Una cultura maltrecha espera ser considerada de verdad esencial

El próximo consejero de Cultura que ocupe el Palau Marc —por donde han pasado seis consejeros en los últimos cinco años— se encontrará ante un sector económico, que representaba el 3,4% del PIB y el 4,9% de la ocupación, inmerso por la pandemia en una crisis sin precedentes. Según el último informe del CoNCA, los efectos del coronavirus han acabado con los brotes verdes que permitían ver como en los primeros meses de 2020 se superaba para siempre la crisis que el sector sufría desde 2008.

El crecimiento de hace un año en el sector editorial, de más del 2%; teatral, del 6%; discográfico, del 16% y de los videojuegos, del 17%, que habían llevado a facturar en dos meses un total de 45 millones de euros, así lo permitían ver. Pero el drástico cierre de marzo de cines, teatros, salas de conciertos y la suspensión de todas las actividades hizo que la facturación cayera en picado hasta los 8 millones, una caída que el paso de los meses no ha hecho nada más que empeorar: 5.000 empresas culturales están en ERTE, afectando a 60.000 trabajadores; mientras que los afiliados a la Seguridad Social en la cultura han bajado el 14,4%, mientras que el total catalán ha sido del 4,4%.

Las medidas de contención activadas por el Departamento de Àngels Ponsa representan una inyección de 51 millones de euros, “una gota de agua en el desierto”, según la oposición. Ayer, en plena campaña electoral, se anunciaron 18,7 millones más, 4,5 de ellos para profesionales y técnicos que no se puedan acoger a ninguna otra que dará el Departamento de Trabajo. Unas cantidades mínimas comparadas con los efectos demoledores que deja la pandemia: medio millón de euros semanales de pérdidas por el cierre de las salas de cine; 88 millones menos tras la suspensión de 17.000 conciertos de música y 10 millones más de pérdidas, por el cierre del Liceo y el Palau cada uno. Museos como MNAC y el Macba —que han perdido el 70% de sus visitantes— han dejado de ingresar alrededor de dos millones de euros cada uno. Y el teatro ha tenido que cancelar unas 5.300 funciones, perdiendo 30,5 millones de ingresos y casi un millón de espectadores. Hay actores que se han visto obligados a acudir a bancos de alimentos para poder subsistir.

A la cultura, que ha demostrado una gran voluntad para adaptarse a las medidas restrictivas del momento; con continuos cambios de apertura y cierre y de aumento y disminución de aforos, además de incorporar todo lo necesario para garantizar la seguridad de los públicos y visitantes, le ha sorprendido ver como en los debates celebrados entre los nueve candidatos a presidir la Generalitat a partir del 14 de febrero, ni se les ha citado.

No es de extrañar que el sector desconfíe de la política. Para evitar nuevos cierres por la pandemia el Parlament declaró el 22 de septiembre, la cultura como bien esencial; equiparándola a la educación y la sanidad, pero la declaración no estuvo acompañada de un marco normativo que la desarrolle. Por eso, al mes, el 29 de octubre, el Procicat obligó a bajar la persiana a las salas de cine y conciertos, teatros y auditorios, mientras que museos, archivos, salas de exposiciones y galerías solo podrían abrir al 33% de su aforo y las bibliotecas solo podrían ofrecer su servicio de préstamo. La cultura, pese a su esencialidad se incluían dentro de “actividades de mayor riesgo de transmisión”.

Esa paradoja la ha vivido, como ningún otro, el ámbito del libro: el buen momento creativo de las letras en catalán (con nuevas hornadas de autores notables y un prestigio reconocido en el ámbito de la traducción) contrasta con un sector industrial muy molesto tras el episodio de enero del cierre de las librerías por las restricciones sanitarias al no considerárselas comercio básico, pese a la declaración de esencialidad. Renacía una perplejidad que se dio ya en julio, cuando tampoco se aceptaron los formatos de zonas perimetradas con medidas higiénicas para el finalmente nonato Sant Jordi de verano, que debía servir para mitigar las pérdidas del tradicional 23 de abril.

Editores y autores apuestan porque la Administración actúe a partir de ayudas concretas, como las que en los dos últimos años se han destinado al fomento y traducción de obras de ensayo y, más recientemente, al cómic, así como la compra de ejemplares para bibliotecas. De fondo, el nuevo consejero deberá encarar un doble reto antiguo que la crisis del coronavirus ha hecho emerger de manera dramática y urgente: la digitalización de la cadena de libro (especialmente, de las librerías) y la necesidad de dotar de mayor musculatura un sector donde se da peligrosamente en exceso la microempresa. Informa Carles Geli.

Revisando los programas electorales en lo único en que las formaciones coinciden es en la necesidad de aumentar los presupuestos destinados a la cultura para pasar de los actuales 0,7% al 2% (Barcelona destina el 7% de su presupuesto) y así conseguir que los recursos por persona pasen de los actuales 39 euros a los 200 de otros países del entorno (en España son 28).

Entre las reivindicaciones del sector está la necesidad de una ley de mecenazgo, dentro de los márgenes que permitan las competencias de la Generalitat; un censo de artistas y profesionales para conocer de forma exacta cuántas personas viven y trabajan en la cultura catalana, algo que puede ayudar también a luchar contra la precariedad laboral del sector; otra de sus pandemias. También se reclama la rebaja del IVA cultural hasta el 4% y rebajas para impuestos como el IBI y el IAE, además de un bono cultural de 200 o 300 euros que garantice universalizar la cultura y reactivar el consumo cultural, también por los suelos.

La gran esperanza para la cultura catalana para financiarse (además de poder contar con los 20 millones prometidos por el Ministerio de Cultura a Barcelona en concepto de capitalidad que irán destinados a financiar museos y equipamientos), es conseguir parte de los 1.000 millones que la Unión Europea destina a Fondos Europeos para reactivar la cultura tras la pandemia.