Fiscal y defensas chocan en la interpretación de la función de la Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament nunca debió tramitar iniciativas de la Cámara catalana como la Ley del Referéndum o la Ley de Transitoriedad Jurídica, de setiembre de 2017, porque eran “palmariamente” inconstitucionales, según el punto de vista del fiscal y del resto de las acusaciones. La Mesa estaba amparada para hacerlo porque estaban protegidos por la inviolabilidad parlamentaria y no hacerlo hubiera sido un “veto”, según las defensas de los cinco acusados -cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament y una exdiputada de la CUP- de un delito de desobediencia. El juicio, celebrado esta semana en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ha quedado este viernes visto para sentencia.

Ni las acusaciones ni las defensas se han movido un ápice de las posiciones iniciales y el fiscal ha solicitado 20 meses de inhabilitación por un delito grave de desobediencia frente a la absolución instada por los tres abogados defensores de los exmiembros de la Mesa -LLuís Maria Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó- y la exdiputada de la CUP, Mireia Boya.

“Esto no es un juicio político y todas las ideas son legítimas mientras no choquen frontalmente con el Código Penal”, ha afirmado de forma introductoria el fiscal Pedro Ariche en el inicio de su informe final, en el que también ha negado que exista una “causa general contra el independentismo” que, en su opinión, es “una expresión periodística desafortunada”.

Para el fiscal, el juicio ha reafirmado la tesis de la acusación-compartida por la abogacía del Estado y la acusación particular de Vox- de que la Mesa debió inadmitir las iniciativas parlamentarias porque eran “palmariamente” inconstitucionales y desoyó interlocutorias previas del Tribunal Constitucional “dejando de lado hasta los dictámenes de los letrados de la Cámara que les advirtieron”. Sostiene la acusación, también, que la Mesa no debe limitarse a admitir o no a trámite las propuestas de resolución del Parlament o las leyes ateniéndose solo a si se cumple el reglamento de la Cámara o no “debería haber entrado en el fondo, ya que conocía las resoluciones del Constitucional y al no hacerlo cometió un delito de desobediencia”.

Un argumento que fue rebatido por la defensa echando mano de dos razonamientos y de una reflexión entrando más en el terreno político, algo que el fiscal ha evitado desde el inicio de la vista. El primero de ellos, que todos los actos de la Mesa tienen el amparo de la inviolabilidad parlamentaria: “Actuaron amparados porque defendían los derechos de la libertad ideológica y los derechos fundamentales de todos los parlamentarios”, ha subrayado la letrada Judit Gené, defensora de Corominas, Guinó y Barrufet. “El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. No nos hemos jactado de desobedecer al Constitucional, ni aquí ni en ningún sitio. Lo que se sostiene es que acatar al Constitucional, que además había cambiado abiertamente de criterio desde 2015, suponía conculcar los derechos de los parlamentarios y de la cámara al libre debate político”, ha añadido.

El segundo argumento de esa defensa era que los mismos letrados del Parlament que al final de 2017 advirtieron a la Mesa que contravenía al Constitucional, en informes anteriores a la recta final del procés sostenían que “impedir que se haga un Debate de Política General es pretender vetar un debate general político y eso sería un ataque frontal a la libertad de expresión”. Esa letrada se preguntaba por qué se ha perseguido penalmente por desobediencia la tramitación de la Mesa de las leyes que suponían la independencia y no se ha hecho lo mismo con todos los que la votaron en el Parlament: “Resulta que se persigue permitir votar y no se persigue el voto porque eso sí se considera un acto dentro de la inviolabilidad parlamentaria. Es diabólico”.

Unas contradicciones que también fueron destacadas por Ramón Tomás, letrado de Simó: “Los pronunciamientos políticos independentistas del Parlament empezaron en la legislatura anterior, especialmente desde 2012, y ninguno de ellos derivó en procedimientos penales”. Y ha recordado otras situaciones en la Mesa del Congreso de los Diputados: “En tiempos menos convulsos, el PP impugnó el Estatut de 2006 en la Mesa del Congreso porque en el articulado se hacía referencia a una eventual reforma constitucional y la Mesa rechazó la impugnación porque supondría eliminar la iniciativa parlamentaria”.

Mientras las defensas de los exmiembros de la Mesa han argumentado razonamientos más bien jurídicos, la de Mireia Boya, ejercida por Carlos López, se ha adentrado en la coyuntura política. “Es curioso que el fiscal arranque su alegato diciendo que no es un juicio político, que no se juzga al independentismo y que no es una causa general. Nosotros creemos que es todo lo contrario y precisamente por eso estamos aquí”. López ha sacado a colación toda la batería de acusaciones de una conspiración del Estado contra el independentismo: “Todo es una ofensiva política contra que culminó en el 155 de la Constitución”.