El juez de Barbastro es competente en el litigio por las 111 obras que Huesca reclama a Lleida

El Tribunal de Conflictos del Supremo ha determinado que el juez de Barbastro, Carlos Lobón, titular del Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 1, es competente en el conflicto por la reclamación por parte del Obispado de Barbastro-Monzón al Museo de Lleida de 111 piezas de arte que corresponden a 43 parroquias que en 1995 pasaron de la diócesis de Lleida a la de Barbastro. Los magistrados, reunidos el pasado miércoles, acordaron que “corresponde al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro la competencia para seguir conociendo del asunto que la Generalitat de Cataluña le discutía” y, por lo tanto, desestiman la demanda interpuesta por la Generalitat y el Consorcio del Museo de Lleida presentada el 20 de febrero.

La Generalitat consideraba que el juez Lobón no era competente, puesto que las obras formaban parte de la colección de más de 1.800 objetos protegidos por el patrimonio catalán desde mayo de 1999 y aseguraban que disgregarla correspondía exclusivamente al Departamento de Cultura. Por tanto, responsabilizaban al juez de disgregar estas obras sin tener competencias para ello; algo que el magistrado rechazó y trasladó al Alto Tribunal de Conflictos para que decidiera.

El acuerdo, que no comporta ningún avance en la devolución o no de las piezas, sí que afirma que es el Juzgado de Barbastro que debe resolver las solicitudes de aclaración y complemento de la sentencia que dictó dicho Juzgado el 10 de diciembre de 2019, la primera sentencia civil sobre este largo litigio, en la que era taxativo: los bienes eran propiedad de distintas parroquias aragonesas y debían ser devueltos de forma inmediata a las mismas por la Generalitat. El juzgado también tendrá que ocuparse de la tramitación, si se ha producido, del recurso de apelación contra su sentencia y de su ejecución que quedó paralizada en febrero tras la presentación de la demanda por la Generalitat.

Tras conocer el fallo, la consejera de Cultura Àngels Ponsa, desde la localidad leridana de Sort, ha reconocido que “no es una buena noticia”, aunque dijo que “todavía queda recorrido en los tribunales para los intereses del patrimonio catalán. No se acaba aquí. Se puede recorrer al juzgado, a la Audiencia de Huesca y puede llegar al Supremo. Haremos todo lo que haya que hacer”. Ponsa, que presidió el pasado lunes la reunión del consorcio del Museo Diocesano de Lleida --del que forman la Generalitat, la Diputación de Lleida, El Ayuntamiento y el Obipsado de Lleida y el Consell Comarcal del Segrià--, también ha dicho que lo volverá “a reunir de urgencia para tratar el fallo el Supremo”.

La sentencia de diciembre de 2019, que daba la razón a Aragón frente a Cataluña, fue la primera civil en un largo pleito que enfrenta a las dos diócesis desde 1998, tres años después de que un centenar de parroquias aragonesas pasaran a formar parte de la recién creada diócesis de Barbastro-Monzón. La sentencia llegaba después de varios meses de espera del juicio que sentó en el banquillo hasta a tres obispos en mayo de 2019 en el Juzgado número 1 de Barbastro y que había generado 36 tomos con 25.000 folios donde se han incorporado 1.017 documentos. El juez no tuvo en cuenta los informes de los peritos de la parte catalana, sobre todo los que hicieron valer los documentos de compraventa de las piezas entre los sacerdotes de las parroquias y el obispo de Lleida; unos documentos que la comunidad científica había avalado con un cum laudem a Carme Berlabé, que los había usado en su tesis doctoral.