Barcelona pierde 100 millones de euros por el ‘no’ al decreto y Valencia, 90 millones, según su vicealcaldesa
La negativa de la oposición en pleno impide a los Ayuntamientos catalanes disponer de 480 millones, según Colau. Enfretamiento entre el PSOE valenciano y Compromís por la votación
El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado este jueves de que el no de la oposición en el Congreso al decreto de los remanentes del Gobierno central supondrá que la capital catalana no disponga de 100 millones de euros y el conjunto de Ayuntamientos de Cataluña se queden sin 480 millones. Unos recursos, han afirmado concejales de los dos partidos de la coalición (PSC y comunes) que gobierna Barcelona, necesarios para que las ciudades puedan recuperarse de las graves consecuencias sociales y económicas de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Colau lleva desde mayo reclamando al Gobierno que le permita disponer del superávit de la ciudad, de 160 millones. Unos ahorros que la Ley Montoro impide gastar a las ciudades.
Los comunes, contrarios a ceder los ahorros de un Ayuntamiento saneado como Barcelona, pactaron anoche in extremis con el ministerio que el decreto con el que Pedro Sánchez pretendía disponer de los remanentes municipales incluyera también un fondo desvinculado de cualquier crédito, de 3.000 millones, a repartir entre los municipios en función de su población. Al tumbar la oposición el decreto, no se repartirán.
El primer teniente de alcalde y responsable de Economía, el socialista Jaume Collboni, ha comparecido de urgencia en el Consistorio para lamentar la “respuesta absolutamente irresponsable y decepcionante de los grupos de la oposición”. “Tal y como lo vemos, la negativa ha consistido en dispararse un tiro en el pie que tendrá graves consecuencias en Barcelona: han volado 100 millones de euros”, ha manifestado.
El concejal de Presupuesto, Jordi Martí (Barcelona en comú), ha defendido que pese a ser de dos partidos diferentes, empredieron “un diálogo intenso apretando todas las clavijas posibles para conseguir, demasiado tarde, una modificación del decreto que no lo resolvía todo, pero lo resolvía en parte”. “Desvinculaba 3.000 millones al margen de créditos y se adjudicaban a los Ayuntamientos con un criterio de reparto basado en su población y habría supuesto 100 millones para Barcelona”. Martí ha emplazado a los partidos a reanudar “esta misma tarde” el diálogo para desencallar la cuestión.
En el caso de las cuentas de la capital catalana, que cerró 2019 con un remanente de 161 millones, Martí ha asegurado que el presupuesto de 2020 se cerrará con un déficit “difícil de prever vista la evolución de la economía”. Pero que la ciudad podrá afrontar la factura del covid por el acuerdo de modificación presupuestaria alcanzado en julio pasado. El impacto del déficit se trasladará a las cuentas de 2021, ha admitido. “El decreto contemplaba ceder el remanente y nos devolvían el 35%, que eran 70 y pico millones, perdíamos poco y ganábamos mucho”, ha lamentado.
La alcaldesa de la capital ha mostrado su decepción en Twitter: “Por nuestra parte hemos intentado ayudar al ministerio de Hacienda a mejorar la propuesta, pero se nos ha escuchado muy tarde, y de verdad que lo lamentamos, porque las ciudades merecemos una solución”. A continuación, ha emplazado al ejecutivo a seguir negociando: “Quien tiene responsabilidades de gobierno nunca puede decir que no habrá una segunda oportunidad. Hay mayoría amplia para: un fondo de emergencia sin condicionar a préstamos, cambiar leyes que asfixian a los municipios. Hagámoslo, la ciudadanía más vulnerable lo necesita”.
Desde el Gobierno catalán, el vicepresidente Pere Aragonès, ha pedido al ministerio de Hacienda que “negocie” con los ayuntamientos un nuevo decreto que permita que las administraciones locales utilicen sus remanentes para afrontar la crisis sin “amaños de préstamos”.
Enfrentamiento en el seno del Ayuntamiento de Valencia
Representantes del PSPV-PSOE y Compromís han evidenciado este jueves en redes sociales sus posturas enfrentadas en el seno del Gobierno municipal de Valencia en torno al decreto del Gobierno sobre remanentes municipales. La vicealcaldesa primera de València y líder del PSPV local, Sandra Gómez, ha lamentado la pérdida de “más de 90 millones de euros” y ha afeado a la coalición su voto en contra. “La derecha y los independentistas tumban el decreto apoyado por toda la izquierda. València pierde más de 90 millones. No doy crédito con que Compromís haya votado no. Ahora explicad a València de dónde vais a recortar. El PPCV seguro que está muy contento y os vuelve a aplaudir”, ha escrito Gómez en un tuit.
El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, le ha respondido: “Mientes Sandra, y lo sabes. Hay otra izquierda, la que os puso en el gobierno. La semana que viene se puede hacer otro decreto (alquileres, estiba) pero negociado, no impuesto. Si València pierde será por culpa vuestra. Menos reproches, más humildad y a negociar”. Previamente, al término de la votación, el alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, había afirmado en Twitter: “No se ha dialogado con las ciudades, sino que se ha querido imponer” y ha incidido en que “el reparto de los fondos debe ser por criterio 100% poblacional”. También el vicealcalde Sergi Campillo (Compromís) ha apuntando que “la soberbia es mala compañera en política” y “un gobierno responsable hubiera sido justo con los ayuntamientos”. “¡Qué manera de no entender que merecemos respeto!”, ha agregado.
El concejal socialista de Hacienda de Valencia, Borja Sanjuán, ha respondido a Baldoví: “La realidad es que el ayuntamiento está actualmente abocado a recortar. Con la aprobación de hoy nuestra situación era muy favorable. Si quieres te explicamos los datos. Tu voto, junto a otros, nos deja en una situación insostenible, espero que rectifiques”. Y ha continuado: “Los partidos que no apoyan hoy el decreto de remanentes habrán impedido que València reciba más de 90 millones de euros. En lugar de eso han decidido que continuemos aplicando la Ley Montoro que solo nos deja el camino de pagar deuda y aplicar recortes. Es injustificable”.
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