El Parlament aprobará la ley que blinda los derechos de las trans ante la violencia machista

El Parlament de Cataluña aprobará el próximo jueves, durante el último Pleno de la legislatura, la modificación de ley para erradicar la violencia machista, de 2008, e incorporará en el objeto de la ley, en su artículo 2, “a mujeres, niñas y adolescentes transgénero”. El proyecto recoge también en su artículo 70 una reivindicación del colectivo trans que era suprimir la obligación de tener que aportar un informe de disforia de género y dos años de tratamiento para poder ser atendidas en una oficina de atención contra la violencia machista.

La norma asume por primera vez conceptos como la violencia institucional que aborda, por ejemplo, los casos en que el poder ignora situaciones de maltrato -por ejemplo, cuando unas policías se mofan de un caso de violación- o la violencia digital, que sería el acoso y la vejación a través de la red. La mayoría de grupos dieron apoyo este miércoles en comisión al predictamen de la ley salvo el PSC y el PP que en principio se inclinan por la abstención.

La reforma de la norma desencadenó un agrio debate y una división en el feminismo al sostener una parte de los colectivos que la nueva ley desnaturaliza los derechos de las mujeres. Las personas transgéneros son las que tienen una identidad de género que no coincide con el asignado al nacer. Esa discusión ha sido, sin embargo, menos intensa en la cámara donde se han trenzado mayores consensos. La mayoría de grupos han optado por amparar a las transexuales con independencia de si han completado el cambio de identidad legal que puede tardar años.

Los comunes promovieron hace un año la reforma al constatar que la ley de 2008 se había quedada desfasada al no tratar la violencia institucional o digital o al no equiparar en derechos a las mujeres trans. “La modificación hace un reconocimiento explícito y visibilizado de las mujeres trans que podrán acceder a todos los recursos de la red de violencia machista. Queríamos dar un paso adelante y eliminar requisitos patologizantes”, ha afirmado Susanna Segovia, portavoz de los comunes y relatora de la norma.

La ley de 2008 ya había dado pasos para establecer que la ley de la violencia machista no podía ceñirse al ámbito privado, sino que era estructural y que por tanto se extiende a todos los ámbitos sociales. Jenn Díaz, diputada de Esquerra, ha matizado que la norma incorporará la violencia en el ámbito de la política. “Queremos que los partidos tengan protocolos, planes de igualdad y que actúen con la diligencia debida”, sostiene. La norma es de carácter administrativo y no incorpora un régimen sancionador aunque si insta a las formaciones a seguir una conducta y podrían ser objeto de expediente. Varias formaciones han tenido casos de violencia machista en los últimos meses y se les insta a suspender o expulsar de militancia a los autores de esos abusos o agresiones.