El Gobierno central compromete 72 millones de euros para pisos de alquiler social en Barcelona
El protocolo se debe ratificar después de que se aprueben los presupuestos generales del Estado
El Gobierno central y el Ayuntamiento de Barcelona han firmado un protocolo en materia de vivienda en el que compromete una aportación a fondo perdido de 72 millones de euros. La inversión iría destinada a financiar la promoción de 3.614 viviendas de alquiler social de 54 promociones que están en diferentes fases de ejecución en la ciudad. El convenio firmado entras las dos administraciones para que sea efectivo debe ser ratificado después de que se aprueben los presupuestos generales del Estado.
Para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se trata de un compromiso inédito: “Es un cambio histórico. Es una ayuda directa que permite una política real de vivienda en la que el Ayuntamiento se ha sentido solo. La principal competencia en esta materia es de la Generalitat y solo hay dos promociones en Barcelona del Govern. La Generalitat ha destinado 6,6 millones de subvenciones a políticas de vivienda en la capital en cuatro años, lo que supone menos del 1% de lo que invierte el Ayuntamiento. Con la aportación del Gobierno central se pasará al 16%”. Colau ha recordado que el consistorio ha programado una inversión de 679 millones de euros desde 2015 y ha asegurado que el resultado, con las promociones acabadas, se empezará a ver a lo largo de este mandato.
El anuncio del convenio se ha realizado en el Saló de Cent del Consistorio. El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha concretado que la inversión de los 72 millones de euros forma parte del plan Vivienda 20.000 de promoción de vivienda pública en España: “Normalmente se hace en suelo que es propiedad del Estado que en Barcelona no hay. Lo de hoy es una primera piedra en Barcelona que señala el camino de colaboración con otros ayuntamientos para movilizar suelo e intervenir en el mercado de la vivienda”.
Ábalos también ha anunciado la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la renovación automática de los contratos de alquiler que finiquiten y la suspensión, con la misma fecha, de la ejecución de desahucios.
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