El despliegue de los huertos solares choca con agricultores y ecologistas

El despliegue de la energía solar se enfrenta a una nube de dudas. Las empresas promotoras van a la caza de amplias extensiones de terreno donde instalar los campos de placas y sus pretensiones riñen con las necesidades del sector agrícola, quejoso porque no puede competir con las tarifas de alquiler de las fincas. A ello se le suman las reservas que genera un modelo de implantación que concentra los huertos solares en unas pocas comarcas y que no admite pausas: la Generalitat va contrarreloj para cumplir los compromisos de la ley del cambio climático aprobada en 2017 por todos los grupos salvo el PP.

“Alquilar una finca para que monten un huerto solar puede dar una rentabilidad hasta diez veces mayor que usar esa finca para cultivar un huerto de cereales o patatas”. Lo afirma Jaume Pedrós, responsable de energías alternativas de Unió de Pagesos, que revela el dilema con que topan muchos propietarios de tierras agrícolas cuando reciben una propuesta para desplegar instalaciones fotovoltaicas. Por alquilar una hectárea de cultivo de secano al año, el agricultor puede embolsarse 300 euros; por permitir que se planten placas solares, 2.000.

En el caso de la energía solar se han juntado el hambre y las ganas de comer porque, según los compromisos adquiridos por la Generalitat, antes de que termine esta década tiene que haber instalados 4.000 megavatios (MW) de fotovoltaica. “A día de hoy tenemos 300 MW”, revela Manel Torrent, director del Instituto Catalán de Energía (Icaen).

La carrera está lanzada. En el último año, el Departamento de Territorio ha registrado más de 200 proyectos para desplegar instalaciones fotovoltaicas sobre una superficie de 7.000 hectáreas. La ponencia de energías renovables, donde hay representantes de varios departamentos, se reúne una vez por semana y ha dado luz verde a 80 proyectos con capacidad para generar 900 MW. Ha descartado 25 propuestas alegando que “no son viables”. Los demás expedientes están pendientes de valoración, junto con aquellos nuevos que se vayan registrando.

La fuerte demanda para plantar huertos solares anticipa un conflicto por encontrar suelo disponible. “La necesidad de ocupar territorio supone un problema gordo”, admite Manel Torrent, y avisa de que si el despliegue de las energías alternativas no va acompañado de políticas que incentiven la rebaja del consumo energético será “un disparate” porque el recurso, en este caso el suelo, es limitado. “Cataluña se ha fijado la obligación por ley de que el 50% de la energía eléctrica que consuma tiene que ser renovable, con lo que hay que instalar 10.000 MW de renovables antes de 2030”, apunta el director del Icaen. El cálculo atribuye 4.000 MW a la fotovoltaica y otros 6.000 MW a la eólica. “Hay que trabajar para hacerlo posible pero soy un poco escéptico”, admite Torrent.

Las prisas por alcanzar el horizonte que fijó el Parlament con las energías verdes desembocan en un encontronazo de intereses. De un lado, el sector agrícola ha levantado la voz para avisar de que no puede competir con las tarifas de alquiler que pagan las empresas que desarrollan energía solar, por lo que la superficie disponible para el cultivo queda comprometida. “En Cataluña, el 50% de la tierra agrícola no es propiedad de quien la explota, sino que el agricultor paga una renta a un propietario”, dice Pedrós. Las empresas promotoras de energías renovables deslizan que las quejas vienen siempre de “los payeses que no tienen terreno”, a lo que se alega que “hay espacio para todos” porque para plantar placas solares y molinos se necesita ocupar “menos del 3% del territorio de Cataluña”.

“Los huertos solares tienen que hacerse en lugares donde no se afecten las mejores tierras para la agricultura”, insiste Pedrós. Propone terrenos rocosos, inclinados y costosos de arar como lugares idóneos para las placas solares. El director del Icaen no esconde que pueda haber un debate entre “soberanía energética y soberanía alimentaria”, pero defiende que ya se prevé una categorización de los suelos agrícolas: los más fértiles quedan protegidos de usos ajenos a la agricultura.

Otro frente abierto contra el despliegue de las renovables es el que señala una concentración de instalaciones solares en unas comarcas concretas. En la región de Lleida se aglomeran 88 proyectos para habilitar huertos solares. Solo en el Segrià ya se concentran 33 solicitudes. Tarragona y las Terres de l’Ebre son el destino de otros 42 proyectos, casi los mismos que se acumulan en el triángulo de Anoia, Bages y Osona. “Toda la presión que se pone en las Terres de l’Ebre con la eólica, con la fotovoltaica pasa a la zona de Lleida, pero es que ahí luce más sol y el suelo es más llano que en Girona”, opina Torrent.