La rebelión municipal amenaza al Gobierno con una derrota en el Congreso

En plena pandemia y en un mes de agosto inusualmente convulso por la crisis derivada de la marcha de España de Juan Carlos I, el Gobierno ha sumado otro frente en forma de tormenta política por una revuelta municipal que ha levantado a las principales ciudades del país y ha alcanzado a los propios partidos de la coalición en La Moncloa. La rebelión de los alcaldes contra el plan de Hacienda para que puedan usar sus ahorros sumó este martes a la alcaldesa de la segunda ciudad del país, Barcelona, Ada Colau, y amenaza al Gobierno con una derrota parlamentaria del decreto aprobado por el Gabinete el 4 de agosto.

La alcaldesa de Barcelona, de Catalunya en Comú, uno de los partidos que se sienta en el Consejo de Ministros, salió el martes en tromba contra el Ministerio de Hacienda que dirige la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (PSOE), a la que ha acusado de tener “una actitud antimunicipalista” y haberse “equivocado” en su acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el superávit municipal. Colau, que gobierna con el PSC, ha anunciado que el Ayuntamiento de Barcelona no entregará sus remanentes al Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que exigía una rectificación del real decreto ley aprobado por el Ejecutivo que ha desatado una rebelión de alcaldes de todo el país. La posición de la alcaldesa, líder de los comunes en Cataluña, implica el voto en contra al decreto si no es modificado por los siete diputados de En Comú Podem, según confirman fuentes del grupo, lo que aboca al texto a no poder ser convalidado y agrieta la posición de los partidos de la coalición en La Moncloa.

A Colau se ha unido en la negativa a entregar los remanentes un alcalde socialista, el del municipio de San Sebastián de los Reyes (Madrid, 87.724 habitantes), Narciso Romero, así como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, que al igual que Colau gobierna la ciudad en coalición con los socialistas. El Ayuntamiento de la tercera ciudad de España espera que el Ejecutivo negocie y permita a los Consistorios decidir libremente el destino de parte de sus ahorros. “El Gobierno central continúa queriendo apropiarse de los ahorros de los municipios sin una contrapartida atractiva a cambio”, se ha quejado Ribó, informa Ignacio Zafra.

La revuelta comenzó el pasado viernes, pero el martes adquirió una nueva dimensión con la protesta de Colau, ya que concita el rechazo de las principales ciudades españolas y de hasta nueve formaciones diferentes. Entre ellos, regidores de Madrid y Zaragoza (PP), Valencia (Compromís), Cádiz (escisión de Podemos) o Bilbao (PNV). Entre los populares, que han iniciado una ofensiva contra el plan, hay sin embargo una nota discordante: el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que se ha desmarcado de la posición oficial del partido y no descarta prestar sus ahorros al Gobierno. Pero con la negativa de los comunes, que integran el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, socio de la coalición de Gobierno, el decreto tiene hoy por hoy posibilidades remotas de ser convalidado en el Congreso.

Hacienda se lamenta de un incendio originado por intentar buscar una solución a las reiteradas demandas de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para poder utilizar sus remanentes de Tesorería, ya que la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 aprobada por el PP —conocida como ley Montoro— con el apoyo de CiU no permite a los municipios disponer de ellos. El encaje ideado consiste en que los Ayuntamientos puedan entregar sus ahorros a Hacienda de forma voluntaria (unos 15.000 millones de euros en toda España), como un préstamo, que posteriormente serán devueltos a los municipios en un plazo de 10 años ampliables a 15. Este sistema de devolución en diferido no ha contentado a los Consistorios, y la FEMP lo aprobó solo con los apoyos del PSOE, mientras que IU-Podemos se abstuvo. Los Ayuntamientos que se oponen reclaman en general poder disponer de sus remanentes con total libertad y —salvo los del PP— que se derogue la ley de estabilidad presupuestaria que les impide usar su superávit. En el Gobierno argumentan que la solución ideada es “más eficiente y rápida” que modificar la ley de estabilidad presupuestaria, un proceso más complejo y largo, que además podría no ser bien entendido en Bruselas en pleno reparto de los fondos de reconstrucción.

El Ejecutivo ha intentado apaciguar la revuelta con el anuncio de que asumirá el coste financiero de tener ese dinero inactivo en el banco, unos 70 millones anuales. El Tesoro incluye ese alivio en las condiciones de los préstamos, adelantados el lunes a EL PAÍS y publicados este martes en el BOE. Y un segundo caramelo: si los alcaldes aceptan ampliar el plazo de devolución de 10 a 15 años tendrán un tipo de interés del 0,05%. No obstante, Hacienda reconoce la posibilidad de que este real decreto ley sea tumbado en el Congreso al igual que ocurrió con el decreto de alquileres el pasado enero. El Ejecutivo estudia ofrecer a los grupos tramitar el decreto como proyecto de ley para que acepten convalidarlo y modificarlo después, pero la rebelión no parece de momento tener visos de reconducirse.

La primera edil barcelonesa ha intervenido esta mañana en Catalunya Ràdio, donde ha informado de que el remanente de tesorería de Barcelona es de 165 millones de euros, mientras que si se cuenta con los ahorros de las empresas municipales la suma llega a 230 millones de euros. “Con la crisis, los ingresos nos han caído en picado. Calculamos que ha habido una reducción de cerca de 300 millones de euros. Necesitamos más financiación, pero nos enfrentamos a la incomprensión de este Estado centralista”, ha denunciado Colau. “No puede ser que las comunidades y los Estados se puedan endeudar y nosotros no podamos”, ha criticado.

