La presunta agresión machista de Quim Arrufat sacude de nuevo a la CUP

La CUP defendió ayer su postura de no recurrir de oficio a la justicia para denunciar los casos de agresiones machistas que se registran en el seno del partido alegando que esa decisión atañe a las víctimas aunque les dan “soporte” si dan el paso. El diario Ara reveló el domingo un doble episodio del exdiputado y exportavoz Quim Arrufat que ha vuelto a poner al partido en el ojo del huracán. La CUP confirmó la agresión que el politólogo niega. Es la tercera vez en año y medio en que un cargo público u orgánico de la CUP se ve involucrado en este tipo de denuncias.

Natàlia Sànchez, diputada del Parlament y miembro de la comisión que gestiona los casos de violencia machista, afirmó ayer que son las víctimas las que deciden si quieren recurrir a la justicia. “Es uno de los instrumentos que ponemos sobre la mesa. Respetamos sus tempos y su relato”, dijo en TV3 para recalcar que no dudan de la veracidad de la denuncia. El protocolo de prevención y abordaje de violencias machistas, aprobado en 2019, establece que el partido solo actúa de oficio si un agresor reincide y ha sido condenado o si está en “riesgo grave” la integridad de la mujer, ya sea física, psicológica o sexual, o de terceros, especialmente niños.

La organización, que se declara feminista y habla en femenino, admitió en marzo que estaba gestionando una veintena de denuncias aplicando un protocolo que genera debate tanto fuera como dentro del partido. La CUP aborda los casos con confidencialidad, dice, para proteger a las víctimas. La cuestión es que parte de la militancia afirma que con ese método se acaba amparando al agresor. Nunca trascendió el nombre del acosador psíquico de la exdiputada Mireia Boya, que denunció su caso en 2019. No fue suspendido de militancia. Y el caso del ya exalcalde de Argentona, Eudald Calvo, que dimitió en marzo, trascendió a través de una denuncia anónima en la red. La CUP lo había expulsado en diciembre.

El caso de Arrufat se conoció el domingo a través del Ara. El partido, con cierta gimnasia ya en estos casos, difundió un comunicado en el que confirmó la agresión. La nota decía que el político estaba inmerso en un proceso de evaluación y que abandonó la militancia. No se presentó ya a las elecciones municipales de 2019 en Vilanova i la Geltrú. “Mostramos nuestro compromiso claro y firme en la lucha contra el patriarcado y las agresiones machistas y condenamos la agresión”, afirmó la CUP. Arrufat colgó horas después un mensaje en la red en el que negó las acusaciones que le atribuye el diario —una agresión sexual y un abuso— y dijo que la información está fundada en “rumores” dirigidos a atacar a su persona y que no se ajustan a los expedientes abiertos.

El mutismo que envuelven los casos de denuncia de la CUP evoca al secretismo vaticano en sus casos de pederastia y muchas veces abre la puerta a que circulen hipótesis sobre el alcance de la agresión. El protocolo contempla de forma detallada el tipo de ataque —físico, sexual, psíquico, económico, ambiental—, el grado de violencia ejercida —del uno al cuatro— y la sanción impuesta. Si la violencia es física y es de nivel tres, puede ser desde un tirón de pelo a dar patadas. Y si se trata de agresión sexual, puede ser desde una violación a difusión de imágenes sexuales.

Arrufat, ahora involucrado en el colectivo de pensamiento Sobiranies, fue diputado entre 2012 y 2015. La primera denuncia fue en 2014 y eso no le impidió mantener el cargo. No solo eso: en 2016 fue nombrado portavoz del secretariado. “Cuando recibimos la primera denuncia lo hicimos sin tener protocolo. Si volviera a pasar, el resultado sería otro”, alegó Sànchez, que admitió que han podido cometer “errores” pero que han realizado un aprendizaje. "Puede alguien pensar. ¿Qué pasa en la CUP que hay más agresiones que en otros espacios? Eso es absurdo (...) Podríamos hacerlo público por nuestra reputación sería más fácil. Pero son ellas las que tienen las riendas de proceso