.000 y 300.000 euros, respectivamente”, prosigue Subirats.
“Los patronatos se han de replantear su futuro. No se trata de hacer cambios estructurales en estatutos ni consorcios, sino de acompañarlas y estar más presentes, porque la pandemia ha mostrado que hay elementos de fragilidad que conviene afrontarlos de forma conjunta”, remarca.
Generalitat y Ayuntamiento coinciden que, en 2023, año en que se celebran los 100 años del nacimiento de Tàpies, 50 de la muerte de Picasso y 40 de la de Miró, el problema tiene que estar solucionado. “Esto genera una perspectiva de trabajo conjunto”, explica Subirats. “Es una oportunidad única para poner en valor estos museos de artista”, remacha Ibar. De hecho, en el Museo Picasso y en la Fundación Joan Miró ya se está trabajando en una exposición conjunta para ese año que se verá en los dos centros.
Subirats: “Espero cerrar este mes el acuerdo de capitalidad”
Joan Subirats, responsable de la cultura en el Ayuntamiento de Barcelona, recuerda que está previsto ejecutar el acuerdo de coliderazgo que reconoce a Barcelona la capitalidad cultural y científica. Lo firmaron Ada Colau y Pedro Sánchez, durante una visita del presidente del gobierno a Barcelona en febrero de 2020 y comporta inyectar 20 millones a los equipamientos culturales y científicos de la ciudad que tengan un carácter singular. Entre ellos estas las fundaciones Miró, Tàpies y el Picasso, además de equipamientos como el MNAC, el Macba, el Liceo, el Palau, el Auditori y el Mercat, entre otros.
“Será una inyección extra. Se ha enviado la propuesta a los dos ministerios afectados, y se está viendo el grado de acuerdo y los detalles. Se ha celebrado una reunión técnica. Espero cerrarlo y presentarlo este marzo y que se repita cada año. En realidad, se reclama que el Estado asuma su responsabilidad, perdida desde 2011 tras bajar sus aportaciones un 70%”, anuncia Subirats.
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