Para la alcaldesa de Barcelona, el Ministerio de Hacienda se “ha equivocado” y “en la FEMP muchos alcaldes socialistas que han apoyado esta medida solo lo han hecho por disciplina de partido”. Colau asegura que en el Congreso de los Diputados se renegociará la normativa. “En Barcelona, sin mala fe, gastaremos más de lo que ingresaremos, lo tengo clarísimo. Barcelona hará déficit sí o sí. El Congreso tendrá que modificar el decreto. La ministra de Hacienda ha tenido una actitud antimunicipalista”.

Barcelona en Comú forma coalición de gobierno con el PSC en el Consistorio de Barcelona. La primera edil de la capital catalana ha asegurado que el líder de los socialistas barceloneses, Jaume Collboni, está de acuerdo con no entregar los ahorros a Hacienda: “En el último pleno extraordinario, todos los partidos (incluido el PSC) por unanimidad pidieron que se permita al Consistorio poder usar el superávit generado en 2019 y sus remanentes de tesorería”.

Horas después de que Colau hiciera estas declaraciones, sus socios de gobierno han querido desmarcarse de la posición de la alcaldesa. La tercera teniente de alcalde, Laia Bonet —que este martes con el líder del PSC, Jaume Collboni, de vacaciones se convirtió en la portavoz de la postura de los socialistas— publicó varios tuits en los que destacaba que el objetivo del Consistorio es “la reactivación económica” y marcaba cierto distanciamiento con la posición de la líder de BComú. “Sobre el uso de remanentes y superávit municipal, el gobierno municipal tomará una decisión en septiembre, cuando se reúna la comisión de gobierno”, reivindicaba la tercera teniente de alcalde. Bonet admitía que el acuerdo entre la FEMP y Hacienda “tiene margen de mejora y todavía está pendiente de tramitación” y cargaba contra la ley Montoro aprobada por PP y CiU. Bonet concluyó: “La entrega de remanentes, tal y como recoge el acuerdo, es una cuestión de participación voluntaria por parte de los Ayuntamientos. Es este sentido, Barcelona tomará la mejor decisión en defensa de los intereses de la ciudad”.

La Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han impulsado una moción de rechazo al acuerdo del Gobierno sobre los remanentes y los superávits municipales. En un comunicado, instan a todos los alcaldes de Catalunya a aprobar la moción, a través de un decreto de alcaldía, y a que lo ratifiquen en los posteriores plenos con el objetivo de que todos los municipios puedan utilizar sus ahorros y remanentes, con una modificación legal de la ley de estabilidad presupuestaria y la ley de racionalidad y sostenibilidad loval, y destinarlos a la reactivación económica y social tras la crisis del coronavirus. En la moción también instan a la Generalitat a crear un fondo de cooperación extraordinario para los entes locales, dotado con un mínimo de 150 millones de euros este año y el siguiente, y apelan al Govern a cuantificar, junto con las entidades municipalistas, los gastos que han tenido que afrontar las administraciones locales por servicios “impropios” derivados de la pandemia.

No solo Barcelona, si no que todos los Ayuntamientos gobernados por los comunes no cederán los remanentes, tal y como ha informado Catalunya en Comú, al considerar que la propuesta del Ministerio de Hacienda “vulnera la autonomía municipal y pone trabas a los gobiernos locales para gestionar sus recursos”.

La alcaldesa de Barcelona no es la única primera edil de Cataluña contraria a la entrega de los remanentes de tesorería. El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), también se ha manifestado en contra de este mecanismo. “Nosotros, en Lleida no tenemos superávits. De hecho, tenemos un déficit de 175 millones de euros como consecuencia de la gestión de los gobiernos anteriores (en referencia al PSC). Pero en nuestra ciudad también ha habido covid y tendremos gastos. Es injustificable y muy injusto que al no tener remanentes recibamos cero euros del Estado”.

El alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), también se ha manifestado en contra del mecanismo de entrega de los ahorros municipales. “Los números no salen y yo en Reus debo poder disponer libremente de mi tesorería”.

Pero, sin duda, el alcalde más crítico ha sido el de Badalona, Xavier García Albiol (PP). “Esto no es una cuestión de partidos. El Gobierno de España ha decidido tomar una medida inaceptable desde el punto de vista de la gestión municipal”, ha denunciado. El popular ha defendido que la ley Montoro no nació con la lógica que impide ahora gestionar los superávits a las entidades municipales. “Las leyes no son eternas. La ley Montoro no es la Biblia y ahora es una injusticia para los Ayuntamientos. Yo, como alcalde de Badalona, no daré los ahorros de mi ciudad. Este dinero es para dar ayudas en mi municipio y no para que se los quede Pedro Sánchez”.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido, vía Twitter, en que la medida promovida por el Gobierno es injusta y ha apoyado “el cierre de las arcas municipales”. “¿Qué es lo que no entiende el Estado español de que los remanentes y el superávit son de los vecinos de los Ayuntamientos? Llevamos meses insistiendo, meses perdidos para salvar puestos de trabajo y dar oportunidades a la gente”, ha tuiteado el president. El blindaje de esos recursos para los municipios fue una de las principales exigencias del independentismo durante el estado de alarma.

Los Ayuntamientos del PP en toda España anunciaron también que no entregarán sus ahorros a Hacienda. El principal partido de la oposición anticipó este lunes que todos sus concejales se movilizarán en lo que resta de agosto y septiembre para rechazar el acuerdo.