Colau inspecciona 118.000 pisos y denuncia 10.000 por usos anómalos
La Unidad Antiasedio y de Disciplina de la Vivienda de Barcelona concluye que el 1,2% de viviendas de la ciudad están vacías
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/D6TBGPNXMRGDTIYUPZ5IK3XTTY.JPG)
La Unidad Antiasedio y de Disciplina de la Vivienda creada en 2015 por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha inspeccionado desde entonces 118.000 pisos y ha abierto 10.000 procedimientos judiciales por usos anómalos de vivienda social, casas vacías o pisos turísticos ilegales. La unidad ha concluido que el 1,2% de las 850.000 viviendas de la ciudad está vacío (10.000 pisos). Pese a lo abultado de las cifras y a la polémica que causó en su día la ley catalana, el consistorio solo ha conseguido expropiar el uso de seis pisos que llevaban más de dos años vacíos e iniciar los trámites de otros cuatro. Todos son de bancos.
De los pisos vacíos, 816 eran de grandes tenedores (sociedades, bancos o la Sareb) y llevaban vacíos más de dos años. Y de hecho, el 82% de los expedientes tramitados eran en viviendas de este tipo de propietarios. Se han impuesto 67 multas por valor de 2,1 millones, de los que el Ayuntamiento ha cobrado algo menos de la mitad, 900.000 euros.
La concejal de Vivienda, Lucía Martín, señaló este viernes que la vivienda es “la prioridad” del ejecutivo municipal. Y junto a líneas de actuación como la promoción de vivienda, la lucha contra los desahucios o el intento de incidir en cambios normativos (como limitar el precio del alquiler), subrayó que la Unidad Antiasedio es pionera en España y que se inspira en ciudades como Londres o Nueva York. La unidad la forman 10 personas que trabajan en coordinación con otras áreas y con los distritos, apuntó.
Martín calificó de “una brutalidad” la inspección de 118.000 pisos, de los que el 1,2% están vacíos. Extrapolando, son 10.000 las viviendas vacías en la ciudad, una cifra que contrasta con los 80.000 de los que había hablado el INE en 2011, o los 30.000 que el exalcalde Xavier Trias cuantificó hace dos mandatos. Martín también apuntó que el consistorio ha encontrado 12.000 pisos utilizados como negocios u oficinas. El trabajo de la Unidad ha permitido ampliar el parque público de pisos asequibles en 200: la mayoría, 181, son de grandes tenedores que han cedido su uso. Solo en los seis casos citados se ha llegado hasta el extremo de expropiar su uso, por una década.
La expropiación del uso está contemplada en la ley de catalana de emergencia de la vivienda de 4/2016, que establece la figura de la “expropiación forzosa del derecho del uso de la vivienda atendiendo al interés general”. Esta ley de 2016 remite a la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 (del gobierno tripartito de la Generalitat), que detalla que un piso se considerará vacío, y por lo tanto con un uso “anómalo”, si está en desuso durante más de dos años. La ley estuvo dos años suspendida por el Tribunal Constitucional tras un recurso del PP.
Otra de las patas de la Unidad es detectar casos de asedio inmobiliario y mediar con la propiedad. “Muchas veces el asedio está vinculado a grandes rehabilitaciones”, explicó Martín, en referencia a los intentos de grandes propietarios de echar a los vecinos de fincas que quieren reformar y ofrecer por precios muy superiores. En este caso los casos resueltos son 14.
Respecto a la existencia de pisos turísticos que operaban sin licencia, se ha conseguido el cese de la actividad en casi 7.000 casos. Y en las inspecciones al parque público (se han revisado 3.000 de un total de 13.000) se han hallado “anomalías” en el 13% de los casos. Cuestiones como cobrar más de lo que estipulan los precios tasados: en 28 casos se ha reducido el precio. También se han acreditado 270 casos en grandes propiedades que no han ofrecido un alquiler social a sus inquilinos sin recursos antes de desahuciarles.
Caen los desahucios
La responsable de vivienda también se refirió a las cifras de ocupaciones de pisos. En el caso de la ciudad de Barcelona, las últimas cifras disponibles son del primer trimestre de este año y apuntan a una caída: si entre enero y marzo de 2019 fueron 408, el mismo periodo de 2020 han sido 368, según las denuncias interpuestas ante los Mossos d’Esquadra.
En el caso de Cataluña, los datos comparan el primer semestre de 2020 con el de 2019 y apuntan a un aumento de denuncias del 13%: han pasado de 3.190 a 3.611. Martín diferenció “las ocupaciones vinculadas a actividades delincuenciales [narcopisos o mafias que revenden las llaves] de las de “personas vulnerables que tienen problemas de acceso a la vivienda”.
Un piso social (provisional) después de 22 años esperando
Carme Velázquez y su marido, del barrio de Hostafrancs de Barcelona, solicitaron un piso público hace 22 años. Entonces vivían en un segundo piso sin ascensor: primero de alquiler y luego lo compraron, razón por la que no les correspondía una vivienda pública. Su hija Macarena es dependiente porque es tetrapléjica. Entonces tenía siete años, ahora, 29. Desde entonces hasta hace pocos meses, para salir a la calle la han subido y bajado a cuestas, ellos mismos o con ayuda, relata la madre.
Han tenido que pasar más de dos décadas, y acudir a los medios de comunicación, para conseguir un alquiler público. Y su caso, que apareció en La Vanguardia, se ha resuelto gracias al trabajo de la Unidad de Antiasedio de Disciplina de la Vivienda creada en 2015 por el ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau.
Fruto de las inspecciones de la Unidad, el consistorio tuvo conocimiento de un piso de protección que estaba vacío. Su adjudicataria inicial había fallecido, explica Velázquez. Y mientras los pisos de compra protegidos conservan esta condición, deben ser residencia de sus propietarios y si no es así, se debe hacer un “uso social” y autorizado por la administración para que tenga un “buen uso”, explican fuentes municipales. Además, es la administración quien autoriza el precio del alquiler.
En este caso, los hijos de la propietaria cedieron la vivienda a la bolsa pública de alquiler y el consistorio lo ha adjudicado a la familia de Macarena. Con varios peros: el piso no está en el mismo barrio de origen de la familia (está en la Zona Franca), tampoco está adaptado y el alquiler es solo por cinco años. “Esperemos que para entonces nos hayan adjudicado un piso adaptado, en Can Batlló, cerca de casa están construyendo mucha vivienda pública”, confía Velázquez.
La propia familia que ha sido realojada ha cedido su piso a la bolsa de alquiler social. “El nuestro es un segundo y pequeño, pero el Ayuntamiento ha hecho obras, ahora será para alguien que lo necesita”, celebra Velázquez: “El que nos han adjudicado es un sexto luminoso y con terraza. Macarena está incluso morena”, añade. En casa de la familia los ingresos mensuales no llegan a los 1.500 euros. Los padres tienen pensiones no contributivas y la hija prestación por hijo a cargo. “Y la mitad se va en medicación”, asegura Velázquez, que critica que le retiraron las ayudas de la Ley de Dependencia.
Sobre la firma
