El Parlament pide al Govern mejorar las ratios en las aulas de secundaria

El Parlament ha instado este viernes al Govern a mejorar las ratios en las aulas durante la pandemia fijadas según los protocolos en 20 alumnos en las aulas de primaria y 30 en las de secundaria. La Cámara ha validado, durante el debate de Política General, la propuesta de los comunes de anclar los baremos en los institutos con 25 alumnos por aula. Toda la oposición ha apoyado, desde Ciudadanos a la CUP, ese texto que ha prosperado con 68 votos a favor y 65 abstenciones. Con el mismo resultado, el hemiciclo ha calificado de “deficiente" la gestión del Govern de la pandemia.

El documento insta al Ejecutivo de Quim Torra a aumentar la dotación del profesorado y a buscar los espacios necesarios para garantizar esas ratios de menos de 20 alumnos en primaria y 25 en secundaria. El consejero de Educación, Josep Bargalló, reconoció antes del inicio de curso que un 30% de los grupos incumplen esos límites. Paralelamente, el hemiciclo calificó de deficiente la gestión que ha realizado el Govern de la covid en varios frentes como la falta de comunicación con la comunidad educativa; la lentitud en tramar una estrategia para frenar rebrotes; por su descoordinacion con el mundo local; el incumplimiento de los mandatos parlamentarios de reforzar los CAPs o haber tramitado con retraso la crisis en las residencias.

La sesión, desangelada como la del miércoles por ser poco concurrida por la pandemia, tuvo un cierto aroma de final de ciclo mientras se aguarda la decisión del Supremo sobre el president. Pese a sus discrepancias constantes, Junts y ERC aprobaron 33 de sus 34 resoluciones conjuntas. Todos los grupos de la oposición, eso sí, tiraron de las orejas al Ejecutivo por la forma en que ha afrontado la pandemia. Las propuestas se aprobaron sin ningún voto en contra al apostar mayoritariamente los dos grupos de la mayoría de gobierno por la abstención maquillando ese voto de castigo. Ciudadanos impulsó con éxito la iniciativa de aumentar la plantilla de sanitarios, de reforzar los CAPs; de desplegar las leyes sociales; de brindar una atención digna a las residencias y de extender la compensación económica al personal de limpieza, de cocina y de lavandería de las residencias. Ese complemento quedó excluido en el decreto ley del Govern para compensar el esfuerzo de esos trabajadores. Junts y ERC votaron en contra.

“No todo es culpa del agujero negro de Madrid. Es culpa suya”, afirmó Lorena Roldán, portavoz de Cs en alusión a que el Govern no cumple ni lo que legisla. Harto de esa situación, el PSC fue el único partido que votó de forma sistemática en contra de todas las propuestas del Govern. “No tienen credibilidad. Es una enmienda a la totalidad. Es agotador. No formaremos parte de este espectáculo agonizante. En parte estamos aquí porque los comunes les dieron alas”, afirmó la socialista Alicia Romero en alusión a que la coalición de izquierdas apoyó las cuentas. Susanna Segovia, portavoz de la los comunes, le reprochó que lo irresponsable hubiera sido no permitir que prosperaran. Los socialistas lograron también que el Parlament aprobara revertir los recortes en salud; que se devuelva el 5% de la nómina a los trabajadores de la salud; que realicen PCRs masivas en los centros de trabajo y que se reabran todos los CAPS.

El Govern puso negro sobre blanco una reivindicación que hace desde hace tiempo y que cuenta con el apoyo de la CUP y los comunes: ignorar el déficit 0 y subir ese listón no menos del 1% para afrontar con garantías los gastos derivados de la pandemia y conseguir que lleguen a las arcas de la Generalitat como mínimo 30.000 millones de los fondos europeos. El PSC votó en contra y Cs y PP se abstuvieron. La Cámara dio luz verde también a declarar la cultura como servicio esencial y a impulsar los cambios normativos para garantizar su actividad pese a la pandemia. La CUP logró que el Pleno aprobara por unanimidad renovar los cargos de la Corporación Catalana de Radio y Televisión que, según los comités de empresa, se está eternizando.