El exdirector de Antifraude cobró más de 300.000 euros sin amparo legal

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) entre 2011 y 2016, Daniel de Alfonso, percibió un total de 209.377 euros en concepto de trienios que no le correspondían y sin amparo legal, según consta en el informe de fiscalización publicado ayer por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y referido a los ejercicios de 2010 a 2018. En ese mismo documento se asegura que entre los años 2010 y 2016 los altos cargos de la OAC, que fueron entre tres y cinco, según la época, cobraron otros 314.546 euros como “complemento de calidad”, también sin amparo legal.

El informe no detalla qué cantidad exacta por ese concepto correspondió a De Alfonso, aunque en otro informe anterior se decía que podían ser unos 20.000 euros anuales. De esta manera, y sumando ambas cantidades, el monto del dinero percibido ilegalmente por el exdirector de Antifraude superaría los 300.000 euros. De Alfonso era magistrado en situación de servicios especiales y fue destituido al filtrarse unas conversaciones telefónicas con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

La Sindicatura es muy clara en su informe y concluye que los altos cargos de la OAC “no tienen derecho” a percibir esas cantidades como complemento de calidad, que también se hicieron extensivas al resto de la plantilla de Antifraude, que entre los años 2010 y 2018 se repartió un total de 1.580.857 euros. La Sindicatura considera que esas pagas al margen del salario “no son ajustadas a derecho”, porque se aplicó indebidamente a los empleados el Acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal del Parlament, el organismo del que depende la Oficina.

El cobro irregular de trienios también benefició en su día a Miguel Ángel Gimeno, actual director de la OAC desde julio de 2016 y que presidió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entre ese año y 2018 fueron 7.371 euros sin amparo legal, según la Sindicatura. Gimeno hace una cerrada defensa del cobro del “complemento de calidad” en las alegaciones que presentó. La Sindicatura replica que “no es procedente utilizar la desacreditación del órgano fiscalizador para defender posiciones contrarias al parecer expresado en el informe, cuando este siempre se basa en criterios técnicos”.