La hora de la política transversal

No hay varitas mágicas en política. Desear una cosa con fuerza no la convierte en tangible. Al abrir los ojos la testaruda realidad sigue ahí. Y Cataluña sigue presentando, con pandemia y abstención de por medio, una compleja situación de la que solo puede salir con acuerdos transversales. El triunfo del PSC en los comicios de ayer y la pírrica victoria lograda por Esquerra Republicana en el bloque secesionista abren una puerta a la esperanza. Ni los socialistas catalanes son Ciutadans —como pretende la propaganda independentista— ni los republicanos son puigdemontistas defensores de la DUI a ultranza.

Los resultados de ayer permiten al PSC buscar complicidades para articular una mayoría, lo que fue incapaz de hacer con 36 diputados Ciutadans a pesar de su victoria en 2017. Esquerra, por su parte, podría repetir el bloque independentista que goza de mayoría absoluta pero que ha sido incapaz de gobernar lo cotidiano en Cataluña. En su seno hay estrategias distintas. Sin ir más lejos y durante la campaña, Junts per Catalunya ha reiterado por enésima vez su propuesta de declarar la independencia exprés al rebasar el 50% de los votos, aunque la participación haya sido la más baja jamás registrada.

Así las cosas, el empate infinito entre soberanistas y no independentistas se repite una y otra vez desde el inicio del procés. La única forma de acabar con ese embrollo es un acuerdo transversal, capaz de romper los dos bloques que existen en Cataluña. Anoche tanto el PSC como Esquerra reiteraron el discurso mantenido en campaña. El frente amplio por la amnistía y la autodeterminación que defiende ERC —con independentistas y Comunes— y el gobierno propuesto por Salvador Illa, compuesto por socialistas y En Comú Podem. Ambas fórmulas sin enmiendas son de difícil conformación. La que propone en PSC no suma ni por asomo. La de ERC puede toparse con el maximalismo de Junts per Catalunya y la negativa de los Comunes a apoyarla. Todo ello en el macro-tablero de la política española y de las complejas relaciones entre el Gobierno central y sus ocasionales aliados. La búsqueda de soluciones requiere política y generosidad. Una repetición electoral no solucionaría una situación que se perpetúa en cada convocatoria a las urnas con unos u otros protagonistas pero con los mismos bloques. La reforma del Código Penal en lo relativo al delito de sedición y los indultos a los presos independentistas serían un primer peldaño en el que más allá de lograr un Gobierno estable en Cataluña se busque rebajar la tensión y avanzar en el diálogo, si el secesionismo no presenta como primera iniciativa inamovible la amnistía y el derecho de autodeterminación exprés.

No será fácil la negociación con una derecha españolista liderada en Cataluña por Vox, por delante de unos residuales PP y Ciutadans, cuya orientación política habrá que ver si va remolque de la formación de Abascal o si por el contrario mantienen un perfil propio. En todo caso, la irrupción de la ultraderecha garantiza una agitada legislatura. Los 11 diputados que ha obtenido Vox tienen entre sus motores la polarización política que ha vivido Cataluña en los diez últimos años.

Desde que Artur Mas, ahora apóstol de la moderación independentista, inició la carrera hacia la tierra prometida la estrategia del soberanismo se ha mantenido gracias al sentimiento, la retórica y las promesas. Y la vieja Convergència siempre ha conseguido arrastrar tras de sí a los republicanos.

Cataluña ha atravesado las crisis de 2008 y la derivada de la actual pandemia en una situación de emergencia cotidiana, a las que no son ajenos los recortes gestados bajo los gobiernos de Artur Mas. El fin justificaba los medios. Nada importaba porque se trataba de alcanzar el fin superior de la independencia, que comportaría acabar con las contradicciones en el seno del pueblo y traería la armonía gracias a ese cuerno de la abundancia que reportaría el fin del déficit fiscal.

Pero la realidad era distinta porque la aritmética parlamentaria imponía su ley. El mismísimo Artur Mas se comprometió ante notario a no pactar con el PP y durante su primer mandato hizo lo contrario. Las grandes declaraciones, los vetos y las líneas rojas deben someterse al diálogo. Las situaciones de crisis exigen negociar.