La oposición pide al Govern cumplir las ratios en las aulas

Todos los grupos de la oposición han impulsado propuestas de resolución que se votarán este viernes en el Parlament para que se cumplan las ratios de ocupación en las aulas de los colegios e institutos de secundaria durante la pandemia. Los protocolos establecen que deben situarse en 20 alumnos en primaria y 30 como tope en secundaria. El Govern admite que un 30% de las clases de educación infantil no lo cumplen. Ciudadanos, PSC, la CUP y el PP plantearán esa reivindicación en la segunda sesión del debate de Política General que ha arrancado este miércoles.

Ciudadanos y el PSC plantean en sus textos la misma reivindicación: que el Govern aumente la plantilla de profesores para garantizar que en ningún caso se superen esas cifras de 20 escolares en primaria y 30 en secundaria. El PP exige también reducir las ratios para garantizar el cumplimiento de la distancia de seguridad. Los comunes son más ambiciosos y reclaman que en secundaria sean 25 escolares por clase. La CUP da un paso más y pide que el límite se fije en 15 estudiantes en las dos fases y con el compromiso de que Educación asuma como mucho un máximo de 20 alumnos por aula una vez superada la pandemia.

La disminución de las ratios en las aulas para intentar garantizar la seguridad en el regreso al cole ha enfrentado ya a la comunidad educativa con el Departamento de Educación. El propio consejero Josep Bargalló reconoció el pasado fin de semana que casi un tercio de las clases no cumplirán con el límite propuesto por la consejería, de 20 estudiantes en primaria. Bargalló achacó la imposibilidad de garantizar esa reducción a la situación presupuestaria y quitó hierro a que hubiera clases con más densidad de alumnos de lo sugerido. El republicano defendió que no había que “obsesionarse” con la proporción de escolares por grupo y puso el énfasis en las medidas de higiene, ventilación y control en los llamados grupos burbuja.

Tras el debate en el hemiciclo, los partidos registraron ayer más de un centenar de propuestas de resolución que se votarán mañana. Las tres fuerzas independentistas —Junts per Catalunya, ERC y la CUP— firman una de mínimos y con un largo título: “Condena a los intentos de desestabilización de las instituciones catalanas en el actual contexto de crisis sanitaria”. El texto censura la “represión” contra los tres últimos presidentes de la Generalitat —Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra— y en el punto seis, constata que “con el cambio de Gobierno en el Estado español no ha cambiado la dinámica represiva ni la persecución judicial contra los líderes catalanes”. El documento también recoge que “solo la mayoría de este Parlament tiene legitimidad para otorgar o retirar la confianza al president o al Govern”.

Cansado de que el Ejecutivo haga caso omiso a las mociones que aprueba, el PSC ha presentado una propuesta que recuerda que en este mandato ha impulsado 191 mociones de políticas sociales y que en muchos casos no se han llevado a cabo. “Los incumplimientos por parte del Govern constatan el poco respeto institucional y político al Parlament y por tanto la degradación de la propia institución”, lamenta el texto.

La Mesa de diálogo con el Gobierno central ha pasado en este debate con más pena que gloria hasta el punto que ni siquiera los comunes la reivindican en su propuesta. El grupo de izquierdas sí que hace referencia al Código Penal para reformar el delito de sedición al sostener que no es homologable en las democracias europeas. Por su lado, el PSC insta al Govern a desbloquear la mesa y ERC a que se asuma que “cualquier salida” ha de pasar por la autodeterminación y la amnistía. Torra en su réplica de ayer aceptó la reunión si había un orden del día dibujando con sus manos una cuartilla.